¿Cuándo es obligatorio constituir una sociedad profesional?

Cuando una sociedad va a ejercer como tal una profesión para la que se exige un título universitario y estar inscrito en un colegio profesional, como la abogacía, la medicina o la arquitectura. Lo decisivo es que los servicios se presten bajo el nombre de la sociedad y que sea ella quien contrate con el cliente. No es obligatoria si cada profesional ejerce por su cuenta y la sociedad solo sirve para compartir gastos, repartir ganancias o hacer de intermediaria. Si los estatutos mencionan actividades profesionales sin aclararlo, el Registro Mercantil la tratará como sociedad profesional.

José Manuel Alburquerque

Alburquerque Abogados

Cuándo es obligatoria

La ley de sociedades profesionales de 2007 obliga a constituirse como sociedad profesional a las sociedades que tienen por objeto el ejercicio en común de una actividad profesional. Tienen que darse dos condiciones:

  • Que se trate de una profesión para la que se exige un título universitario oficial y la inscripción en el colegio profesional correspondiente.
  • Que los actos propios de esa profesión se hagan directamente bajo la denominación de la sociedad y que sea la sociedad la titular de la relación con el cliente, con sus derechos y sus obligaciones.

La sociedad profesional no es un tipo distinto de sociedad. Puede adoptar cualquier forma, como la sociedad limitada, la anónima o la sociedad civil, a la que se añaden reglas propias. En su denominación debe figurar la palabra “profesional” o, abreviada, la letra “p” después de las siglas de su forma social, como en “S.L.P.”.

Cuándo no lo es

Un profesional puede ejercer por su cuenta sin crear ninguna sociedad. Tampoco están obligadas las sociedades que la propia ley deja fuera, que son estas:

  • Las sociedades de medios, que sirven para compartir instalaciones y repartir sus costes mientras cada profesional ejerce por su cuenta.
  • Las sociedades de comunicación de ganancias, en las que los profesionales ponen en común los resultados de su actividad individual.
  • Las sociedades de intermediación, que hacen de enlace entre el cliente y el profesional que presta personalmente el servicio.

Para evitar dudas, el criterio de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que revisa las decisiones de los registradores mercantiles, es que los estatutos lo digan expresamente. Si el objeto social incluye actividades propias de una profesión titulada y colegiada, como los servicios de abogacía o de arquitectura, sin declarar que la sociedad es de medios, de comunicación de ganancias o de intermediación, se entiende que es una sociedad profesional sometida a la ley.

Lo que exige

Una sociedad profesional tiene que cumplir requisitos que una sociedad corriente no tiene:

  • Su objeto solo puede ser el ejercicio de la profesión, o de varias que la ley no declare incompatibles.
  • La mayoría del capital y de los votos tiene que pertenecer a socios profesionales, que son los que ejercen la profesión en la sociedad.
  • Si hay un administrador único, tiene que ser un socio profesional. Si hay varios, deben serlo al menos la mitad más uno.
  • Se inscribe en el Registro Mercantil y en el registro de sociedades profesionales del colegio, que puede sancionarla.
  • Tiene que contratar un seguro que cubra su responsabilidad.

De las deudas que nacen de los actos profesionales responden solidariamente, es decir, cada uno por el total, la sociedad y los profesionales que hayan actuado, sean socios o no. Si la mayoría de socios profesionales se pierde y no se recupera en seis meses, la sociedad tiene que disolverse.

Ejercer en grupo sin constituirla no evita esa responsabilidad. La ley aplica la misma regla a los profesionales que actúan bajo una denominación común y, si no tienen forma de sociedad, todos responden solidariamente de las deudas de su actividad profesional.

Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.