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Cuatro miembros de una misma familia compraron una vivienda para el abuelo y la financiaron íntegramente con un préstamo hipotecario del que eran deudores tres de ellos. Solo uno de los tres, el sobrino, contrató un seguro de vida vinculado al préstamo, por una suma muy superior a la parte de la deuda que le correspondía. Cuando falleció, el seguro amortizó el setenta por ciento del préstamo, y su madre y heredera pretendió que esa amortización se imputara solo a la cuota de su hijo y que los demás le compensaran el exceso. La Audiencia Provincial de Barcelona ha dado la razón a los clientes de este despacho de abogados de Barcelona y ha resuelto que la amortización beneficia a todos los deudores. Se suma a otras sentencias de la Audiencia de Barcelona en esa línea, en una cuestión en la que las audiencias provinciales no han seguido un criterio uniforme.
Obtener una sentencia favorable y hacerla efectiva son planos distintos; entre uno y otro suelen mediar varios años. Este asunto ilustra cómo se acortó esa distancia. En diciembre de 2025 se dictó sentencia condenando a un grupo industrial europeo al pago de casi siete millones de euros a favor de nuestro cliente. La demandada interpuso recurso de apelación. No obstante, se logró la ejecución provisional de la condena, pese a la oposición de la ejecutada, que sostuvo, con apoyo en argumentos técnicamente consistentes y en jurisprudencia de la Sala Primera, que lo que se pretendía ejecutar era una condena a emitir una declaración de voluntad, supuesto excluido de la ejecución provisional por la Ley de Enjuiciamiento Civil. En septiembre de 2026, con el recurso de apelación aún pendiente de resolución, la ejecutada consignó judicialmente más de nueve millones de euros.
Una sociedad propietaria de una vivienda quiso discutir por segunda vez, nueve años después, si la prohibición estatutaria de uso turístico de su edificio le era aplicable. Lo intentó con un envoltorio nuevo, impugnando lo que se había dicho en una junta posterior y apoyándose en una sentencia administrativa que había obtenido entre medias. El juzgado apreció la excepción de cosa juzgada que planteó este despacho de abogados de Barcelona en defensa de la comunidad de propietarios, acordó el sobreseimiento del procedimiento en la propia audiencia previa e impuso las costas a la demandante. El pleito terminó sin juicio.
Crónica de un albaceazgo de realización de herencia: legar lo que no se tiene
Hay testamentos que se cumplen firmando una escritura de aceptación de herencia y repartiendo lo que hay. Y hay otros que, para poder cumplirse, exigen antes desmontar la estructura societaria del causante y sacar de dentro de ella los bienes que él había legado a terceros sin ser su dueño. Este es el segundo caso. El despacho actuó como albacea universal de realización de herencia y completó el encargo en poco más de once meses, muy por debajo del plazo que el testador había fijado. Pero el trabajo que hizo posible ese resultado no empezó con la muerte del causante, sino años antes, el día en que se le ayudó a redactar su testamento.
El tribunal de instancia declaró la nulidad del contrato en que se fundaba nuestra demanda y condenó en costas a nuestro cliente. La Audiencia Provincial revocó dicha resolución, declaró la validez del contrato y fijó la renta interesada, pero limitó sus efectos al momento de su propia sentencia, tres años después de la fecha pactada. El Tribunal Supremo, en sentencia de diciembre de 2025, casó la resolución de apelación, estimó íntegramente la demanda y precisó, con alcance general para las cláusulas de revisión de renta, que la sentencia que declara la existencia de un acuerdo no lo constituye, se limita a reconocerlo, y que por ello el acuerdo despliega sus efectos desde la fecha fijada por las partes.
La Audiencia Provincial de Barcelona estimó el recurso de apelación interpuesto por este despacho y constituyó la adopción de una persona mayor de edad por quien había sido su padre desde que tenía menos de un año. El Tribunal de Instancia la había denegado por entender que no se cumplía el requisito legal de convivencia ininterrumpida.