Patricia López

Patricia López

Abogada

Patricia López Alba se graduó en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y completó posteriormente su formación con un Máster en Derecho de Empresa. Inició su trayectoria profesional en 2013 en el ámbito de la litigación civil, desarrollando durante seis años su actividad en despachos especializados en este ámbito.

En el año 2019 se incorporó a Alburquerque Abogados y es socia del despacho desde el año 2022. Su práctica profesional se concentra en el Derecho civil y mercantil, con especial dedicación al Derecho civil patrimonial. Asesora en materia contractual e inmobiliaria, arrendamientos urbanos y propiedad horizontal, así como en Derecho de seguros, sucesiones e insolvencia y concursal. Cuenta asimismo con una amplia experiencia en litigación, interviniendo en procedimientos judiciales en defensa de los intereses de particulares y empresas.

Áreas de práctica

Publicaciones

Arrendamientos urbanos

El nuevo régimen catalán del alquiler temporal y por habitaciones: fraude de ley, contención de rentas y límites competenciales

Las Leyes catalanas 11/2025 y 11/2026 reconfiguran el arrendamiento de temporada y por habitaciones, conectándolos con la contención de rentas y la noción de “vivienda permanente”. Este trabajo analiza los nuevos arts. 66 bis y 66 ter —de la primera— y 66 quater y 66 quinquies —de la segunda— de la Ley 18/2007, su interacción con la LAU y el Código Civil y los problemas competenciales que plantean, en torno a la causa de temporalidad, la carga de la prueba, la concatenación de contratos y los efectos civiles de una eventual inconstitucionalidad.
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Insolvencia y concursal

No todos los acreedores pueden agruparse como convenga: la formación de clases en los planes de reestructuración

La formación de clases de acreedores en un plan de reestructuración no es una cuestión formal ni un ejercicio de ingeniería al servicio del deudor. Es una decisión central que determina cómo se reparte el poder de voto entre los distintos grupos de acreedores, qué mayorías son necesarias para aprobar el plan y, en última instancia, si el plan podrá ser homologado judicialmente y resistir impugnaciones. El texto refundido de la Ley Concursal, tras la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023, ha incorporado una regulación detallada de la formación de clases, basada en la existencia de un interés común dentro de cada clase y en criterios objetivos de rango y naturaleza del crédito. Entender esta lógica es esencial para diseñar planes viables y para evitar que una clasificación incorrecta comprometa su homologación.
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Insolvencia y concursal

La nueva armonización europea de la insolvencia: hacia dónde se dirige el Derecho concursal

La insolvencia ha dejado de ser un fenómeno estrictamente nacional. Desde el Reglamento (UE) 2015/848 sobre procedimientos de insolvencia, que armoniza competencia judicial, reconocimiento y ley aplicable, hasta la Directiva (UE) 2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, la Unión Europea ha ido construyendo un “derecho de la crisis” común. La nueva directiva aprobada en 2026, orientada a armonizar determinados aspectos sustantivos de los procedimientos de insolvencia, no parte de cero: se apoya en este entramado previo y lo extiende a materias como acciones rescisorias, localización de activos, pre-pack, deberes de administradores o intervención de acreedores. Más que un comentario artículo por artículo, interesa entender qué pretende aproximar Europa, qué materias pueden verse afectadas en los próximos años y por qué estas cuestiones forman parte de una tendencia hacia sistemas concursales europeos cada vez más conectados.
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Responsabilidad civil

Consentimiento informado y pérdida de oportunidad: el nuevo criterio indemnizatorio de la STS 374/2026

La Sentencia del Tribunal Supremo 374/2026, de 10 de marzo, introduce una precisión relevante en la responsabilidad civil médica cuando existe vulneración del consentimiento informado sin mala praxis técnica. En un caso de parto vaginal tras cesárea previa, las instancias habían indemnizado la falta de información como un daño moral autónomo, con cuantías en torno a 10.000 a 15.000 euros, desvinculado del grave daño corporal sufrido por la hija. El Tribunal Supremo corrige este planteamiento y aplica la doctrina de la pérdida de oportunidad, desplazando el foco hacia lo que la paciente habría podido decidir de haber recibido una información completa. La cuantificación pasa a depender de la gravedad del riesgo no informado, de las alternativas terapéuticas, del carácter necesario o voluntario de la medicina y de la probabilidad de que el paciente hubiera rechazado la actuación.
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Propiedad horizontal

Ascensores, accesibilidad y reparto de gastos: la nueva jurisprudencia del Supremo y su contraste con el CCCat

La instalación de ascensores y las obras de accesibilidad han sido tradicionalmente uno de los focos de conflicto en la propiedad horizontal, tanto por la necesidad de eliminar barreras arquitectónicas como por el reparto de los gastos y las posibles exenciones. La STS 277/2026, de 23 de febrero, ha precisado, bajo la Ley de Propiedad Horizontal estatal, que los acuerdos directamente vinculados a la instalación del ascensor, incluido el reparto de gastos y las exenciones, siguen la misma mayoría exigida para el acuerdo principal, aunque impliquen modificar el título constitutivo o los estatutos. El interés para el derecho catalán reside en analizar si el régimen del Código Civil de Cataluña conduce a una solución equivalente o si exige un tratamiento distinto, a la luz de los arts. 553‑25 y 553‑26 CCCat y de la regulación específica de accesibilidad.
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Derecho de seguros

La fecha del siniestro en los seguros de vida e invalidez: enfermedad, incapacidad y declaración del INSS tras la STS 283/2026

La Sentencia del Tribunal Supremo 283/2026, de 23 de febrero, vuelve sobre una cuestión clave en los seguros de vida con cobertura de invalidez: cuándo debe situarse la fecha del siniestro cuando la enfermedad se manifiesta y se trata durante la vigencia de la póliza, pero la declaración administrativa de incapacidad permanente se produce después de extinguirse el contrato. La Sala considera decisivo que, conforme a la póliza y a las circunstancias médicas, la patología irreversible determinante de la invalidez se hubiera manifestado durante la cobertura, de modo que la posterior resolución del INSS no resulta necesariamente determinante. El criterio tiene un alto potencial litigioso en relación con la vigencia temporal del seguro, el impago de primas, las enfermedades preexistentes, la tensión entre realidad médica y declaración administrativa y los seguros de vida vinculados a préstamos hipotecarios.
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Responsabilidad civil

El dies a quo en la responsabilidad médica: diagnóstico incierto, estabilización de secuelas y prescripción tras la STS 182/2026

La Sentencia del Tribunal Supremo 182/2026, de 10 de febrero, refuerza la doctrina sobre el inicio del cómputo de la prescripción en reclamaciones por negligencia médica cuando el diagnóstico y el alcance de las secuelas son inciertos durante años. En un caso de lesiones neurológicas en una menor, los informes médicos hablaban de diagnóstico “posible”, “probable” o de “sospecha”, y la confirmación definitiva llegó después. El Tribunal insiste en el principio actio nondum nata non praescribitur: la prescripción no comienza hasta que el perjudicado dispone de elementos suficientes para conocer realmente la entidad y el alcance del daño. Además, subraya que quien invoca la prescripción debe acreditar claramente el dies a quo y que las dudas no deben resolverse en perjuicio del perjudicado, lo que adquiere especial relevancia en lesiones neurológicas infantiles, daños evolutivos, secuelas que tardan en estabilizarse y reconocimientos administrativos posteriores de discapacidad.
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Propiedad horizontal

Propiedad horizontal y movilidad eléctrica: hasta dónde puede llegar una comunidad frente a un punto de recarga privado

La expansión de la movilidad eléctrica ha trasladado al régimen de propiedad horizontal el conflicto entre el derecho individual a instalar puntos de recarga y la protección de los elementos comunes. El Tribunal Supremo, en una sentencia de diciembre de 2025, ha interpretado la Ley de Propiedad Horizontal estatal en el sentido de que la instalación de un cargador en una plaza individual solo requiere comunicación previa a la comunidad, incluso cuando el cable atraviesa elementos comunes, salvo que exista una afectación innecesaria, desproporcionada o perjudicial. En Cataluña, donde rige el Libro quinto del Código Civil de Cataluña, esta solución no puede trasladarse mecánicamente. El interés jurídico reside en comparar el modelo estatal con los arts. 553 y siguientes del CCCat y determinar el alcance del derecho individual a instalar infraestructuras de recarga en el marco de la propiedad horizontal catalana.
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Asunto relevante

Dividir no es repartir la indivisión: una sentencia sobre los límites de la propiedad horizontal como forma de división de la cosa común

Nadie está obligado a permanecer en una comunidad. Ese es el punto de partida del artículo 552-10 del Código Civil de Cataluña y la razón de ser de la acción de división. De ahí se sigue algo que parece obvio pero que en la práctica se discute a menudo, una división que deja a los copropietarios compartiendo de nuevo los bienes resultantes no cumple la finalidad de la acción. La sentencia obtenida por este despacho de abogados de Barcelona lo confirma y declara la finca física y jurídicamente indivisible frente a la oposición del copropietario mayoritario, que pretendía justamente eso.
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