El derecho de seguros exige comprender a la vez el contrato, el riesgo asegurado y los hechos que dieron origen al siniestro. La interpretación de la póliza, el alcance de las coberturas y las exclusiones, la relación causal, la valoración del daño y la posición del asegurado y la del perjudicado, así como la eventual existencia de otros responsables o aseguradoras, pueden determinar por completo la estrategia del asunto.
Asesoramos y defendemos a entidades aseguradoras, empresas y particulares en controversias derivadas del contrato de seguro y de las responsabilidades vinculadas al siniestro. Intervenimos en reclamaciones por denegación de cobertura o por discrepancias sobre la indemnización, en acciones de recobro y subrogación, en la defensa frente a reclamaciones de compañías de seguros y en acciones directas contra las aseguradoras de responsabilidad civil.
Más de treinta años de experiencia desde las distintas posiciones del conflicto nos permiten analizar cada controversia con una comprensión especialmente completa de los intereses y argumentos previsibles de todas las partes.
El punto de partida de cualquier controversia en materia de seguros es determinar con precisión qué riesgo se aseguró y cuál es el alcance real de la cobertura. La póliza no puede analizarse mediante la lectura aislada de una cláusula. Es necesario estudiar conjuntamente las condiciones generales y particulares, las garantías contratadas, los límites cuantitativos y temporales, las franquicias, las exclusiones y las circunstancias en las que se produjo el siniestro.
La Ley de Contrato de Seguro exige que la póliza describa el riesgo y las coberturas y que las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado reciban un tratamiento específico. Distinguir correctamente entre delimitación del riesgo, exclusiones y limitaciones de cobertura puede ser determinante para resolver una controversia. Por ello, antes de adoptar una posición, analizamos la póliza en su conjunto y la relacionamos con la realidad concreta del siniestro. No basta con determinar qué dice el contrato; es necesario establecer cómo debe aplicarse a los hechos y qué consecuencias jurídicas produce para cada una de las partes.
Desde el año 1992 hemos asesorado y defendido a entidades aseguradoras ante reclamaciones formuladas por asegurados, perjudicados y terceros, tanto en fase extrajudicial como ante los tribunales.
La defensa exige determinar, en primer lugar, si el hecho comunicado es un siniestro cubierto y, en su caso, cuál es el alcance de la obligación de la aseguradora. Analizamos la póliza, la vigencia y la extensión de las garantías, las exclusiones invocables, los límites de cobertura, la responsabilidad atribuida al asegurado, la relación causal y la realidad y cuantificación de los daños reclamados.
Si existen posibilidades razonables de alcanzar una solución negociada, valoramos su conveniencia desde una perspectiva jurídica y económica. Cuando el conflicto exige acudir a los tribunales, preparamos desde el inicio la prueba y la estrategia necesarias para defender la posición de la aseguradora.
Tras indemnizar un siniestro, la aseguradora puede estar legitimada para reclamar al tercero responsable las cantidades pagadas. La subrogación le permite, dentro de los límites legales, ejercitar frente al responsable los derechos y acciones que correspondían al asegurado.
La aseguradora suele tramitar numerosos recobros, lo que exige un sistema de gestión jurídica en masa en el que la escala no diluya la calidad. Desde el departamento de gestión y procesos en masa de nuestra oficina de Barcelona, integramos conocimiento jurídico, organización y tecnología aplicada al derecho para gestionar de forma eficiente grandes volúmenes de reclamaciones y procedimientos judiciales, manteniendo en cada expediente la trazabilidad, el rigor y el control. La tecnología nos permite optimizar procesos y gestionar volumen; el conocimiento jurídico y la supervisión profesional garantizan que cada actuación responda a criterios homogéneos y a una estrategia previamente definida.
El resultado es un servicio escalable y ágil, sometido a elevados estándares de responsabilidad, supervisión y calidad jurídica.
También defendemos a empresas y particulares cuando es su propia aseguradora la que rechaza, total o parcialmente, la cobertura de un siniestro o discrepa del importe de la indemnización. La negativa puede fundamentarse en razones muy diferentes, como las relativas a la interpretación del riesgo asegurado, la aplicación de una exclusión, los límites de la póliza, la declaración del riesgo, el origen del daño o la cuantificación de sus consecuencias.
En estos asuntos revisamos la póliza y toda la documentación contractual, reconstruimos las circunstancias del siniestro y analizamos el fundamento concreto que invoca la compañía para denegar la prestación. Si la controversia tiene una dimensión técnica o económica, coordinamos la prueba pericial necesaria para determinar la causa y la extensión del daño.
Nuestro objetivo es comprobar si la negativa o la limitación de la cobertura tiene verdadero fundamento en el contrato y en la normativa aplicable. Cuando no es así, reclamamos el cumplimiento íntegro de la prestación asegurada y las consecuencias que jurídicamente correspondan. La reclamación se plantea primero a partir de una valoración completa de la documentación y de las posibilidades de solución extrajudicial. Si la aseguradora mantiene una posición que consideramos jurídicamente injustificada, asumimos la defensa del asegurado ante los tribunales.
En los seguros de responsabilidad civil, la relación entre perjudicado, asegurado y aseguradora introduce una dimensión adicional. La Ley de Contrato de Seguro reconoce al perjudicado una acción directa contra el asegurador y establece un régimen específico sobre las excepciones que este puede oponerle. Esa autonomía de la acción directa exige distinguir con cuidado las cuestiones relativas a la responsabilidad del asegurado de las que pertenecen propiamente a la relación aseguradora.
Ejercitamos acciones directas contra aseguradoras en nombre de quien ha sufrido el daño y, desde la posición contraria, defendemos a entidades aseguradoras frente a las pretensiones de los perjudicados. Estos procedimientos suelen exigir un análisis muy preciso de la causalidad, la prueba técnica y pericial, la cuantificación del daño, la identificación de todos los responsables y la eventual concurrencia de varios seguros. La estrategia debe contemplar esos aspectos de forma conjunta desde antes de iniciar el procedimiento.
Nuestra experiencia en litigación nos permite preparar estos asuntos desde su fase inicial con una visión procesal de la prueba, las excepciones, la cuantificación del daño y la posición de cada interviniente, tanto en la negociación como ante los tribunales. Haber actuado desde posiciones diferentes constituye aquí una ventaja especialmente relevante. Como hemos defendido a aseguradoras, asegurados, empresas reclamadas y perjudicados, sabemos cómo construye cada parte sus argumentos y podemos anticipar las cuestiones que probablemente se convertirán en el centro del conflicto.
Una cartera de cientos de procedimientos puede presentar una estructura común sin que todos los asuntos sean jurídicamente idénticos. La gestión en masa exige establecer reglas homogéneas y, al mismo tiempo, disponer de sistemas capaces de detectar las circunstancias que obligan a apartarse de ellas y someter el expediente a un análisis individual.
La entrada en aplicación general del Reglamento europeo de Inteligencia Artificial el 2 de agosto de 2026 marca un punto de inflexión en el uso de sistemas algorítmicos en la contratación y tarificación de seguros, especialmente en vida y salud. Estos sistemas se consideran de alto riesgo y quedan sometidos a requisitos estrictos de gobernanza, calidad de datos, transparencia, supervisión humana y ciberseguridad, aunque parte de las obligaciones para los sistemas del anexo III se ha aplazado hasta el 2 de diciembre de 2027. El marco se articula además con el RGPD y la Ley Orgánica de protección de datos, y con criterios de EIOPA sobre ética y fiabilidad de la IA, lo que plantea cuestiones muy actuales sobre segmentación del asegurado, explicabilidad de decisiones automatizadas, discriminación algorítmica, rechazo de cobertura y responsabilidad cuando la decisión aseguradora deriva de un algoritmo.
La inteligencia artificial puede mejorar sustancialmente la gestión de grandes volúmenes de documentos y expedientes, pero su utilidad depende de distinguir entre automatizar tareas y delegar decisiones jurídicas. Clasificar información, detectar incidencias o preparar borradores puede aportar eficiencia; valorar la prueba, asumir riesgos o definir una estrategia continúa exigiendo supervisión y criterio profesional.
Que cientos o miles de personas se vean afectadas por un mismo problema no significa necesariamente que exista una única controversia colectiva. Identificar qué cuestiones son comunes y cuáles necesitan un análisis individual resulta esencial para decidir entre una gestión coordinada de reclamaciones, una estrategia colectiva o una combinación de ambas.
Gestionar grandes carteras jurídicas exige poder conocer tanto la situación global de los asuntos como la historia precisa de cada expediente. La tecnología permite automatizar tareas y controlar grandes volúmenes, pero solo una correcta estructuración de la información, unida a la supervisión profesional, garantiza trazabilidad, coherencia y verdadero control jurídico.
La Sentencia del Tribunal Supremo 531/2026, de 9 de abril, califica como cláusula limitativa de los derechos del asegurado una estipulación de carencia de 90 días para la cobertura de infarto de miocardio en un seguro de vida, al considerarla sorpresiva respecto de una cobertura expresamente contratada. Al ser limitativa, la cláusula debe cumplir las exigencias del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro: especial destaque y aceptación específica por escrito. La resolución ofrece una ocasión idónea para revisar la frontera entre cláusulas delimitadoras, limitativas y lesivas, uno de los principales focos de litigación en el ámbito asegurador.
La Sentencia del Tribunal Supremo 283/2026, de 23 de febrero, vuelve sobre una cuestión clave en los seguros de vida con cobertura de invalidez: cuándo debe situarse la fecha del siniestro cuando la enfermedad se manifiesta y se trata durante la vigencia de la póliza, pero la declaración administrativa de incapacidad permanente se produce después de extinguirse el contrato. La Sala considera decisivo que, conforme a la póliza y a las circunstancias médicas, la patología irreversible determinante de la invalidez se hubiera manifestado durante la cobertura, de modo que la posterior resolución del INSS no resulta necesariamente determinante. El criterio tiene un alto potencial litigioso en relación con la vigencia temporal del seguro, el impago de primas, las enfermedades preexistentes, la tensión entre realidad médica y declaración administrativa y los seguros de vida vinculados a préstamos hipotecarios.
La Ley 5/2025 ha reformado de manera profunda el régimen del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor y ha creado, además, un seguro obligatorio específico para los vehículos personales ligeros, con efectos desde el 2 de enero de 2026. La reforma amplía el concepto legal de vehículo a motor, incorpora los cambios derivados de la Directiva (UE) 2021/2118 y refuerza el sistema de protección de los perjudicados, redefiniendo el papel del Consorcio de Compensación de Seguros. Este nuevo marco tiene un impacto directo sobre patinetes, bicicletas eléctricas y otros medios de micromovilidad, planteando cuestiones prácticas sobre qué vehículos deben asegurarse, la responsabilidad del propietario y del conductor, los accidentes con peatones y la concurrencia con seguros de hogar o de responsabilidad civil familiar.
