Anna Montserrat

Anna Montserrat

Abogada

Anna Montserrat Rincón se graduó en Derecho por la Universidad de Barcelona en 2004. Ese mismo año realizó sus prácticas universitarias en las Oficinas Judiciales de Barcelona y, entre 2004 y 2005, cursó el Postgrado en Práctica Jurídica de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. En abril de 2005 se incorporó al Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, donde continúa colegiada y ejerciendo en la actualidad.

Se incorporó a Alburquerque Abogados en abril de 2005 y es socia del despacho desde 2015. Desde junio de 2019 es responsable del departamento procesal. A lo largo de su trayectoria ha mantenido una formación jurídica continuada, participando regularmente en cursos, másters, jornadas y conferencias organizados por distintas instituciones y entidades del sector, con especial atención al Derecho civil, el Derecho concursal y el Derecho societario.

Su práctica profesional se concentra en el Derecho procesal, especialmente en las jurisdicciones civil y mercantil, ámbito al que se dedica desde el inicio de su carrera. Cuenta asimismo con una sólida experiencia en Derecho civil patrimonial, con particular dedicación al ámbito inmobiliario y de la vivienda, incluyendo arrendamientos urbanos, propiedad horizontal, responsabilidad civil y controversias relacionadas con la construcción, así como en materia concursal. Asesora y defiende a empresas inmobiliarias, administradores de fincas, entidades financieras, compañías de distintos sectores y particulares, tanto en la prevención y gestión de controversias como en la defensa de sus intereses ante los tribunales.

Áreas de práctica

Publicaciones

Litigación

MASC y desahucio: criterios jurisprudenciales sobre el contenido, la forma y el plazo

Desde el 3 de abril de 2025, la Ley Orgánica 1/2025 ha introducido, con carácter general, un requisito de procedibilidad consistente en la realización previa de una actividad negociadora o de un medio adecuado de solución de controversias en los procesos declarativos civiles. En materia de arrendamientos urbanos, esta exigencia ha generado problemas prácticos relevantes: identidad entre la reclamación extrajudicial y la demanda, acreditación del intento negociador, relación con el requerimiento que impide la enervación, articulación en las reclamaciones de rentas y en los desahucios por expiración del plazo contractual. En Cataluña, algunos órganos judiciales, como la Sección Civil de la Audiencia Provincial de Girona, han comenzado a perfilar criterios sobre el contenido, la forma y el plazo del MASC exigible en los desahucios, configurando un nuevo mapa de presupuestos procesales de las acciones arrendaticias.
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Asunto relevante

Lo que se calló en el primer pleito ya no se puede alegar en el segundo. Cosa juzgada y preclusión frente a la reapertura de un acuerdo comunitario

Una sociedad propietaria de una vivienda quiso discutir por segunda vez, nueve años después, si la prohibición estatutaria de uso turístico de su edificio le era aplicable. Lo intentó con un envoltorio nuevo, impugnando lo que se había dicho en una junta posterior y apoyándose en una sentencia administrativa que había obtenido entre medias. El juzgado apreció la excepción de cosa juzgada que planteó este despacho de abogados de Barcelona en defensa de la comunidad de propietarios, acordó el sobreseimiento del procedimiento en la propia audiencia previa e impuso las costas a la demandante. El pleito terminó sin juicio.
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Insolvencia y concursal

¿Puede imponerse una reestructuración a quien vota en contra? El arrastre de acreedores y socios

Una de las características más relevantes del nuevo sistema de reestructuración introducido por la Ley 16/2022 y por la Directiva (UE) 2019/1023 es la posibilidad de que, bajo determinadas condiciones, un plan homologado afecte a acreedores que no lo han apoyado e incluso, en ciertos supuestos, a clases enteras de acreedores o a los propios socios. Este arrastre, conocido en la terminología anglosajona como cram-down o cross-class cram-down, no significa que una mayoría pueda imponer libremente cualquier solución. Está condicionado por la correcta formación de clases, por la valoración de la empresa, por el tratamiento de los acreedores disidentes y por la comparación con la alternativa concursal. Entender estos elementos es esencial para comprender cómo se articula el poder de decisión en una reestructuración y qué límites jurídicos tiene la imposición de sacrificios a quienes votan en contra.
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Propiedad horizontal

Viviendas turísticas y comunidades de propietarios en Cataluña: mayoría de cuatro quintos, derechos adquiridos y eficacia de las prohibiciones estatutarias

La prohibición comunitaria del uso turístico de los elementos privativos se ha convertido en uno de los temas centrales de la propiedad horizontal catalana. El régimen del Código Civil de Cataluña, que permite aprobar estas prohibiciones por mayoría de cuatro quintos, se ha consolidado frente al modelo estatal del art. 17.12 LPH. La jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y las resoluciones recientes de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública han perfilado cuestiones clave como la inscripción registral, la irretroactividad de las limitaciones y la protección de los derechos adquiridos de quienes ya ejercían la actividad turística. Este trabajo analiza, con enfoque práctico, la mayoría exigida, la eficacia frente a terceros, la distinción entre propietarios anteriores y posteriores al acuerdo y el papel de la calificación registral.
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Responsabilidad civil

Más allá de los plazos de la LOE: responsabilidad contractual de arquitectos y legitimación de las comunidades tras la STS 860/2026

La Sentencia del Tribunal Supremo 860/2026, de 4 de junio, aborda un supuesto en el que una comunidad de propietarios ejercita conjuntamente acciones de responsabilidad decenal de la Ley de Ordenación de la Edificación y acciones contractuales del artículo 1101 del Código Civil contra arquitecto superior y arquitecto técnico. Las acciones LOE contra los técnicos estaban prescritas, pero el Tribunal Supremo confirma que ello no elimina necesariamente la vía contractual y reconoce la legitimación de la comunidad para ejercitar las acciones que originariamente correspondían a la cooperativa promotora. La resolución relativiza el obstáculo del artículo 1257 CC frente a adquirentes sucesivos y comunidades de propietarios y permite aclarar la diferencia entre plazos de garantía de la LOE, prescripción del artículo 18 LOE y prescripción de la acción contractual.
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Fiscal

Venta de la antigua vivienda tras una separación: cuándo se mantiene la exención por reinversión en el IRPF

La transmisión de la vivienda familiar tras una separación, divorcio o nulidad plantea un problema recurrente en el IRPF: ¿puede el cónyuge que tuvo que abandonar el domicilio seguir beneficiándose de la exención por reinversión en vivienda habitual prevista en el artículo 38 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuando vende su parte y adquiere una nueva vivienda? La Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2026, Sección Segunda, recurso de casación 6833/2024, confirma y consolida la doctrina iniciada por la STS 553/2023, de 5 de mayo, y responde afirmativamente: el cónyuge que abandona la vivienda por imperativo de una resolución judicial puede cumplir el requisito de ocupación exigido para la exención cuando el otro cónyuge y los hijos comunes han seguido residiendo en ella. La clave está en la interpretación sistemática del concepto de vivienda habitual del artículo 41 bis del Reglamento del IRPF, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y en la consideración de la vivienda familiar como unidad de referencia.
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Herencias y sucesiones

Herencias internacionales en 2026: residencia habitual, professio iuris y prueba del Derecho extranjero

Las sucesiones internacionales se han convertido en un terreno de alta complejidad técnica en 2026. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia Isergartler, C‑618/24, de 26 de marzo de 2026, ha vuelto a interpretar de forma amplia el concepto de sucesión del Reglamento (UE) 650/2012, reforzando su vocación de regulación integral. Paralelamente, una Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 27 de abril de 2026 ha abordado una herencia transfronteriza y ha insistido en la correcta determinación de la residencia habitual del causante, de la ley sucesoria aplicable y de la prueba del Derecho extranjero, distinguiendo cuidadosamente entre certificado sucesorio europeo y certificados sucesorios nacionales. Para Cataluña, la combinación entre Reglamento europeo, nacionalidad extranjera, residencia en Cataluña y vecindad civil catalana añade un nivel adicional de complejidad.
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Insolvencia y concursal

Vender el negocio antes de destruir su valor: transmisión de unidades productivas en situaciones de insolvencia

La insolvencia de una sociedad no implica necesariamente que su negocio carezca de valor. Una actividad puede ser económicamente viable y, sin embargo, encontrarse atrapada en una estructura financiera que ya no puede sostenerla. El Derecho concursal español ha evolucionado precisamente para permitir que, en estos casos, el negocio se separe de la sociedad insolvente y se transmita como unidad productiva a un tercero, preservando activos, contratos, actividad y, cuando sea posible, puestos de trabajo. La clave está en actuar con suficiente antelación: cuanto más se prolonga el deterioro financiero, más se destruye el valor que podría haberse transmitido.
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Derecho de seguros

Patinetes, bicicletas eléctricas y seguro obligatorio: el nuevo mapa de la responsabilidad civil de la movilidad personal en 2026

La Ley 5/2025 ha reformado de manera profunda el régimen del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor y ha creado, además, un seguro obligatorio específico para los vehículos personales ligeros, con efectos desde el 2 de enero de 2026. La reforma amplía el concepto legal de vehículo a motor, incorpora los cambios derivados de la Directiva (UE) 2021/2118 y refuerza el sistema de protección de los perjudicados, redefiniendo el papel del Consorcio de Compensación de Seguros. Este nuevo marco tiene un impacto directo sobre patinetes, bicicletas eléctricas y otros medios de micromovilidad, planteando cuestiones prácticas sobre qué vehículos deben asegurarse, la responsabilidad del propietario y del conductor, los accidentes con peatones y la concurrencia con seguros de hogar o de responsabilidad civil familiar.
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Procesos y gestión en masa

Los MASC en la gestión de reclamaciones en masa: cómo cumplir el requisito de procedibilidad sin convertirlo en un trámite formal

La exigencia de acudir previamente a un medio adecuado de solución de controversias ha introducido una nueva fase en buena parte de las reclamaciones civiles. Cuando se gestionan centenares o miles de expedientes, el reto consiste en sistematizar esa negociación sin vaciarla de contenido, garantizando la trazabilidad, el control de los plazos y el análisis de las particularidades de cada asunto.
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Asunto relevante

Tres instancias para que una renta revisada despliegue efectos desde la fecha pactada: la sentencia no crea el contrato, lo declara

El tribunal de instancia declaró la nulidad del contrato en que se fundaba nuestra demanda y condenó en costas a nuestro cliente. La Audiencia Provincial revocó dicha resolución, declaró la validez del contrato y fijó la renta interesada, pero limitó sus efectos al momento de su propia sentencia, tres años después de la fecha pactada. El Tribunal Supremo, en sentencia de diciembre de 2025, casó la resolución de apelación y estimó íntegramente la demanda, con una precisión de alcance general para las cláusulas de revisión de renta: la sentencia que declara la existencia de un acuerdo no lo constituye, se limita a reconocerlo, y por ello el acuerdo despliega sus efectos desde la fecha fijada por las partes.
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Herencias y sucesiones

¿Puede una convivencia convertir automáticamente al superviviente en heredero? La sucesión intestada de las parejas estables catalanas ante el Tribunal Constitucional

La cuestión de inconstitucionalidad 8613‑2024, admitida por el Tribunal Constitucional y aún en tramitación, ha colocado en el centro del debate los derechos sucesorios intestados de las parejas de hecho catalanas. El modelo del Código Civil de Cataluña configura automáticamente la pareja estable por convivencia y atribuye al conviviente superviviente la condición de heredero ab intestato en defecto de descendientes, equiparándolo al cónyuge viudo. Este artículo analiza el alcance de esa equiparación, los problemas probatorios y de autonomía personal que suscita, el conflicto entre progenitores y conviviente y los posibles efectos de una eventual declaración de inconstitucionalidad sobre sucesiones ya abiertas, en un contexto de alta litigiosidad potencial.
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Asunto relevante

Adoptio imitatur naturam: la Audiencia de Barcelona admite la adopción de un hijo mayor de edad por quien ejerció de padre desde la primera infancia

La Audiencia Provincial de Barcelona estimó el recurso de apelación interpuesto por este despacho y constituyó la adopción de una persona mayor de edad por quien había sido su padre desde que tenía menos de un año. El Tribunal de Instancia la había denegado por entender que no se cumplía el requisito legal de convivencia ininterrumpida.
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