Derecho de familia

La filiación determina quiénes son legalmente los progenitores de una persona, y de ella dependen los apellidos, la potestad parental, los alimentos y los derechos sucesorios. El Código civil de Cataluña distingue la filiación por naturaleza, que incluye la de los hijos nacidos mediante técnicas de reproducción asistida con el consentimiento de la pareja de la madre, y la filiación por adopción. Toda filiación produce los mismos efectos civiles, sin perjuicio de los propios de la adopción.

Asesoramos en el reconocimiento de un hijo, que puede hacerse ante el encargado del Registro Civil, en testamento o codicilo o en escritura pública, y en los requisitos que lo hacen eficaz. El padre puede reconocer la paternidad desde los catorce años y la madre la maternidad desde que se acredita el parto, tenga la edad que tenga, aunque si quien reconoce es menor no emancipado necesita la aprobación del juez. Si el hijo es mayor de edad o está emancipado, el reconocimiento necesita su consentimiento, y si es menor y no se reconoce en el plazo para inscribir el nacimiento, la aprobación judicial.

Intervenimos también en las acciones judiciales de filiación. La acción de reclamación permite que se declare una paternidad o una maternidad que no consta, y la de impugnación, que se deje sin efecto la que consta legalmente cuando no se corresponde con la realidad biológica, salvo que el progenitor cuya filiación se impugna consintiera la reproducción asistida. En estos procedimientos la prueba biológica suele ser decisiva. Si se reclama una paternidad o una maternidad y el demandado se niega sin justificación a someterse a ella, el juez puede declararla siempre que haya otros indicios. Las acciones de impugnación tienen en general un plazo de dos años, que según quién la ejercite se cuenta desde el nacimiento, desde que se descubren las pruebas o desde la mayoría de edad del hijo, por lo que conviene no dejar pasar el tiempo.

La potestad parental es el conjunto de deberes y facultades de los padres respecto de sus hijos menores. Se ejerce siempre en interés de los hijos y, como regla general, por los dos progenitores conjuntamente. Orientamos sobre su contenido, sobre los actos que cada progenitor puede hacer por sí solo, como los de administración ordinaria o los urgentes, y sobre los que necesitan el acuerdo de ambos.

Cuando los progenitores no se ponen de acuerdo en una decisión importante sobre el hijo, como la elección del centro escolar, un tratamiento médico o un viaje al extranjero, cualquiera de ellos puede acudir al juez para que atribuya a uno de los dos la facultad de decidir. Si los desacuerdos se repiten, el juez puede además repartir entre ellos las funciones de la potestad por un plazo máximo de dos años. Preparamos y defendemos estas solicitudes, y también la mediación a la que la ley permite acudir en estos casos.

Los padres administran los bienes de sus hijos menores, pero los actos de especial trascendencia, como vender o gravar un inmueble del hijo, renunciar a un crédito o repudiar una herencia que le corresponde, requieren autorización judicial. En Cataluña esa autorización puede sustituirse por el consentimiento en escritura pública del propio hijo, si tiene al menos dieciséis años, o de sus dos parientes más próximos. Tramitamos esas autorizaciones y consentimientos para que el acto responda al interés del menor y cuente con las garantías que la ley exige.

Los hijos tienen derecho a relacionarse con sus abuelos, sus hermanos y otras personas próximas, y los padres solo pueden impedirlo si hay una justa causa. Defendemos ese derecho cuando la relación se interrumpe, también desde la posición de los abuelos que quieren mantener el contacto con sus nietos. Intervenimos, además, en los procedimientos de privación de la potestad parental, que el juez puede acordar cuando un progenitor incumple de forma grave o reiterada sus deberes, y en los de su recuperación, cuando ha cesado la causa que motivó la privación.

Acompañamos a las familias en todas las fases de la adopción, desde la declaración de idoneidad y la tramitación administrativa hasta su constitución por el juez, y también en la adopción internacional y en el reconocimiento en España de las adopciones constituidas en el extranjero.

Hemos intervenido con éxito en la adopción de personas mayores de edad, que el Código civil de Cataluña solo admite si el adoptado, mayor de edad o emancipado, ha convivido ininterrumpidamente con el adoptante desde antes de cumplir catorce años, o ha estado en acogimiento preadoptivo al menos los seis meses inmediatamente anteriores a la mayoría de edad o a la emancipación, y en ambos casos ha continuado conviviendo con él sin interrupción. Es la vía para que, cuando ese hijo ya es mayor de edad, quien lo ha criado como propio sea también, legalmente, su padre o su madre. El alcance de ese último requisito no es pacífico. En un asunto dirigido por este despacho, la Audiencia Provincial de Barcelona admitió que basta la convivencia ininterrumpida hasta la mayoría de edad, sin exigir que continúe después.

El acogimiento familiar permite que un menor que no puede vivir con sus padres sea atendido por otra persona o familia, incluidos sus propios parientes. En Cataluña puede ser simple, que es temporal, permanente o preadoptivo, como paso previo a la adopción. Orientamos a las familias acogedoras y a las de origen sobre sus derechos, el régimen de visitas y relación y el paso del acogimiento a la adopción.

La persona adoptada tiene derecho, desde que es mayor de edad o está emancipada, a conocer la identidad de sus progenitores biológicos. La asesoramos en el ejercicio de ese derecho, que no altera la filiación adoptiva.

Cuando a un menor le faltan los elementos básicos para su desarrollo o sufre malos tratos o abusos, y su protección exige separarlo de su familia, la Administración de la Generalitat puede declararlo en situación de desamparo y asumir su tutela, lo que suspende la potestad de los padres. Defendemos a los padres y a la familia extensa que se oponen a esa declaración ante el juzgado, en el plazo de dos meses que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en las solicitudes para dejarla sin efecto cuando cambian sustancialmente las circunstancias que la motivaron.

Asesoramos también en la tutela de los menores que no están bajo la potestad de sus padres, en la designación de tutor que los padres pueden hacer en escritura pública, testamento o codicilo para el caso de que sus hijos menores queden sin quien ejerza la potestad, en la defensa judicial cuando los intereses del menor se contraponen a los de quienes lo representan y en la emancipación.

Desde 2021 ya no se puede incapacitar a una persona. La reforma estatal de la Ley 8/2021 y, en Cataluña, el Decreto ley 19/2021 sustituyeron la incapacitación y la tutela de los adultos por medidas de apoyo que respetan su voluntad y sus preferencias. En Cataluña, la principal es la asistencia, que puede constituirse ante notario o ante el juez y cuyo alcance se ajusta a lo que la persona necesita.

La Ley 13/2026, de 3 de agosto, que entrará en vigor el 4 de febrero de 2027, sustituye el régimen provisional del Decreto ley 19/2021 por una regulación completa de los apoyos en el Código civil de Cataluña. Distingue los apoyos formalizados de los no formalizados, regula la asistencia de acompañamiento, de cooperación y de representación, y refuerza los poderes preventivos y las salvaguardas frente a los abusos.

Ayudamos a otorgar poderes preventivos, que permiten a una persona decidir hoy quién actuará por ella si en el futuro no puede hacerlo, y nos ocupamos de la constitución, la revisión y la rendición de cuentas de las medidas de apoyo. Intervenimos también en la revisión de las tutelas y curatelas constituidas antes de la reforma y en los conflictos que surgen cuando quien presta el apoyo actúa en su propio interés.

Los parientes más próximos están obligados a prestarse alimentos, es decir, lo necesario para vivir, cuando uno de ellos no puede atender sus necesidades con sus propios medios. En Cataluña la obligación alcanza, entre otros, a los padres y los hijos, a los abuelos y los nietos y a los hermanos, aunque los hermanos mayores de edad sin discapacidad solo tienen derecho a lo necesario para la vida.

Es frecuente que los hijos tengan que atender a un padre o a una madre mayores que no pueden mantenerse con sus recursos, o que esa carga no se reparta por igual entre los hermanos. Asesoramos sobre quién está obligado, en qué orden y en qué proporción según los recursos de cada uno, y reclamamos los alimentos cuando no se prestan de forma voluntaria. Conviene hacerlo pronto, porque solo se deben desde que se reclaman, judicial o extrajudicialmente, y no los de antes.