Suspensión de desahucios tras el Real Decreto‑ley 29/2026. Los criterios de la Junta de Jueces de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Barcelona
El artículo 2 del Real Decreto‑ley 29/2026, de 6 de octubre, ha creado hasta el 31 de diciembre de 2030 un régimen de suspensión de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, y su artículo 5 ha incorporado al artículo 22.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil una enervación extraordinaria a cargo de la Administración. El 29 de octubre de 2026, la Junta de Jueces de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Barcelona adoptó siete criterios para aplicarlos. El acuerdo excluye los incidentes de terceros ocupantes y las ejecuciones hipotecarias, exige que el informe de los servicios sociales certifique expresamente la vulnerabilidad, abre la apelación contra el auto que suspende, admite la vulnerabilidad social junto a la económica, ciñe el régimen transitorio a los procedimientos que enumera la ley, ordena suspender de oficio determinados lanzamientos pendientes y deja fuera del artículo 2.2 al Institut Català del Sòl y a la Agència de l'Habitatge de Catalunya. Analizamos el texto de la norma, cada criterio y las cuestiones que el acuerdo deja abiertas, entre ellas qué debe entenderse por vulnerabilidad social, qué protección conserva el deudor hipotecario con la Ley 1/2013 y qué ocurre cuando el demandante es un pequeño propietario.