Propiedad horizontal y movilidad eléctrica: hasta dónde puede llegar una comunidad frente a un punto de recarga privado
La expansión de la movilidad eléctrica ha trasladado al régimen de propiedad horizontal el conflicto entre el derecho individual a instalar puntos de recarga y la protección de los elementos comunes. El Tribunal Supremo, en una sentencia de diciembre de 2025, ha interpretado la Ley de Propiedad Horizontal estatal en el sentido de que la instalación de un cargador en una plaza individual solo requiere comunicación previa a la comunidad, incluso cuando el cable atraviesa elementos comunes, salvo que exista una afectación innecesaria, desproporcionada o perjudicial. En Cataluña, donde rige el Libro quinto del Código Civil de Cataluña, esta solución no puede trasladarse mecánicamente. El interés jurídico reside en comparar el modelo estatal con los arts. 553 y siguientes del CCCat y determinar el alcance del derecho individual a instalar infraestructuras de recarga en el marco de la propiedad horizontal catalana.
1.La solución estatal: comunicación previa y límites de afectación a elementos comunes
La Ley de Propiedad Horizontal estatal, tras las reformas orientadas a facilitar la movilidad eléctrica, reconoce al propietario de una plaza de garaje o de un elemento privativo el derecho a instalar un punto de recarga para vehículos eléctricos, condicionándolo a la comunicación previa a la comunidad y a la asunción de los costes de instalación y consumo. La sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2025 consolida esta interpretación, subrayando que la instalación en una plaza individual no requiere acuerdo de la junta ni autorización expresa, aunque implique el tendido de cableado o la colocación de elementos sobre zonas comunes, siempre que la afectación sea necesaria y proporcionada para la finalidad de recarga.
El Tribunal introduce, no obstante, límites cualitativos. La comunidad puede oponerse o exigir modificaciones cuando la instalación suponga una afectación innecesaria, desproporcionada o perjudicial para los elementos comunes o para otros propietarios. Se trata de un control de razonabilidad y proporcionalidad, que impide que el derecho individual se ejerza de forma abusiva o con menoscabo grave de la estructura, la seguridad o la estética del inmueble. La comunidad conserva, además, la facultad de acordar soluciones colectivas, como la implantación de sistemas comunes de recarga, que pueden modular el ejercicio de derechos individuales.
2.El marco catalán: régimen propio de propiedad horizontal y derechos de uso
En Cataluña, la propiedad horizontal se rige por el Código Civil de Cataluña, que configura un régimen propio y completo. Los arts. 553 y siguientes CCCat regulan la comunidad, los elementos privativos y comunes, las mayorías y las prohibiciones de uso. El art. 553‑40 establece que los propietarios y ocupantes no pueden realizar en los elementos privativos ni en el resto del inmueble actividades o actos contrarios a la convivencia normal o que dañen o hagan peligrar el inmueble, y faculta a la comunidad para requerir la cesación y, en su caso, ejercitar la acción de cesación. El art. 545‑4 reconoce que los titulares del derecho de propiedad pueden establecer limitaciones voluntarias del ejercicio de sus facultades, constituyendo derechos reales limitados que se rigen por la autonomía de la voluntad.
Este marco implica que cualquier instalación que afecte a elementos comunes debe respetar las normas estatutarias, los acuerdos de la junta y las limitaciones voluntarias inscritas. La comunidad puede haber establecido, por ejemplo, restricciones sobre instalaciones en fachadas, techos o zonas comunes, o sobre el tendido de cableado visible. La instalación de un punto de recarga privado que requiera atravesar elementos comunes se sitúa en la intersección entre el derecho individual de uso de la plaza y el régimen de protección de los elementos comunes.
A diferencia de la LPH estatal, el CCCat no contiene, en la información disponible, una previsión específica sobre puntos de recarga, por lo que la solución debe extraerse de los principios generales. El derecho de cada propietario a adaptar su elemento privativo a sus necesidades, incluyendo la movilidad eléctrica, se reconoce en la medida en que no se vulneren las prohibiciones estatutarias ni se cause daño o peligro al inmueble. La comunidad puede limitar usos mediante estatutos, siempre que se inscriban en el Registro de la Propiedad y sean oponibles a terceros, y puede reaccionar frente a actividades que afecten a la convivencia o a la seguridad.
3.Comparación entre el modelo estatal y el catalán
La solución estatal, basada en la comunicación previa y en la presunción de legitimidad de la instalación individual, con límites de afectación innecesaria, desproporcionada o perjudicial, responde a una política legislativa clara de fomento de la movilidad eléctrica. El legislador ha querido eliminar barreras comunitarias, desplazando el centro de gravedad hacia el derecho individual, y el Tribunal Supremo ha reforzado esta orientación.
En Cataluña, el modelo es más abierto y depende de la interpretación de los arts. 553 y siguientes CCCat. La comunidad tiene un margen mayor para regular el uso de elementos comunes y para establecer limitaciones voluntarias, siempre que se respeten las mayorías y la inscripción registral. La instalación de un punto de recarga privado puede requerir, en la práctica, acuerdo de la junta cuando implique obras en elementos comunes, especialmente si las normas estatutarias lo prevén. La comunidad puede valorar la afectación a la estructura, a la seguridad contra incendios, a la estética y a la convivencia, y puede imponer condiciones técnicas o de ubicación.
Sin embargo, el principio de función social de la propiedad y la necesidad de adaptar los inmuebles a nuevas exigencias tecnológicas sugieren que el derecho individual a instalar infraestructuras de recarga debe ser reconocido también en Cataluña, con límites razonables. La comunidad no puede prohibir de forma absoluta y genérica cualquier instalación de recarga, sin ofrecer alternativas, sin incurrir en un posible abuso de derecho o en una limitación desproporcionada del uso de los elementos privativos. La comparación con la solución estatal ofrece un criterio orientador: la comunidad puede controlar la afectación a elementos comunes, pero no bloquear sin más el ejercicio de un derecho funcionalmente vinculado al uso normal de la plaza de garaje.
4.Alcance del derecho individual a instalar infraestructuras de recarga en Cataluña
En el régimen catalán, el alcance del derecho individual a instalar infraestructuras de recarga puede delimitarse en varios planos. En primer lugar, el propietario de una plaza de garaje o de un elemento privativo tiene derecho a realizar obras en su elemento para adaptarlo a la movilidad eléctrica, siempre que no altere la estructura del edificio ni afecte a elementos comunes de forma sustancial. La instalación del cargador en la propia plaza, con cableado que discurra por espacios privativos o por canalizaciones existentes, se sitúa dentro de este ámbito.
En segundo lugar, cuando la instalación requiere atravesar elementos comunes, como paredes, techos o zonas de paso, el propietario debe respetar las normas estatutarias y los acuerdos de la comunidad. La junta puede exigir que las obras se ajusten a criterios técnicos, que se utilicen canalizaciones comunes, que se minimice el impacto visual y que se garantice la seguridad. La comunidad puede denegar instalaciones que supongan una afectación innecesaria, desproporcionada o peligrosa, pero debería ofrecer alternativas razonables, como la creación de infraestructuras comunes de recarga.
En tercer lugar, las limitaciones voluntarias inscritas, como cláusulas estatutarias que prohíben determinadas instalaciones en elementos comunes, son oponibles a los propietarios y a terceros adquirentes. La comunidad puede haber acordado, por ejemplo, que cualquier instalación de infraestructuras de recarga se realice mediante un sistema común gestionado por la comunidad, lo que condiciona el ejercicio de derechos individuales. En estos casos, el propietario deberá canalizar su demanda de recarga a través del sistema común, y la comunidad deberá gestionar de forma diligente la implantación.
En cuarto lugar, la acción de cesación del art. 553‑40 CCCat ofrece a la comunidad un instrumento para reaccionar frente a instalaciones que dañen o hagan peligrar el inmueble o que generen conflictos de convivencia. Si un punto de recarga se instala de forma defectuosa, sin cumplir normas de seguridad, o genera riesgos de incendio, la comunidad puede requerir la cesación y, en su caso, acudir a los tribunales para obtener la retirada o la adaptación de la instalación.
5.Conclusiones
La movilidad eléctrica plantea a la propiedad horizontal el reto de conciliar el derecho individual a instalar puntos de recarga con la protección de los elementos comunes y de la convivencia. La solución estatal, consolidada por el Tribunal Supremo en diciembre de 2025, se inclina claramente a favor del derecho individual, exigiendo solo comunicación previa y admitiendo el tendido de cableado por elementos comunes, salvo afectación innecesaria, desproporcionada o perjudicial. En Cataluña, el régimen propio del Código Civil exige una interpretación más matizada, en la que las normas estatutarias, las mayorías y la inscripción registral juegan un papel central.
El interés jurídico reside en determinar hasta dónde puede llegar una comunidad frente a un punto de recarga privado. La comunidad puede regular, condicionar y, en casos extremos, impedir instalaciones que afecten gravemente a elementos comunes o a la seguridad, pero no puede bloquear de forma absoluta la adaptación de los elementos privativos a la movilidad eléctrica sin ofrecer alternativas razonables. El equilibrio entre el derecho individual y la autonomía comunitaria se construirá, en Cataluña, a partir de los arts. 553 y siguientes CCCat, de la función social de la propiedad y de la comparación con la solución estatal, en un campo donde la práctica judicial y la evolución normativa tendrán un papel decisivo en los próximos años.
