La actividad administrativa incide con frecuencia en intereses económicos o patrimoniales: propiedad, inmuebles, actividades empresariales, licencias, valoraciones, expropiaciones, tributos o indemnizaciones. Esa realidad explica la estrecha relación de nuestra práctica de derecho público y administrativo con la especialización del despacho en derecho civil patrimonial.
El derecho público exige combinar el conocimiento de la norma con el dominio del procedimiento. Una autorización, una licencia, una sanción, una expropiación o una actuación urbanística pueden producir consecuencias económicas y patrimoniales de especial trascendencia. Por ello abordamos cada asunto desde su fase inicial, procurando anticipar los riesgos y construir la posición jurídica del cliente antes de que el conflicto llegue a los tribunales. Cuando la controversia no puede resolverse en vía administrativa, asumimos su defensa ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
La experiencia procesal del despacho y nuestro conocimiento del derecho patrimonial nos permiten integrar en una misma estrategia el régimen jurídico de la actuación administrativa, sus consecuencias económicas y la defensa judicial de los intereses afectados.
Derecho administrativo y defensa contencioso-administrativa
Asesoramos y defendemos a nuestros clientes en procedimientos administrativos de muy distinta naturaleza, incluidos los sancionadores, disciplinarios, tributarios y catastrales, así como en materia de autorizaciones y licencias, subvenciones y reintegros, función pública, vía de hecho y concesiones administrativas.
Siempre que es posible, nuestra intervención comienza antes de que la Administración adopte una resolución definitiva. Analizamos los antecedentes, la normativa aplicable y las consecuencias de cada alternativa; preparamos alegaciones, atendemos requerimientos y formulamos los recursos administrativos procedentes. Agotada la vía administrativa, asumimos la dirección letrada del procedimiento contencioso-administrativo en sus distintas instancias.
Urbanismo y expropiaciones
El urbanismo constituye una de las áreas de mayor especialización de nuestra práctica de derecho público. Asesoramos en planeamiento y gestión urbanística, proyectos de reparcelación y urbanización, juntas de compensación y otras entidades urbanísticas colaboradoras, convenios urbanísticos y tramitación de licencias y autorizaciones. Intervenimos asimismo en procedimientos de protección de la legalidad y disciplina urbanística, inspecciones, órdenes de restauración, sanciones y demás actuaciones administrativas que puedan afectar al uso, la transformación o el aprovechamiento de los inmuebles.
En materia de expropiación forzosa, acompañamos al cliente durante todo el procedimiento. Analizamos los bienes y derechos afectados, revisamos su valoración económica, preparamos las hojas de aprecio y actuamos ante los órganos de valoración correspondientes. Nuestra intervención comprende también los procedimientos de reversión y la impugnación administrativa y contencioso-administrativa de las resoluciones expropiatorias.
Fiscalidad local y responsabilidad patrimonial de la Administración
Dentro de nuestra práctica de derecho público, prestamos un asesoramiento específico en fiscalidad local y procedimientos catastrales. Se trata de un ámbito distinto del asesoramiento fiscal general, estrechamente vinculado a la actuación de las Administraciones locales y a la titularidad y valoración de los bienes inmuebles. Intervenimos en cuestiones relacionadas con tributos locales, valores y ponencias catastrales, declaraciones y comunicaciones ante el Catastro, subsanación de discrepancias, recursos administrativos y reclamaciones económico-administrativas.
Contamos asimismo con experiencia en reclamaciones de responsabilidad patrimonial por daños derivados del funcionamiento de las Administraciones públicas. Analizamos la existencia y la valoración del daño, su relación con la actuación administrativa y los restantes presupuestos de la reclamación. Después la formulamos en vía administrativa y, cuando es necesario, asumimos su defensa ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Oficinas de farmacia
Disponemos de experiencia específica en el asesoramiento jurídico a titulares y profesionales vinculados a oficinas de farmacia, una actividad sometida a una intensa regulación administrativa y en la que las decisiones regulatorias inciden directamente en el valor y la continuidad del negocio.
Asesoramos en estudios y procedimientos relacionados con nuevas instalaciones, traslados y modificaciones de local, apertura de botiquines y demás actuaciones administrativas vinculadas a la autorización y al funcionamiento de la oficina de farmacia.
Nuestra práctica comprende también la compraventa y la donación de oficinas de farmacia. En estas operaciones integramos el componente administrativo con nuestra experiencia en derecho civil patrimonial y contratación, para ofrecer una visión conjunta de la autorización administrativa y de la operación jurídica y económica que la acompaña.
