Laura Garriga

Laura Garriga

Abogada

Laura Garriga Moyano se graduó en Derecho por la Universidad de Barcelona, donde cursó sus estudios entre 1991 y 1996, y completó posteriormente su formación con el Máster en Abogacía del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) en 1997. Ese mismo año se incorporó al Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Inició su trayectoria profesional en una firma de abogados de Barcelona, desarrollando durante cinco años su actividad en las áreas de Derecho procesal, Derecho civil y Derecho mercantil. En 2002 se incorporó a Alburquerque Abogados y es socia del despacho desde 2005.

Su práctica profesional se concentra en el Derecho civil y mercantil, con una amplia experiencia tanto en el asesoramiento como en la resolución de controversias. Asesora en materia contractual, societaria y regulatoria e interviene en operaciones inmobiliarias y transacciones mercantiles. Cuenta asimismo con una especial experiencia en operaciones de compraventa de oficinas de farmacia y en Derecho de seguros.

Desarrolla además una parte relevante de su actividad en litigación civil, defendiendo los intereses de particulares y empresas en procedimientos relacionados, entre otras materias, con la construcción, los arrendamientos urbanos, la propiedad horizontal y la responsabilidad civil. Su experiencia procesal comprende las distintas instancias y recursos, incluidos recursos de casación ante el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia.

Áreas de práctica

Publicaciones

Arrendamientos urbanos

El terremoto jurisprudencial de 2026 sobre el Registro Único de Arrendamientos de corta duración

Las sentencias del Tribunal Supremo de mayo y junio de 2026 han anulado los elementos esenciales del procedimiento de Registro Único de Arrendamientos de corta duración previsto en el Real Decreto 1312/2024, desactivando la inscripción obligatoria en los Registros de la Propiedad y de Bienes Muebles como condición para ofertar alquileres de corta duración. Tras este “terremoto jurisprudencial”, subsisten la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos y las obligaciones de transmisión de datos con fines estadísticos y de coordinación, pero desaparece el núcleo registral civil‑administrativo. Este trabajo analiza qué queda del Registro Único después de las sentencias y cómo se conecta con el modelo catalán, donde ya existía una fuerte regulación administrativa y comunitaria del alquiler turístico.
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Herencias y sucesiones

Herencias, dependencia e influencia indebida. Quién puede ser favorecido en testamento tras la Ley catalana 13/2026

La Ley 13/2026 introduce una reforma de gran alcance en el régimen de inhabilidad sucesoria del Código Civil de Cataluña, modificando el artículo 412‑5 para contemplar expresamente la posición de quienes han ejercido apoyos formalizados de carácter representativo y reforzar las cautelas respecto de cuidadores, residencias y prestadores de servicios asistenciales favorecidos por el causante. Esta reforma se sitúa en la confluencia entre el nuevo modelo de apoyos a la capacidad, la protección frente a la influencia indebida y la necesidad de preservar la libertad de testar de personas mayores o en situación de dependencia. Para la práctica privada, el impacto es inmediato en testamentos otorgados por personas que viven en residencias, reciben cuidados particulares o cuentan con asistentes, y abre un campo de litigiosidad potencial en torno a conflictos de intereses, rendición de cuentas y impugnación por legitimarios.
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Inmobiliario

Licencias de viviendas de uso turístico en Cataluña después de la STC 64/2025

El Decreto‑ley catalán 3/2023 sometió la explotación de viviendas de uso turístico en 262 municipios a licencia urbanística previa, con licencias de cinco años prorrogables y un máximo legal de diez viviendas de uso turístico por cada cien habitantes. La STC 64/2025, de 13 de marzo, desestimó íntegramente el recurso de inconstitucionalidad y consideró que estas restricciones delimitan la función social de la propiedad, en lugar de constituir una privación expropiatoria. Este nuevo paradigma plantea con especial intensidad la cuestión de si existe un derecho adquirido a explotar turísticamente una vivienda y obliga a conectar el régimen de propiedad horizontal, el urbanismo y el derecho de propiedad en Cataluña.
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Herencias y sucesiones

Testar con apoyos: la nueva capacidad testamentaria en Cataluña tras la Ley 13/2026

La Ley 13/2026, de 3 de agosto, supone una reforma de gran calado del libro IV del Código Civil de Cataluña en materia de sucesiones, con entrada en vigor prevista para el 4 de febrero de 2027. El eje de la reforma es la redefinición de la capacidad para testar en torno a la capacidad natural en el momento del otorgamiento, la adaptación del juicio notarial de capacidad a un modelo de apoyos y la regulación específica del testamento de personas con discapacidad sensorial. La reforma se inserta en el proceso general de adecuación del derecho civil catalán al nuevo paradigma de la discapacidad, centrado en la autonomía, los apoyos y la accesibilidad, y plantea cuestiones relevantes sobre la distinción entre capacidad natural y capacidad jurídica, la intervención de facultativos, la impugnación posterior del testamento, la influencia indebida y la responsabilidad notarial.
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Arrendamientos urbanos

Contención de rentas en 2026: cómo se determina realmente la renta máxima en las zonas tensionadas catalanas

La aplicación combinada de la Ley 12/2023, la Ley de Arrendamientos Urbanos y la normativa catalana de vivienda ha configurado en Cataluña un sistema complejo de determinación de la renta inicial en zonas de mercado residencial tensionado. La renta máxima depende de la existencia o no de contrato previo en los últimos cinco años, de la condición de gran tenedor, del índice estatal de referencia y de las excepciones por obras de mejora o contratos de larga duración. Este trabajo expone, con enfoque práctico, cómo se determina la renta inicial en 2026 en Cataluña, abordando supuestos como contratos sin arrendamiento previo, repercusión de gastos, obras de mejora, viviendas previamente arrendadas por habitaciones y cambios de superficie o condiciones.
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Responsabilidad civil

Obra inacabada, responsabilidad intacta: la responsabilidad del arquitecto antes de la recepción tras la STS 643/2026

La Sentencia del Tribunal Supremo 643/2026, de 28 de abril, aborda un supuesto de vivienda unifamiliar cuya obra quedó inacabada y nunca llegó a ser formalmente recibida conforme al artículo 6 de la Ley de Ordenación de la Edificación. Pese a ello, el arquitecto había incurrido en errores de proyecto y de dirección facultativa y había suscrito un certificado final de obra que no se correspondía con la realidad. El Tribunal Supremo rechaza que la falta de terminación y recepción pueda servir al arquitecto para eludir su responsabilidad, subrayando que la LOE regula el proceso de edificación y las obligaciones profesionales que se desarrollan durante él. La resolución permite analizar la recepción de la obra, el certificado final, los errores de proyecto y dirección, la diferencia entre responsabilidad LOE y contractual y el principio de que nadie puede beneficiarse de su propio incumplimiento, con especial interés en el contexto catalán.
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Arrendamientos urbanos

IRAV, índice de referencia y renta anterior: tres conceptos distintos para calcular el alquiler en Cataluña

Desde enero de 2025 coexisten en el ordenamiento español dos instrumentos que inciden sobre el precio del alquiler de vivienda y que se confunden con frecuencia en la práctica: el índice de referencia para la actualización anual de la renta, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, y el sistema estatal de índices de precios de referencia utilizado para fijar la renta inicial máxima en zonas de mercado residencial tensionado. A ellos se suma, en Cataluña, la referencia de la renta anterior de los últimos cinco años como límite específico en zonas tensionadas. Este trabajo distingue conceptualmente el índice de actualización anual, el índice estatal de referencia y la renta anterior, y analiza su interacción práctica en la determinación del alquiler en Cataluña.
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Derecho de seguros

Periodos de carencia y cláusulas sorpresivas en el seguro de vida: hasta dónde alcanza el art. 3 LCS tras la STS 531/2026

La Sentencia del Tribunal Supremo 531/2026, de 9 de abril, califica como cláusula limitativa de los derechos del asegurado una estipulación de carencia de 90 días para la cobertura de infarto de miocardio en un seguro de vida, al considerarla sorpresiva respecto de una cobertura expresamente contratada. Al ser limitativa, la cláusula debe cumplir las exigencias del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro: especial destaque y aceptación específica por escrito. La resolución ofrece una ocasión idónea para revisar la frontera entre cláusulas delimitadoras, limitativas y lesivas, uno de los principales focos de litigación en el ámbito asegurador.
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Arrendamientos urbanos

La nueva “policía administrativa” de la renta en Cataluña: sanciones, publicidad, prueba e inspección tras los Decretos‑ley 1/2025 y 3/2026

Desde 2025 Cataluña ha pasado de un control esencialmente civil de la renta a un sistema de enforcement administrativo intenso sobre el mercado del alquiler. Los Decretos‑ley 1/2025 y 3/2026 refuerzan el régimen sancionador de la Ley 18/2007 y la Ley 13/1996, articulando obligaciones de información, publicidad, documentación y depósito, así como un Registro de grandes tenedores. Este trabajo analiza cómo se prueba y sanciona el sobreprecio, la relación entre sanción administrativa y restitución al arrendatario y el valor probatorio de los datos de INCASÒL.
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Fiscal

¿Puede Hacienda utilizar la tasación hipotecaria para elevar el valor fiscal de un inmueble?

La utilización por la Administración tributaria de la tasación hipotecaria incorporada a la escritura para elevar el valor fiscal de un inmueble ha sido objeto de intensa discusión doctrinal y jurisprudencial. Las Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 23 y 27 de febrero de 2026, en línea con la crónica oficial de la Sala para el bienio 2025–2026, consolidan que, en los supuestos en los que proceda una comprobación de valores, la Administración puede acudir al valor de tasación hipotecaria cuando exista una diferencia relevante con el valor declarado, sin necesidad de acreditar previamente fraude u ocultación. Ahora bien, esa tasación no se convierte en una presunción irrebatible: el contribuyente puede combatirla mediante prueba pericial y, en su caso, a través de la tasación pericial contradictoria prevista en la Ley General Tributaria. La figura debe distinguirse claramente del valor de referencia catastral, que opera como base imponible directa en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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Fiscal

Testamento ológrafo e Impuesto sobre Sucesiones: la protocolización notarial no detiene el plazo tributario

El testamento ológrafo es una figura clásica del Derecho civil que exige, para desplegar plenamente sus efectos, un trámite posterior de adveración y protocolización. En la práctica, muchos herederos han entendido que ese trámite “suspende” o desplaza el momento en que nace la obligación de declarar y pagar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2026, Sección Segunda, recurso de casación 1845/2024, corrige de forma clara esa percepción: cuando la protocolización del testamento ológrafo se tramita como jurisdicción voluntaria y no se convierte en un procedimiento contencioso, el impuesto se devenga con el fallecimiento del causante y la posterior protocolización no desplaza por sí misma el inicio del plazo de seis meses para presentar la autoliquidación. La decisión tiene consecuencias prácticas relevantes en términos de recargos, intereses de demora y prescripción, y obliga a distinguir entre una simple tramitación notarial o judicial de jurisdicción voluntaria y una verdadera controversia judicial con efectos suspensivos sobre los plazos.
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Litigación

Suspensión de desahucios por vulnerabilidad hasta el 31 de diciembre de 2026: una excepcionalidad que se ha convertido en estructural

El Real Decreto‑ley 16/2025 ha prorrogado nuevamente hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión extraordinaria de determinados procedimientos de desahucio y lanzamiento por vulnerabilidad habitacional, manteniendo al mismo tiempo un régimen de compensación para arrendadores y propietarios cuya solicitud puede formularse hasta el 31 de enero de 2027. Lo que nació como una medida excepcional ligada a la crisis sanitaria y económica se ha convertido en un elemento estructural del sistema de protección de la vivienda, con implicaciones profundas sobre la tutela judicial efectiva, la función social de la propiedad y el equilibrio entre el derecho a la vivienda y el derecho de los propietarios a recuperar la posesión. Este trabajo aborda críticamente seis años de suspensión extraordinaria de lanzamientos, analizando la configuración de la vulnerabilidad, el impacto sobre los procesos de desahucio y la eficacia del régimen de compensación.
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Litigación

Alquiler social obligatorio en Cataluña después de las SSTC 120/2024 y 25/2025 y de la STS 1086/2025

El régimen catalán de alquiler social obligatorio ha experimentado una transformación profunda tras las sentencias del Tribunal Constitucional 120/2024 y 25/2025 y la sentencia del Tribunal Supremo 1086/2025. El Tribunal Constitucional ha anulado diversos elementos de las reformas catalanas que convertían la oferta de alquiler social en condicionante procesal, por invasión de competencias estatales en materia procesal y de legislación civil, mientras que el Tribunal Supremo ha precisado que el art. 5.2 de la Ley catalana 24/2015 se refiere a ejecución hipotecaria y desahucio por impago, pero no al desahucio por expiración del plazo contractual. El resultado es un modelo en el que subsiste la obligación administrativa de ofrecer alquiler social en determinados supuestos de vulnerabilidad, pero se desvanece su configuración como requisito procesal y se refuerza la necesidad de distinguir entre obligación administrativa, régimen sancionador y efectos sobre los procesos de desahucio.
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