¿Es posible ingresar a una persona mayor en una residencia sin su consentimiento?
Si la persona mayor puede decidir por sí misma, nadie puede ingresarla en una residencia contra su voluntad, tampoco sus hijos, aunque crean que es lo mejor para ella. Si una enfermedad que afecta a sus facultades, como una demencia avanzada, le impide decidir, el ingreso sin su consentimiento es un internamiento no voluntario y necesita la autorización del juez, que como regla tiene que ser previa. Solo si hay una urgencia puede hacerse sin esperar a esa autorización. Entonces el centro tiene que comunicarlo al juzgado en veinticuatro horas, para que el juez lo ratifique o lo deje sin efecto en un plazo máximo de setenta y dos horas. La firma de un familiar no sustituye la decisión del juez.
Alburquerque Abogados
Si la persona puede decidir
La ley protege la libertad de cada persona para decidir dónde vive. Mientras la persona mayor entienda su situación y pueda expresar lo que quiere, la decisión de ir a una residencia le corresponde a ella, aunque a la familia le preocupe que siga sola en casa. La edad o un diagnóstico no le quitan, por sí solos, ese derecho.
Lo que sí puede hacer la familia es hablar con ella y proponerle otras soluciones que acepte, como la ayuda en casa o un centro de día. Si ingresa por su propia voluntad, el ingreso no necesita autorización judicial.
Si ingresó voluntariamente y más adelante deja de poder decidir si sigue allí, la situación cambia. En Cataluña, el Código Civil de Cataluña obliga al director del centro a comunicar al juzgado el caso de quien ingresó voluntariamente a causa de un trastorno psíquico y ya no puede decidir si continúa, para que el juez resuelva. Para las residencias de personas mayores, la Fiscalía General del Estado, en una circular dirigida a los fiscales de toda España, entiende que una demencia sobrevenida convierte el ingreso en no voluntario, de modo que pasa a necesitar el control del juez.
Si no puede decidir
Cuando una enfermedad le impide decidir por sí misma, el ingreso sin su consentimiento limita su libertad y por eso necesita la autorización del juez. No hace falta que la persona se oponga. Basta con que no esté en condiciones de decidirlo. Lo establece la Ley de Enjuiciamiento Civil para toda España. El Código Civil de Cataluña lo dice expresamente para quien tiene un trastorno psíquico o una enfermedad que afecta a su capacidad cognitiva, cualquiera que sea su edad. La Fiscalía General del Estado, apoyándose en sentencias del Tribunal Constitucional, considera que esta garantía alcanza al ingreso en una residencia de personas mayores.
La autorización se pide al juzgado del lugar donde vive la persona. Antes de decidir, el juez tiene que oírla a ella y al Ministerio Fiscal, examinarla personalmente y oír el dictamen de un médico que él mismo designe. Puede oír también a otras personas, como los familiares. La persona puede defenderse con su propio abogado. Si no lo nombra, la defiende el Ministerio Fiscal o, según el caso, un defensor judicial.
Si el juez autoriza el ingreso, quienes la atienden en el centro tienen que informarle periódicamente de si sigue siendo necesario. Cuando deja de serlo, se le da el alta y se comunica al juzgado.
Los ingresos urgentes
El ingreso puede hacerse sin autorización previa solo cuando una urgencia no permite esperar. En Cataluña, un médico tiene que constatar esa urgencia, que debe fundarse en un riesgo inmediato y grave para la salud de la persona o para la integridad física o psíquica de ella o de otras personas.
En ese caso, el director del centro tiene que comunicar el ingreso al juzgado en las veinticuatro horas siguientes. Esa comunicación le corresponde a él, no a la familia ni a los servicios sociales. El juez debe ratificar el ingreso o dejarlo sin efecto en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que recibe la comunicación, con las mismas garantías de audiencia, examen y dictamen médico. Si no se respetan estos plazos y garantías, el ingreso vulnera el derecho a la libertad de la persona.
Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.