¿Es obligatorio el acta de titularidad real?
No como tal. Ninguna norma obliga a toda sociedad a tener un acta notarial de titularidad real, pero sí es obligatorio identificar al titular real, que es la persona física que en último término posee o controla la sociedad. Hay que identificarlo ante el notario cuando la sociedad firma una escritura, ante el banco y otras entidades cuando opera con ellos y en el Registro Mercantil. El acta es el documento notarial en el que el administrador declara quién es el titular real y por eso es la forma más habitual de acreditarlo. Si un banco la pide y la sociedad no acredita de algún modo quién es su titular real, el banco no puede abrirle la cuenta ni seguir operando con ella.
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Qué exige la ley
La Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales, no menciona el acta. Lo que imponen esa ley y las normas que la desarrollan son estas obligaciones:
- A la sociedad, saber quién es su titular real, conservar esa información actualizada y tenerla a disposición de quienes están obligados a pedírsela.
- A los notarios, los bancos y los demás sujetos obligados por esa ley, identificar al titular real antes de autorizar una escritura, abrir una cuenta o iniciar una relación de negocios.
- A los administradores, declarar el titular real en el Registro Mercantil con las cuentas anuales y cuando cambie.
Es titular real quien tiene, directa o indirectamente, más del 25 % del capital o de los derechos de voto, o controla la sociedad por otros medios. Si no hay nadie en esa situación, se considera que lo son los administradores.
Qué es el acta y cuándo se firma
El acta de titularidad real es un acta notarial, que puede firmarse en cualquier notaría. En ella, el administrador o el representante de la sociedad declara, bajo su responsabilidad, quiénes son los titulares reales. De cada uno se indican el nombre y los apellidos, el documento de identidad, la nacionalidad, la fecha de nacimiento y el país de residencia.
Los notarios no pueden autorizar las operaciones de una sociedad sin identificar a su titular real. Para hacerlo consultan la base de datos de titularidad real del Notariado. Si los datos ya constan en ella, al representante le basta con confirmar que siguen siendo ciertos. Si no constan o han cambiado, tiene que declararlos. Esa declaración es la que suele recogerse en el acta.
Por eso el acta se firma normalmente la primera vez que la sociedad acude a una notaría, a menudo al constituirse. Mientras nada cambie no hace falta repetirla en cada operación. Si cambia el titular real, el acta anterior deja de servir y conviene otorgar una nueva. El Registro Central de Titularidades Reales, que gestiona el Ministerio de Justicia, cuenta estas actas entre sus fuentes fiables.
Si la pide el banco
El banco tiene que identificar al titular real de la sociedad antes de abrirle una cuenta o de concederle financiación. La norma le permite hacerlo, con carácter general, con una declaración responsable del representante de la sociedad. También le obliga a consultar el Registro Central de Titularidades Reales, aunque no puede basarse solo en él. Si aprecia un riesgo superior al normal o tiene indicios de que lo declarado no es exacto, tiene que obtener más documentación.
Por eso muchas entidades piden el acta notarial. La ley no impone esa forma concreta, pero tampoco impide al banco pedirla. Si la sociedad ya tiene un acta al día, basta con entregar una copia. También puede ofrecer otras pruebas, como un certificado de su titularidad real del Registro Central, que la propia sociedad puede solicitar, o la declaración presentada en el Registro Mercantil. Que el banco las acepte depende de su valoración del riesgo.
Lo que la sociedad no puede hacer es negarse a informar. Sin identificar al titular real, el banco no puede iniciar la relación y tiene que poner fin a la que ya exista.
Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.