¿Qué empresas están obligadas a auditarse?
Están obligadas las sociedades que durante dos ejercicios seguidos superan, al cierre de cada uno, al menos dos de estos tres límites. Son un activo de 2.850.000 euros, una cifra de negocios de 5.700.000 euros y una media de 50 trabajadores. Además tienen que auditarse siempre algunas empresas por su actividad, como las sociedades cotizadas, los bancos y las aseguradoras. También tienen que hacerlo los grupos que presentan cuentas consolidadas y las empresas que reciben subvenciones o contratan con el sector público por más de 600.000 euros en un ejercicio, con las condiciones que fija la norma.
Alburquerque Abogados
Por el tamaño
La regla de la ley es que las cuentas de toda sociedad de capital las revisa un auditor. La excepción, que en la práctica alcanza a las sociedades pequeñas, es para las que durante dos ejercicios consecutivos, es decir, dos años contables seguidos, cumplen en la fecha de cierre de cada uno al menos dos de estas tres condiciones:
- Que el total del activo no supere los 2.850.000 euros.
- Que el importe neto de la cifra anual de negocios, es decir, de las ventas y los ingresos de la actividad, no supere los 5.700.000 euros.
- Que el número medio de trabajadores durante el ejercicio no sea superior a 50.
Dicho al revés, la sociedad queda obligada cuando supera dos de los tres límites al cierre de dos ejercicios seguidos. Superar uno solo no obliga. Por ejemplo, una sociedad exenta que supera dos límites al cierre de 2025 y de nuevo al cierre de 2026 tiene que auditar ya las cuentas de 2026. Para dejar de estar obligada tiene que volver a cumplir las condiciones durante dos ejercicios seguidos.
En el primer ejercicio desde la constitución de la sociedad o desde su transformación o fusión, solo se mira el cierre de ese ejercicio. La sociedad queda exenta si entonces cumple dos de las tres condiciones.
Estos importes no deben confundirse con los que permiten presentar balance abreviado, que son distintos. La misma regla del tamaño se aplica, en general, a las demás entidades que deben formular cuentas anuales, aunque no sean sociedades de capital.
Por la actividad, las ayudas públicas o el grupo
Hay empresas que tienen que auditarse aunque no superen esos límites:
- Las que emiten valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales, como la bolsa, o en sistemas multilaterales de negociación y las que emiten obligaciones en oferta pública.
- Las que se dedican de forma habitual a la intermediación financiera, como los bancos y las empresas de servicios de inversión. También las aseguradoras, los fondos de pensiones y sus gestoras.
- Las que en un ejercicio reciben subvenciones o ayudas con cargo a presupuestos públicos o a fondos de la Unión Europea por más de 600.000 euros en total. Tienen que auditar las cuentas de ese ejercicio y las de los ejercicios en los que ejecuten las inversiones o las operaciones subvencionadas.
- Las que en un ejercicio celebran contratos con el sector público por más de 600.000 euros en total, si esa cifra supone más de la mitad de su cifra anual de negocios. Tienen que auditar las cuentas de ese ejercicio y las del siguiente.
- Las sociedades dominantes de un grupo obligadas a formular cuentas consolidadas, que son las cuentas conjuntas del grupo. Por esa causa tienen que auditar las cuentas del grupo.
El nombramiento del auditor
En la sociedad obligada, la junta tiene que nombrar al auditor antes de que termine el ejercicio que va a auditarse, por un período inicial de entre tres y nueve años. Si no lo nombra, los administradores o cualquier socio pueden pedir al registrador mercantil que lo designe. Como los límites se miran al cierre, a la sociedad que prevea superarlos por segundo año le conviene nombrarlo antes.
Las cuentas que tenían que auditarse no pueden depositarse en el Registro Mercantil sin el informe del auditor. Lo mismo ocurre cuando hay un auditor inscrito, aunque su nombramiento fuera voluntario.
Otra cuestión es la auditoría que, en una sociedad no obligada, pueden pedir al registrador mercantil los socios que representen al menos el 5 % del capital.
Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.