¿Cómo hacer un acuerdo de colaboración entre empresas?

Lo prudente es hacerlo por escrito y a medida, porque la ley no regula un contrato general de colaboración entre empresas y casi todo depende de lo que pacten. Antes de redactarlo conviene decidir si basta un contrato o si el proyecto pide una figura con reglas propias, como una unión temporal de empresas o una sociedad conjunta. Conviene que el contrato fije al menos el objetivo, lo que aporta cada empresa, cómo se toman las decisiones, cómo se reparten los gastos y los resultados, a quién pertenece lo que se cree y cómo se termina. Si las empresas compiten entre sí, el acuerdo no puede servir para fijar precios ni para repartirse clientes o mercados.

José Manuel Alburquerque

Alburquerque Abogados

Antes de redactarlo

Conviene empezar por tres decisiones. La primera es el objetivo, que debe describirse con precisión, porque marca hasta dónde llega la colaboración y qué queda fuera de ella. La segunda es la forma. Un contrato basta para colaboraciones concretas en las que cada empresa sigue actuando en su propio nombre. Si van a trabajar juntas frente a terceros, hacer inversiones comunes o contratar personal para el proyecto, puede convenir una figura con reglas propias, como la unión temporal de empresas o una sociedad conjunta. La tercera es qué información van a compartir. Si para negociar hay que enseñar datos sensibles, lo prudente es firmar antes un acuerdo de confidencialidad.

El acuerdo no necesita notario ni una forma especial, porque los contratos obligan, en general, sea cual sea la forma en que se celebren. Aun así, conviene firmarlo por escrito, ya que sin un documento es muy difícil probar qué se pactó.

Lo que debe decir el contrato

Como la ley apenas regula estos contratos, lo que no se pacte tendrá que resolverse con las reglas generales de los contratos, que no responden bien a muchas de las dudas que surgen. Estos son los puntos que no deberían faltar:

  • El objetivo y el alcance de la colaboración.
  • Lo que aporta cada empresa y cuándo, sea dinero, personal, medios materiales, clientes o conocimientos.
  • Cómo se toman las decisiones, quién dirige el día a día y qué asuntos necesitan el acuerdo de todas.
  • Cómo se reparten los gastos, los ingresos y las pérdidas y cómo se rinden cuentas entre las empresas.
  • La titularidad de lo que se cree durante la colaboración, como diseños, programas o marcas, con lo que cada empresa podrá usar al terminar.
  • La confidencialidad y, si se pacta, la exclusividad o la prohibición de competir, limitadas a lo necesario para el proyecto.
  • Quién responde frente a terceros y entre las empresas si algo sale mal, con los seguros que deba tener cada una.
  • La duración, las causas para terminar antes, el preaviso para salir y qué ocurre con los trabajos en curso.
  • Cómo se resuelven los desacuerdos, por ejemplo mediante una mediación o un arbitraje. Si alguna empresa es extranjera, también qué ley se aplica.

Los límites que hay que respetar

La libertad para pactar tiene límites. El primero es la competencia. Si las empresas compiten en el mismo mercado, la Ley de Defensa de la Competencia prohíbe en general los acuerdos que sirvan para fijar precios, limitar la producción o repartirse el mercado, aunque se presenten como una colaboración. Por eso conviene que la información que se intercambian se limite a la que necesita el proyecto.

El segundo es no crear sin querer una sociedad. Si las empresas ponen en común dinero o bienes para repartirse las ganancias, su acuerdo puede considerarse una sociedad aunque no la llamen así, con el riesgo de que respondan juntas de las deudas comunes. Conviene dejar claro en el contrato qué tipo de acuerdo es, que cada empresa actúa en su propio nombre y cómo se reparten entre ellas las responsabilidades frente a terceros. Ese reparto obliga a las empresas que lo firman, pero no impide que un tercero reclame a quien la ley haga responsable.

Si surge un conflicto y hay que acudir al juez, la ley exige, en general, intentar un acuerdo antes de demandar.

Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.