¿Con quién se quedan los hijos en caso de muerte de los padres?
Si muere uno de los padres, los hijos menores se quedan con el otro, que pasa a ejercer solo la patria potestad, llamada potestad parental en Cataluña, salvo que un juez lo haya privado de ella. Si faltan los dos, el juez nombra un tutor. Debe nombrar a la persona que los padres hayan designado en testamento, en codicilo o en escritura pública, salvo que hayan cambiado las circunstancias que ellos tuvieron en cuenta. Si no designaron a nadie, la ley catalana prefiere a los abuelos, después al cónyuge o la pareja del progenitor fallecido que conviva con el niño y después a los hermanos mayores de edad. El juez puede alterar ese orden si lo exige el interés del menor.
Alburquerque Abogados
Si muere uno de los padres
La patria potestad corresponde a los dos padres. Si uno muere, el otro sigue siendo su titular y la ejerce en solitario, sin necesidad de que lo decida un juez, aunque los padres estuvieran separados y los hijos vivieran con el que ha muerto. En Cataluña, el juez puede atribuir excepcionalmente la guarda al cónyuge o la pareja estable del fallecido que convivía con los niños, si el interés de estos lo requiere. Los abuelos u otros familiares con los que vivían no adquieren la guarda por ese motivo. Si creen que la nueva situación perjudica a los niños, pueden pedir al juez que adopte medidas para protegerlos, lo que es otra cuestión.
Solo si el padre o la madre que sobrevive ha sido privado de la potestad por un juez, los hijos se quedan sin nadie que la ejerza y hay que nombrarles un tutor.
Si mueren los dos
Cuando ninguno de los padres tiene la potestad, el hijo menor queda bajo tutela. La constituye el juez, que nombra a la persona que se ocupará del menor y lo representará.
Si los padres dejaron designado un tutor en testamento, en codicilo o en escritura pública, el juez debe nombrar a esa persona. Solo puede apartarse de su voluntad si han cambiado las circunstancias que tuvieron en cuenta al designarla. Si cada uno designó a una persona distinta, prevalece la designación del que ejerció la potestad en último lugar.
Si no hay designación, la ley catalana establece este orden de preferencia:
- Los abuelos y demás ascendientes del menor.
- El cónyuge o la pareja estable del progenitor fallecido, si convive con el niño.
- Los hermanos mayores de edad del menor.
El juez puede alterar ese orden, en una resolución motivada, si lo exige el interés del menor. Puede elegir, por ejemplo, a quien ya se ha ocupado del niño de hecho o a otra persona que se ofrezca. Si no hay nadie adecuado en la familia ni en su entorno, puede nombrar a una entidad sin ánimo de lucro. Antes de decidir, escucha al menor si tiene juicio suficiente y, en todo caso, si ha cumplido doce años.
En la mayor parte del resto de España, el Código civil da preferencia a la persona designada por los padres en testamento o en documento público notarial y, en su defecto, al abuelo o al hermano que elija el juez. El juez también puede apartarse de ese orden en beneficio del menor.
Mientras se nombra al tutor
Nombrar un tutor lleva un tiempo. Mientras tanto, los niños suelen quedarse con los familiares que se hacen cargo de ellos, que actúan como guardadores de hecho, es decir, como personas que los cuidan sin un nombramiento formal. Si hace falta representar al menor en algún asunto antes de que haya tutor, el juez puede nombrarle un defensor judicial, que es la persona que lo representa de forma provisional.
Esos familiares y quienes tienen al menor a su cargo están obligados a pedir que se constituya la tutela. Si no lo hacen, responden de los daños. También puede pedirla el Ministerio Fiscal y el juez puede actuar de oficio. Si no hay ningún familiar que pueda ocuparse de los niños, la Generalitat puede declararlos en desamparo y asumir su tutela.
Todo esto se refiere a los hijos menores de edad. Desde 2021, a los hijos mayores de edad que necesitan apoyo para ejercer su capacidad jurídica ya no se les nombra tutor. Las medidas de apoyo que puedan necesitar son otra cuestión.
Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.