¿Qué es la autorización de inversión extranjera?
Es el permiso previo de la Administración del Estado que necesitan algunas inversiones de extranjeros en empresas españolas porque pueden afectar a la seguridad, al orden público o a la salud pública. La regla general en España es la libertad, así que la mayoría de las inversiones extranjeras no lo necesitan. Hace falta cuando un inversor de fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio, o controlado desde fuera de ellas, llega al 10 % del capital de una sociedad española o a su control y, además, la empresa actúa en un sector estratégico o el inversor tiene un perfil de riesgo. Sin la autorización, la operación no tiene validez ni efectos jurídicos mientras no se legalice.
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Cuándo hace falta
Tienen que darse dos condiciones a la vez. La primera es que se trate de una inversión extranjera directa, que es la que lleva al inversor al 10 % o más del capital de una sociedad española o a controlarla. Tiene que hacerla alguien que resida fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio o un residente en esos países controlado, en más de un 25 % del capital o de los votos, por personas de fuera de ellos.
La segunda es que se dé alguno de estos supuestos:
- Que la empresa actúe en infraestructuras críticas, como las de energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, datos o defensa, o sea titular de terrenos e inmuebles necesarios para ellas.
- Que trabaje con tecnologías críticas o de doble uso, como la inteligencia artificial, los semiconductores, la ciberseguridad o la biotecnología.
- Que se dedique al suministro de bienes básicos, en particular la energía y las materias primas, que tenga acceso a información sensible, como datos personales, o que sea un medio de comunicación.
- Que el inversor esté controlado por el gobierno de otro país, haya invertido en sectores sensibles de otro Estado de la Unión o exista un riesgo grave de que se dedique a actividades delictivas.
El Gobierno puede añadir otros sectores por acuerdo del Consejo de Ministros.
Las excepciones y los inversores europeos
No toda inversión en esos sectores necesita autorización. Quedan fuera, entre otras, la compra de inmuebles que no están ligados a infraestructuras críticas y, en algunos sectores, la compra de sociedades cuya cifra de negocios no superó 5 millones de euros en el último ejercicio cerrado, si sus tecnologías no se desarrollaron en programas de particular interés para España.
Los inversores de otros países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio tienen un régimen temporal, que la norma vigente mantiene hasta el 31 de diciembre de 2026. Necesitan autorización en esos mismos sectores cuando invierten en sociedades que cotizan en un mercado oficial español o, si no cotizan, cuando la inversión supera los 500 millones de euros. Lo mismo vale para los residentes en España controlados desde esos países.
Cómo se pide y qué pasa sin ella
La solicitud se presenta ante la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones. Resuelve, en general, esa Dirección General si la inversión no pasa de 5 millones de euros y el Consejo de Ministros en los demás casos, con un informe previo de la Junta de Inversiones Exteriores. El plazo para resolver es de tres meses y, si pasa sin respuesta, la operación se entiende no autorizada. La autorización puede denegarse o concederse con condiciones.
Antes de invertir puede plantearse una consulta a la misma Dirección General, que tiene treinta días hábiles para contestar si la operación necesita autorización.
La inversión hecha sin la autorización necesaria no tiene validez ni efectos jurídicos mientras no se legalice. Hasta entonces el inversor no puede votar ni cobrar dividendos en la sociedad. Es además una infracción muy grave, castigada con una multa que puede llegar al importe de la operación y no baja de 30.000 euros. Por eso, cuando la operación puede necesitarla, el contrato se firma con la condición de obtenerla y debe decir quién asume el riesgo de que se deniegue o se conceda con condiciones.
Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.