¿Qué son las condiciones generales de la contratación entre empresarios?

Son las cláusulas que una empresa redacta de antemano para usarlas en muchos contratos y que la otra parte no negocia, sino que acepta en bloque, como las condiciones de venta que acompañan a un presupuesto. Entre empresarios son válidas, pero solo forman parte del contrato si la otra parte fue informada de que existían, pudo conocerlas y las aceptó. El control de las cláusulas abusivas que protege a los consumidores no se aplica entre empresas, salvo en lo que la ley de morosidad dice de los plazos de pago y de los intereses. Sí pueden discutirse las que no se incorporaron bien al contrato, las oscuras y las que chocan con una norma imperativa.

José Manuel Alburquerque

Alburquerque Abogados

Qué son

La ley llama condiciones generales a las cláusulas que una de las partes impone a la otra después de haberlas redactado para una pluralidad de contratos. Lo son las condiciones de venta o de compra de una empresa, las que figuran en sus pedidos y presupuestos o las de su web. La ley se aplica también cuando quien las acepta, al que llama adherente, es otro empresario.

No lo son las cláusulas que de verdad se negocian. Si en el mismo contrato hay unas y otras, lo negociado prevalece sobre la condición general que diga algo distinto, salvo que esta sea más favorable para el adherente.

Cómo se incorporan al contrato

Para que formen parte del contrato, la ley exige lo siguiente:

  • Que el contrato haga referencia a ellas.
  • Que quien las impone informe a la otra parte de su existencia y le facilite un ejemplar.
  • Que la otra parte acepte su incorporación, con su firma si el contrato se hace por escrito.
  • Que estén redactadas con claridad y sencillez.

Si el contrato no se firma por escrito, basta con que el adherente haya tenido una posibilidad efectiva de conocerlas al contratar, por ejemplo porque acompañaban al presupuesto que aceptó. No quedan incorporadas las que no pudo conocer de manera completa en ese momento ni las ilegibles, ambiguas u oscuras. Por eso, las condiciones que aparecen por primera vez en la factura o en el albarán llegan tarde, en principio, para ese pedido.

Es frecuente que el vendedor envíe sus condiciones con la oferta, el comprador las suyas con el pedido y que unas y otras se contradigan. La ley no dice cuáles prevalecen, así que conviene dejar por escrito, antes de empezar a trabajar, qué condiciones rigen la relación.

El control entre empresas

Un consumidor puede pedir que se anule una condición general por abusiva, es decir, por causarle un desequilibrio importante en contra de la buena fe. Entre empresarios ese control no existe y el Tribunal Supremo tampoco les aplica el control de transparencia reforzado de los consumidores.

Eso no significa que valga todo. Entre empresas siguen funcionando estos límites:

  • El plazo de pago y los intereses de demora. La ley de morosidad prohíbe pactar un plazo de pago superior a 60 días naturales y declara nulas las cláusulas sobre el plazo, los intereses o los costes de cobro que sean abusivas en perjuicio de quien tiene que cobrar, como la que excluye los intereses de demora.
  • Las demás normas imperativas. Es nula la condición general que las contradice en perjuicio del adherente. Tampoco vale, en un contrato con condiciones generales impuestas, la cláusula que somete los pleitos a los juzgados de una ciudad determinada de España.
  • La interpretación. Las dudas sobre el sentido de una condición general se resuelven en favor del adherente.
  • La buena fe. Las reglas generales de los contratos permiten discutir una cláusula impuesta que sea contraria a la buena fe y altere gravemente el equilibrio del contrato, aunque los tribunales lo admiten con mucha más cautela que cuando hay un consumidor.

La nulidad de una condición no hace caer el contrato, que sigue valiendo sin ella si puede subsistir.

Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.