¿Qué debe llevar un contrato de prestación de servicios entre empresas?

La ley no impone un contenido mínimo ni una forma, de modo que el contrato vale aunque sea breve o se cierre de palabra. Lo que conviene es que describa con precisión el servicio, el precio y el pago, la duración y la forma de terminarlo y lo que ocurre si una de las partes incumple. Según el servicio, hacen falta además pactos sobre la titularidad de lo que se cree, la confidencialidad y los datos personales. Algunas reglas se imponen a lo que se firme, como el plazo máximo de pago de 60 días entre empresas.

José Manuel Alburquerque

Alburquerque Abogados

Lo que la ley deja al contrato

Ni el Código de Comercio ni el Código civil dicen qué cláusulas debe tener un contrato de servicios. El Código civil le dedica unos pocos artículos y deja casi todo a lo que pacten las partes. Esos artículos rigen también en Cataluña, porque el Código Civil de Cataluña no regula este contrato. Lo que el contrato calle habrá que resolverlo después con reglas generales, que rara vez dan una respuesta clara.

Conviene aclarar, antes que nada, a qué se compromete quien presta el servicio. Si promete un resultado, como entregar una aplicación que funcione, incumple si el resultado no llega. Si solo promete poner los medios adecuados, como hace un asesor, cumple si trabaja con la diligencia propia de su profesión.

Las cláusulas que no deberían faltar

Un contrato completo recoge, al menos, lo siguiente:

  • Quiénes son las partes y quién firma por cada una, con el cargo o el poder que le permite obligar a su empresa.
  • Qué servicio se presta y qué queda fuera, con sus plazos, sus entregas y la forma en que el cliente da su conformidad.
  • Cuál es el precio, si es fijo, por horas o según resultados, qué gastos se pagan aparte, cuándo se factura y cómo se actualiza si el contrato dura varios años.
  • En qué plazo se paga, que entre empresas no puede pasar de 60 días naturales.
  • Cuánto dura el contrato, cómo se prorroga, con qué preaviso se puede no renovar o salir antes de tiempo y qué se paga en ese caso.
  • Qué pasa si alguien incumple, con las penalizaciones por retraso, las causas que permiten resolver el contrato y, si se quiere, un límite a la indemnización.
  • De quién son los derechos sobre lo que se cree y cómo se tratan la información confidencial y los datos personales.
  • Si el prestador puede subcontratar el trabajo.
  • Qué ley se aplica y qué tribunales o qué arbitraje deciden, sobre todo si la otra empresa es extranjera.

Lo que la ley impone

Además del plazo máximo de pago, la ley de morosidad fija unos intereses de demora para los retrasos entre empresas y no deja excluirlos en el contrato.

La indemnización se puede limitar, pero no cabe excluir la responsabilidad por dolo, es decir, por el incumplimiento deliberado. Tampoco vale cualquier límite. En 2026 el Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de la cláusula de un despacho de abogados que limitaba su responsabilidad a los honorarios cobrados.

Si el servicio consiste en crear algo protegido por derechos de autor, como un logotipo, unos textos o un programa de ordenador, pagar el encargo no convierte al cliente en titular de esos derechos. La cesión debe hacerse por escrito. Si no dice otra cosa, se limita a los usos indispensables para la finalidad del contrato, a cinco años y al país en que se hace.

Si el prestador va a manejar datos personales por cuenta del cliente, como los de sus clientes, el reglamento europeo de protección de datos obliga a regularlo en un contrato escrito, el de encargado del tratamiento.

Si quien presta el servicio es un autónomo, el contrato es el mismo. Que la relación sea en realidad laboral es otra cuestión.

Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.