¿Quién puede convocar una junta de socios?
La junta la convocan los administradores de la sociedad o, si está en liquidación, los liquidadores. Un socio no puede convocarla por su cuenta, por mucho capital que tenga. Lo que sí pueden hacer los socios que reúnan al menos el 5 % del capital es exigir a los administradores, con un requerimiento notarial, que la convoquen para tratar los asuntos que indiquen. Si no lo hacen, o si dejan pasar el plazo de la junta ordinaria, puede convocarla el registrador mercantil del domicilio social o el letrado de la Administración de Justicia de la sección de lo mercantil del tribunal de instancia que corresponda a ese domicilio.
Alburquerque Abogados
Los administradores y los liquidadores
Convocar la junta es una facultad de los administradores y también un deber. Tienen que hacerlo cuando lo consideren necesario o conveniente para la sociedad y, en todo caso, en las fechas que fijen la ley y los estatutos, como ocurre con la junta ordinaria de cada año. Quién decide la convocatoria depende de cómo esté organizada la administración:
- Si hay un administrador único, convoca él.
- Si hay varios administradores solidarios, que son los que pueden actuar cada uno por separado, basta con que convoque uno de ellos.
- Si hay administradores mancomunados, que son los que deben actuar juntos, tienen que convocar todos, salvo que los estatutos permitan expresamente hacerlo a una parte de ellos.
- Si hay consejo de administración, la convocatoria se decide por acuerdo del consejo.
Si la sociedad está en liquidación, convocan los liquidadores. El anuncio debe indicar el cargo de quien convoca. Si lo hace quien no tiene esa facultad, los acuerdos de la junta pueden impugnarse.
Hay dos situaciones especiales. Cuando muere o cesa alguno de los administradores mancomunados o la mayoría del consejo, sin que haya suplentes, cualquiera de los administradores que sigan en el cargo puede convocar la junta con el único fin de nombrar a los que faltan. Tampoco hace falta convocatoria de nadie cuando están presentes o representados todos los socios y aceptan por unanimidad reunirse, que es lo que se llama junta universal.
La petición de los socios minoritarios
Los socios que representen al menos el 5 % del capital pueden pedir a los administradores que convoquen la junta, indicando los asuntos que quieren tratar. Conviene hacerlo por medio de un notario, porque la ley obliga a convocarla para que se celebre dentro de los dos meses siguientes a la fecha del requerimiento notarial. Los asuntos pedidos tienen que figurar en el orden del día, que es la lista de los asuntos de la reunión.
Si los administradores no convocan
La convocatoria puede pedirse entonces a una autoridad en estos casos:
- Cuando los administradores no atienden la petición de los socios minoritarios.
- Cuando la junta ordinaria, o una junta que los estatutos obliguen a celebrar, no se ha convocado en su plazo. Puede pedirlo cualquier socio, tenga el capital que tenga.
- Cuando hay que nombrar administradores porque ha muerto o ha cesado el administrador único, todos los solidarios, alguno de los mancomunados o la mayoría del consejo, sin que haya suplentes. También puede pedirlo cualquier socio.
La solicitud se presenta, a elección de quien la hace, ante el registrador mercantil del domicilio social o ante el letrado de la Administración de Justicia, que es quien dirige la oficina judicial, de la sección de lo mercantil del tribunal de instancia que corresponda a ese domicilio. En los dos primeros casos se oye antes a los administradores. Quien convoca tiene un mes desde la solicitud para hacerlo, fija el lugar, el día, la hora y el orden del día de la junta y designa a su presidente y a su secretario. Contra la decisión de convocar la junta no cabe recurso.
Ante el registrador mercantil, los gastos de la convocatoria los paga la sociedad. La vía judicial es un expediente de jurisdicción voluntaria, es decir, un procedimiento sin pleito, para el que la ley exige abogado y procurador.
Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.