¿Cuáles son los derechos del socio minoritario en una sociedad limitada?

El socio minoritario de una sociedad limitada, o SL, tiene los mismos derechos que cualquier otro socio, aunque su voto pese menos. Participa en los beneficios que se repartan, tiene preferencia para asumir participaciones nuevas cuando el capital se amplía con dinero, asiste a la junta, vota y puede pedir información. Además, la ley reserva a la minoría unos derechos que no dependen del voto de la mayoría y que se ejercen con el 1 %, el 5 % o el 25 % del capital, según el caso, o incluso sin porcentaje mínimo. Los estatutos y los pactos entre socios pueden añadir otras protecciones.

José Manuel Alburquerque

Alburquerque Abogados

Los derechos de todo socio

La Ley de Sociedades de Capital reconoce a cada socio, sea cual sea su porcentaje, unos derechos mínimos:

  • Participar en el reparto de las ganancias y, si la sociedad se liquida, en el patrimonio que quede.
  • Asumir con preferencia las participaciones nuevas, en proporción a las que ya tiene, cuando el capital se amplía con aportaciones de dinero.
  • Asistir a la junta general y votar en ella. En la sociedad limitada, los estatutos no pueden exigir un número mínimo de participaciones para asistir.
  • Pedir información sobre los asuntos que se tratan en la junta y recibir las cuentas anuales antes de que se aprueben.
  • Consultar el libro registro de socios y obtener una certificación de los acuerdos y de las actas de las juntas.

Estos derechos no dan al minoritario la capacidad de decidir. Los acuerdos se adoptan por mayoría y obligan a todos los socios, también a los que votan en contra o no asisten.

Los derechos que la ley reserva a la minoría

Para equilibrar ese poder, la ley da a la minoría unos derechos que la mayoría no puede negarle. Varios socios pueden sumar sus participaciones para llegar al porcentaje que exige cada uno de esos derechos, que son los siguientes:

  • Convocatoria de la junta. Los socios con al menos el 5 % del capital pueden requerir ante notario a los administradores para que convoquen una junta sobre los asuntos que indiquen, que debe celebrarse en los dos meses siguientes. Si no lo hacen, puede convocarla el registrador mercantil o el letrado de la Administración de Justicia, que dirige la oficina del juzgado.
  • Información y examen de la contabilidad. Si la petición de información la apoya el 25 % del capital, los administradores no pueden negarla. Con el 5 % se pueden examinar en el domicilio social los documentos que soportan las cuentas anuales, salvo que los estatutos digan otra cosa.
  • Notario en la junta. Con el 5 % se puede exigir que un notario levante el acta de la junta, si se pide con cinco días de antelación.
  • Auditor. Con el 5 % se puede pedir al registrador mercantil que nombre un auditor a cargo de la sociedad, dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio, si la sociedad no está obligada a auditarse.
  • Impugnación de los acuerdos. Con el 1 % se pueden impugnar ante el juez los acuerdos contrarios a la ley o a los estatutos y los que lesionan el interés de la sociedad en beneficio de algunos socios o de terceros, en general en el plazo de un año.
  • Separación. Cualquier socio, sin porcentaje mínimo, puede dejar la sociedad y cobrar el valor de sus participaciones en los casos que prevén la ley o los estatutos, entre ellos que la junta no reparta como dividendo al menos el 25 % de los beneficios del ejercicio anterior, con los requisitos que fija la ley.
  • Acción social de responsabilidad. Con el 5 % se puede reclamar a los administradores, en interés de la sociedad, el daño que le hayan causado, cuando la sociedad no lo hace.

Lo que pueden cambiar los estatutos y los pactos

Los estatutos pueden reforzar la posición de la minoría, por ejemplo exigiendo mayorías más altas para ciertos acuerdos, sin llegar a la unanimidad, o rebajando el porcentaje necesario para impugnar. Los pactos de socios pueden ir más lejos, aunque en principio solo obligan a quienes los firman y no a la sociedad.

En sentido contrario, algunos de estos derechos admiten que los estatutos digan otra cosa, como el examen de los documentos contables o la separación por falta de dividendos. Conviene leerlos antes de dar un derecho por seguro.

Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.