¿Es obligatorio repartir dividendos?
No, la ley no obliga a la sociedad a repartir beneficios cada año. Lo decide por mayoría la junta de socios cuando aprueba las cuentas y acuerda el destino del resultado, que puede dejar en la sociedad como reservas. Pero esa libertad tiene dos límites. Si la junta no acuerda repartir al menos el 25 % de los beneficios del ejercicio anterior que la ley permite repartir, el socio que cumpla los requisitos legales puede separarse de la sociedad y cobrar el valor razonable de sus participaciones. Además, el acuerdo de no repartir puede anularse si la mayoría lo impone de forma abusiva.
Alburquerque Abogados
Quién decide y cuándo el reparto es obligado
Todo socio tiene derecho a participar en las ganancias de la sociedad, pero ese derecho no le permite exigir un dividendo cada año. Es la junta la que decide, al aprobar las cuentas, si el beneficio se reparte, se lleva a reservas o se destina a compensar pérdidas. Solo cuando la junta acuerda el reparto nace para el socio un derecho concreto a cobrar. Dejar beneficios en la sociedad puede ser razonable, por ejemplo para financiar inversiones o devolver deuda.
Hay casos en los que el reparto sí es obligado. Los estatutos pueden fijar un dividendo mínimo, que entonces vincula a la junta. Si la sociedad tiene participaciones sin voto, debe acordar el dividendo mínimo que les reconocen los estatutos siempre que haya beneficios repartibles. Lo mismo ocurre con las participaciones que tienen un dividendo preferente, salvo que los estatutos digan otra cosa. Los socios pueden además comprometerse a un reparto mínimo en un pacto de socios, que obliga a quienes lo firman pero, en principio, no a la sociedad.
El reparto mínimo del 25 % y el derecho de separación
La Ley de Sociedades de Capital no impone un dividendo, pero da una salida al socio cuando la sociedad gana dinero y no lo reparte. Una vez transcurrido el quinto ejercicio desde la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil, si la junta no acuerda repartir como dividendo al menos el 25 % de los beneficios del ejercicio anterior que sean legalmente repartibles, el socio que haya hecho constar en el acta su protesta por la insuficiencia del dividendo tiene derecho de separación. Separarse es dejar la sociedad y recibir de ella el valor razonable de sus participaciones. En la práctica, ese 25 % funciona como el reparto mínimo que la sociedad tiene que acordar si quiere evitar que el socio disconforme pueda marcharse cobrando su parte.
El derecho tiene más condiciones. Entre otras, la sociedad tiene que haber obtenido beneficios en los tres ejercicios anteriores y el socio dispone de un mes desde la junta ordinaria, la que aprueba las cuentas, para ejercitarlo. No nace si en los últimos cinco años ya se ha repartido al menos el 25 % de los beneficios repartibles de ese periodo. Los estatutos pueden suprimirlo o modificarlo, para lo que hace falta el consentimiento de todos los socios o reconocer el derecho a separarse a quien no vote a favor. La ley lo excluye además en algunas sociedades, como las cotizadas o las que están en concurso.
Cuando no repartir es un abuso de la mayoría
Aunque no se cumplan los requisitos de la separación, o aunque el socio prefiera seguir en la sociedad, el acuerdo de no repartir se puede impugnar si es abusivo. La ley considera abusivo el acuerdo que la mayoría adopta en interés propio y en perjuicio injustificado de los demás socios, sin que responda a una necesidad razonable de la sociedad. Un ejemplo es la sociedad que acumula reservas año tras año sin necesitarlas mientras los socios mayoritarios cobran por otras vías, como su retribución de administradores.
Los tribunales han anulado acuerdos de este tipo y, cuando a la junta no le quedaba margen para decidir otra cosa, han llegado a ordenar el reparto. El derecho de separación no cierra esta vía, porque la ley deja a salvo las acciones de impugnación y de responsabilidad. El plazo para impugnar es de un año, salvo excepciones. La ley exige, en general, intentar un acuerdo antes de demandar.
Para la sociedad, lo prudente es que el acta de la junta recoja las razones por las que se retiene el beneficio.
Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.