¿Cuándo se puede hacer el reparto de dividendos?

Cuando la sociedad tiene beneficios que la ley permite repartir y la junta de socios acuerda repartirlos. Lo normal es que lo decida una vez al año, en la junta que aprueba las cuentas del ejercicio anterior, que debe celebrarse en los seis primeros meses del ejercicio. Solo se puede repartir lo que queda después de dotar la reserva legal y las demás reservas obligatorias y siempre que el patrimonio neto, que es lo que la sociedad tiene menos lo que debe, no quede por debajo del capital social. También se pueden repartir reservas de libre disposición de años anteriores y, con ciertas condiciones, cantidades a cuenta del beneficio del año en curso. El pago se hace cuando diga la junta y, como máximo, en doce meses desde el acuerdo.

José Manuel Alburquerque

Alburquerque Abogados

Las condiciones que pone la ley

La junta decide qué se hace con el resultado de cada ejercicio a la vista del balance que ha aprobado. Para que una parte se reparta como dividendo, la Ley de Sociedades de Capital exige que se cumplan estas condiciones:

  • Que antes se hayan cubierto las reservas obligatorias. La principal es la reserva legal, a la que hay que destinar el 10 % del beneficio, o al menos el 20 % en las sociedades limitadas con un capital inferior a 3.000 euros, hasta alcanzar el límite que fija la ley. Si los estatutos imponen otras reservas, también van por delante del dividendo.
  • Que el patrimonio neto no sea inferior al capital social ni pase a serlo como consecuencia del reparto.
  • Que no haya pérdidas de años anteriores que dejen el patrimonio neto por debajo del capital. Si las hay, el beneficio tiene que destinarse primero a compensarlas.
  • Que las reservas disponibles sean, como mínimo, iguales a los gastos de investigación y desarrollo que figuren en el activo del balance.

Si se reparte sin respetar estos límites, los socios que cobraron sabiendo que el reparto era irregular, o sin poder ignorarlo, tienen que devolver a la sociedad lo cobrado con el interés legal.

El momento del acuerdo

El dividendo puede acordarse en tres momentos distintos:

  • En la junta ordinaria, que cada año aprueba las cuentas del ejercicio anterior y decide el destino del resultado. Debe reunirse en los seis primeros meses del ejercicio, aunque sigue siendo válida si se celebra más tarde. Si el ejercicio coincide con el año natural, lo habitual es que el dividendo se acuerde antes del 30 de junio.
  • En cualquier otra junta, cuando lo que se reparte son reservas de libre disposición, es decir, beneficios de años anteriores que se quedaron en la sociedad sin un destino obligatorio. Los límites son los mismos.
  • Durante el ejercicio o en el siguiente, antes de que los administradores formulen las cuentas, es decir, las preparen y las firmen, como dividendo a cuenta. Pueden acordarlo la junta o los administradores si un estado contable preparado por estos demuestra que hay liquidez suficiente. La cantidad no puede superar el resultado obtenido desde el cierre del último ejercicio, una vez restadas las pérdidas de años anteriores, las reservas obligatorias y el impuesto previsto.

Para acordar el dividendo basta la mayoría ordinaria de la junta, salvo que los estatutos exijan una mayor.

El pago

La junta fija en el propio acuerdo cuándo y cómo se paga el dividendo. Si no dice nada, se puede cobrar en el domicilio social desde el día siguiente al del acuerdo. En todo caso, la ley da un plazo máximo de doce meses desde la fecha del acuerdo para que esté pagado por completo.

Desde que la junta lo acuerda, el dividendo es una deuda de la sociedad con cada socio. El derecho a cobrarlo prescribe, es decir, se pierde por el paso del tiempo, a los cinco años desde el día fijado para empezar a pagarlo. El dividendo tiene además consecuencias fiscales para la sociedad y para el socio, que son otra cuestión.

Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.