¿Qué pasa si el patrimonio neto es inferior al capital social?

Depende de cuánto haya bajado. Mientras el patrimonio neto siga por encima de la mitad del capital, la sociedad no tiene que disolverse, aunque no puede repartir dividendos y, si es anónima, puede quedar obligada a reducir el capital. Si las pérdidas lo dejan por debajo de la mitad del capital, la sociedad está en causa legal de disolución y los administradores tienen dos meses para convocar la junta, que puede acordar la disolución o las medidas que eliminen la causa. Si no la convocan, responden personalmente de las deudas posteriores de la sociedad. Hasta el cierre del ejercicio que se inicie en 2026, las pérdidas de 2020 y 2021 no cuentan para saber si existe esa causa.

José Manuel Alburquerque

Alburquerque Abogados

Por debajo del capital y por encima de la mitad

El patrimonio neto es, dicho de forma sencilla, la diferencia entre lo que la sociedad tiene y lo que debe. Al constituirse la sociedad coincide normalmente con el capital. Después sube con los beneficios que no se reparten y baja con las pérdidas.

Que quede por debajo del capital significa que la sociedad ha perdido parte de lo que aportaron los socios. Mientras no baje de la mitad del capital, la ley no obliga a disolverla. La consecuencia principal es que no se pueden repartir dividendos, porque los beneficios tienen que destinarse primero a compensar esas pérdidas.

En la sociedad anónima hay una regla más. Si el patrimonio neto baja de las dos terceras partes del capital y pasa un ejercicio sin que se recupere, la sociedad está obligada a reducir el capital.

Por debajo de la mitad del capital

Cuando las pérdidas dejan el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital, la sociedad está en causa legal de disolución. No se disuelve sola, pero la ley impone desde ese momento estos pasos:

  • Los administradores tienen que convocar la junta en el plazo de dos meses. Cualquier socio puede pedirles que lo hagan.
  • La junta puede acordar la disolución o, si figura en el orden del día, las medidas que eliminen la causa, como aumentar o reducir el capital en la medida suficiente.
  • Si la junta no se convoca, no se celebra o no adopta ninguno de esos acuerdos, cualquier interesado puede pedir la disolución judicial. Los administradores están obligados a pedirla, también en dos meses, cuando la junta rechaza la disolución o no logra acordarla.

Los administradores que incumplen estas obligaciones responden con su propio patrimonio, cada uno por el total, de las deudas de la sociedad posteriores a la causa de disolución.

Conviene no esperar a la aprobación de las cuentas anuales. Los tribunales cuentan los dos meses desde que los administradores conocieron o debieron conocer las pérdidas.

Si la sociedad, además de tener pérdidas, es insolvente, es decir, no puede pagar con regularidad sus deudas a su vencimiento, lo que procede no es la disolución sino solicitar el concurso de acreedores o, si es una microempresa, el procedimiento especial previsto para ellas, en el plazo legal.

Las pérdidas de 2020 y 2021

Desde la pandemia rige una regla excepcional, que se ha renovado varias veces. La vigente es la del Real Decreto-ley 7/2026, en vigor desde el 22 de marzo de 2026 y convalidado por el Congreso. Para saber si hay causa de disolución por pérdidas no se tienen en cuenta las de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en 2026. En una sociedad cuyo ejercicio coincide con el año natural, la excepción alcanza a las cuentas que se cierran el 31 de diciembre de 2026.

La regla tiene límites. Las pérdidas de los demás ejercicios sí cuentan. Si, descontadas las de 2020 y 2021, el resultado de alguno de los ejercicios 2022 a 2026 deja el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital, hay que convocar la junta en los dos meses siguientes al cierre del ejercicio. La excepción vale solo para la causa de disolución y no dispensa de solicitar el concurso si la sociedad es insolvente. Si no se aprueba otra prórroga, las pérdidas de 2020 y 2021 volverán a contar después.

Hay otra excepción parecida, con el mismo límite temporal, para las pérdidas causadas por la dana de finales de octubre de 2024, que deben identificarse en la memoria de las cuentas anuales.

Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.