¿Cuáles son las obligaciones de los administradores de una sociedad?

Los administradores de una sociedad limitada o anónima tienen que gestionarla y representarla con la diligencia de un ordenado empresario y con la lealtad de un fiel representante, los dos deberes generales que les impone la Ley de Sociedades de Capital. Tienen además obligaciones concretas con plazo, como formular las cuentas anuales en los tres meses siguientes al cierre del ejercicio, convocar la junta de socios y depositar las cuentas aprobadas en el Registro Mercantil. Si la sociedad entra en una causa legal de disolución, deben convocar la junta en dos meses y, si es insolvente, solicitar el concurso de acreedores o, si es una microempresa, el procedimiento especial previsto para ellas, en el plazo legal.

José Manuel Alburquerque

Alburquerque Abogados

Los deberes de diligencia y de lealtad

El deber de diligencia obliga al administrador a dedicar al cargo el tiempo necesario, a informarse antes de decidir y a vigilar la marcha de la sociedad. No le obliga a acertar. En las decisiones de negocio, la ley lo da por cumplido si actuó de buena fe, sin interés personal, con información suficiente y siguiendo un procedimiento adecuado. Por eso conviene dejar constancia escrita de las razones de cada decisión de peso.

El deber de lealtad le obliga a actuar de buena fe y en el mejor interés de la sociedad, por delante del suyo propio. De él salen estas obligaciones:

  • No usar sus facultades para fines distintos de aquellos para los que se le concedieron.
  • Guardar secreto sobre lo que conozca por el cargo, también después de dejarlo.
  • No intervenir en las decisiones en las que él o una persona vinculada a él, como su cónyuge o sus hijos, tengan un conflicto de intereses y comunicar ese conflicto a los demás administradores o a la junta.
  • No aprovechar en beneficio propio los bienes, la información ni las oportunidades de negocio de la sociedad, ni hacerle competencia.

La sociedad puede dispensar algunas de estas prohibiciones en casos concretos, pero los estatutos no pueden rebajar el deber de lealtad.

Las obligaciones concretas del cargo

La ley encarga además a los administradores tareas concretas. Las principales son estas:

  • Llevar la contabilidad y los libros de la sociedad, entre ellos el de actas y, en la sociedad limitada, el libro registro de socios.
  • Formular las cuentas anuales en los tres meses siguientes al cierre del ejercicio, con la firma de todos los administradores.
  • Convocar la junta cuando convenga a la sociedad o lo pidan socios con al menos el 5 % del capital y, en todo caso, la junta ordinaria que aprueba las cuentas, que debe reunirse en los seis primeros meses del ejercicio.
  • Depositar las cuentas aprobadas en el Registro Mercantil en el mes siguiente a su aprobación.

Las obligaciones fiscales y laborales de la empresa, que en la práctica también dependen del administrador, son otra cuestión.

Cuando la sociedad entra en dificultades

La publicación insiste en una idea. Las pérdidas y la falta de liquidez no suspenden los deberes del administrador, sino que los hacen más exigentes.

El momento decisivo es la aparición de una causa legal de disolución. La más frecuente es la de pérdidas, cuando dejan el patrimonio neto, que a grandes rasgos es lo que la sociedad tiene menos lo que debe, por debajo de la mitad del capital social. Los administradores tienen entonces dos meses para convocar la junta, que deberá acordar la disolución o las medidas que eliminen la causa, como aumentar o reducir el capital. Si la junta no se celebra o no adopta ninguno de esos acuerdos, tienen otros dos meses para pedir la disolución al juez.

Si la sociedad es insolvente, es decir, si no puede pagar con regularidad las deudas que le vencen, lo que procede es el concurso de acreedores o, si es una microempresa, el procedimiento especial previsto para ellas, que deben solicitar en los dos meses siguientes a la fecha en que conocieron o debieron conocer la insolvencia.

El administrador que incumple puede tener que responder con su patrimonio de los daños que cause y, en algunos casos, de las deudas de la sociedad, lo que es otra cuestión.

Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.