¿Qué es la acción social de responsabilidad del administrador?

Es la reclamación con la que la sociedad exige a su administrador que repare el daño que ha causado al patrimonio de la propia sociedad con una actuación contraria a la ley, a los estatutos o a los deberes del cargo. La decide la junta de socios por mayoría ordinaria y el acuerdo supone la destitución del administrador afectado. Si la sociedad no reclama, pueden hacerlo en su lugar los socios que tengan al menos el 5 % del capital y, en último término, los acreedores. Lo que se obtiene es para la sociedad, no para quien demanda. El plazo es de cuatro años desde que la acción pudo ejercitarse.

José Manuel Alburquerque

Alburquerque Abogados

Qué se reclama

Los administradores responden frente a la sociedad del daño que le causen con actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos, o incumpliendo los deberes de su cargo, siempre que haya dolo o culpa. Si el acto es contrario a la ley o a los estatutos, la culpa se presume. Son ejemplos habituales cobrar de la sociedad cantidades que no le corresponden, vender bienes de la sociedad por debajo de su valor a personas del entorno del administrador o desviar negocio a otra empresa suya.

Que la junta hubiera autorizado o ratificado el acto no libra al administrador. Si son varios, responden de forma solidaria todos los que adoptaron el acuerdo o realizaron el acto. Solo se libra quien pruebe que no intervino y que, además, lo desconocía, hizo lo posible por evitar el daño o se opuso expresamente.

La indemnización entra en el patrimonio de la sociedad, no en el de los socios. Si el administrador ha dañado directamente el patrimonio de un socio o de un tercero, la vía es otra, la acción individual.

Quién puede ejercerla

La ley establece un orden entre quienes pueden demandar:

  • La sociedad, previo acuerdo de la junta. Cualquier socio puede pedir que se vote aunque el asunto no figure en el orden del día. Basta la mayoría ordinaria, sin que los estatutos puedan exigir otra. El acuerdo conlleva la destitución de los administradores afectados.
  • Los socios que tengan, solos o juntos, al menos el 5 % del capital, que es el porcentaje que permite pedir la convocatoria de la junta. Pueden demandar en interés de la sociedad si los administradores no convocan la junta pedida para tratarlo, si la junta vota en contra o si la sociedad no presenta la demanda en el mes siguiente al acuerdo. Si la reclamación se basa en la infracción del deber de lealtad, pueden demandar directamente, sin pasar por la junta.
  • Los acreedores de la sociedad, si no demandan ni la sociedad ni los socios y el patrimonio social no alcanza para pagar sus créditos.

La vía de la minoría es la habitual cuando el administrador es además el socio mayoritario y la junta rechaza reclamarle. Si la demanda se estima en todo o en parte, la sociedad tiene que reembolsar al socio los gastos necesarios, con los límites que fija la ley.

Plazo, renuncia y abusos

La acción prescribe a los cuatro años desde el día en que pudo ejercitarse. La aprobación de las cuentas anuales no impide ejercerla ni supone renunciar a ella. La junta puede renunciar a la acción o pactar con el administrador en cualquier momento, salvo que se opongan socios que representen el 5 % del capital.

La acción social existe para reparar un daño real a la sociedad. Cuando la mayoría impone un acuerdo en su propio interés, sin una necesidad razonable de la sociedad y en perjuicio injustificado de los demás socios, el acuerdo puede impugnarse por abuso de mayoría. Los tribunales han aplicado esa doctrina a los acuerdos que usan la acción social como simple instrumento para otro fin.

La demanda se presenta ante la sección de lo mercantil del tribunal de instancia. La ley exige, en general, intentar un acuerdo antes de demandar.

Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.