¿Cuál es la responsabilidad de los administradores en caso de concurso?

Que la sociedad entre en concurso no hace responder a sus administradores de las deudas de la sociedad. La responsabilidad propia del concurso aparece cuando el juez lo califica como culpable y los declara personas afectadas. En ese caso quedan inhabilitados, pierden sus créditos contra la sociedad y pueden ser condenados a devolver lo que obtuvieron indebidamente y a indemnizar los daños. Si se ha abierto la liquidación, el juez puede condenarles además a pagar con su patrimonio todo o parte de lo que los acreedores no cobren, en la medida en que su conducta generó o agravó la insolvencia. Si el concurso es fortuito no hay esa responsabilidad, aunque otras vías para reclamarles, como la de no haber disuelto la sociedad a tiempo, siguen sus propias reglas.

José Manuel Alburquerque

Alburquerque Abogados

La regla y el concurso culpable

Las deudas de una sociedad limitada o anónima las paga la sociedad con su patrimonio. El concurso no cambia esa regla. Lo que añade es una responsabilidad que depende de su calificación. Si el concurso es fortuito, los administradores no la tienen.

Si es culpable, la sentencia inhabilita a los administradores afectados durante un período de dos a quince años, les priva de los créditos que tuvieran contra la sociedad y puede condenarles a devolver lo que obtuvieron indebidamente y a indemnizar los daños. A eso puede sumarse la condena a cubrir el déficit, que es la que puede afectar más a su patrimonio. El detalle de las demás consecuencias es otra cuestión.

La condena a cubrir el déficit

El déficit es la diferencia entre el valor de los bienes que figura en el inventario del administrador concursal y la suma de los créditos reconocidos en la lista de acreedores. A grandes rasgos, es lo que falta para pagar a todos.

El juez puede condenar a los administradores a cubrirlo, en todo o en parte, si se cumplen estas condiciones:

  • Que el concurso se haya calificado como culpable y el administrador haya sido declarado persona afectada. Pueden serlo los administradores y liquidadores, de derecho o de hecho, los directores generales y quienes tuvieron esos cargos en los dos años anteriores a la declaración del concurso.
  • Que la calificación se produzca con la liquidación abierta, es decir, cuando los bienes se van a vender para pagar a los acreedores.
  • Que la conducta que hizo culpable el concurso haya generado o agravado la insolvencia. La condena se ajusta a esa medida, de modo que no tiene por qué alcanzar todo el déficit.

Si los condenados son varios, la sentencia tiene que concretar la cantidad que corresponde a cada uno según su participación en los hechos. Para asegurar el pago, el juez puede embargar como medida cautelar, desde la declaración del concurso, bienes de los administradores, liquidadores y directores generales, también de quienes lo fueron en los dos años anteriores, cuando sea fundado que pueden acabar condenados a cubrir el déficit.

Las otras vías para reclamarles

El concurso cambia también quién puede reclamar a los administradores por otras vías y cuándo.

La acción social de responsabilidad, con la que la sociedad reclama al administrador el daño que le causó, pasa a corresponder en exclusiva al administrador concursal desde la declaración del concurso. La resuelve el juez del concurso.

La responsabilidad por no haber promovido la disolución de la sociedad cuando la ley lo exigía permite a los acreedores reclamar a los administradores las deudas nacidas después de la causa de disolución. Durante el concurso queda en pausa. Desde la declaración hasta que el convenio es eficaz o, si no lo hay, hasta que el concurso termina, no se admiten demandas nuevas por esa vía y las que ya estaban en marcha quedan en suspenso. Sus requisitos son otra cuestión.

La reclamación de un acreedor por el daño que el administrador le causó directamente, las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social que se reclaman al administrador y los avales que haya firmado personalmente tienen sus propias reglas, que también son otra cuestión.

Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.