¿Cómo se aprueba un plan de reestructuración?
Lo aprueban los acreedores cuyos créditos cambian con el plan, que votan agrupados en clases. Una clase lo aprueba cuando votan a favor acreedores que suman más de dos tercios del importe de sus créditos, o tres cuartos si son créditos con garantía real, como una hipoteca. En general, si el plan exige acuerdos de la junta, como un aumento de capital, tienen que aprobarlo también los socios por mayoría ordinaria. En algunos casos hace falta además la aprobación del propio deudor. Después se formaliza ante notario y, para que obligue a quienes no lo votaron a favor, el juez tiene que homologarlo.
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Quién vota y cómo se forman las clases
La propuesta de plan tiene que comunicarse de forma individual, por correo postal o electrónico, a todos los acreedores cuyos créditos puedan quedar afectados. Votan todos los acreedores afectados. Si una deuda está avalada por un tercero, vota el acreedor, no el avalista.
Los acreedores no votan todos juntos, sino agrupados en clases que reúnen a quienes tienen un interés común según criterios objetivos. Las reglas principales son estas:
- En principio, tienen un interés común los créditos que en un concurso de acreedores tendrían el mismo rango, es decir, el mismo lugar en el orden de cobro.
- Los créditos de un mismo rango pueden separarse en clases distintas cuando hay razones suficientes, por ejemplo para no mezclar a los bancos con los proveedores o según cómo afecte el plan a cada uno.
- Las pequeñas y medianas empresas acreedoras a las que el plan imponga un sacrificio de más del 50 % de su crédito tienen que formar una clase aparte.
- Los créditos con garantía real forman una sola clase, salvo que los bienes gravados sean tan distintos que justifiquen separarlos.
- Las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social forman una clase separada dentro de su rango.
Las mayorías
Cada clase vota por separado y lo que cuenta es el importe de los créditos, no el número de acreedores. Una clase aprueba el plan cuando votan a favor acreedores que suman más de dos tercios del importe total de los créditos de esa clase. Si está formada por créditos con garantía real, hacen falta tres cuartos. En una clase de proveedores cuyos créditos suman 900.000 euros, el plan queda aprobado si votan a favor proveedores con créditos de más de 600.000 euros. Como la mayoría se calcula sobre el total de la clase, el acreedor que no vota pesa lo mismo que el que vota en contra.
El plan aprobado se formaliza ante notario, con una certificación del experto en la reestructuración o, si no se ha nombrado, de un auditor, que confirma que se han alcanzado las mayorías.
Si alguna clase vota en contra, el plan todavía puede imponerse en algunos casos, pero eso depende de la homologación del juez, que es otra cuestión.
La aprobación de los socios y del deudor
Si el plan incluye medidas que necesitan un acuerdo de la junta, como un aumento de capital o la conversión de deuda en participaciones, los socios lo votan con estas reglas especiales:
- Basta un plazo de diez días entre la convocatoria y la junta.
- El orden del día se limita a aprobar o rechazar el plan entero, sin otros asuntos.
- Bastan el quórum y la mayoría ordinarios que fija la ley, aunque los estatutos exijan mayorías más altas.
- El acuerdo solo puede impugnarse por la misma vía y en el mismo plazo que la homologación.
Si la sociedad está en insolvencia actual o inminente, el plan puede homologarse aunque los socios no lo aprueben, salvo en las empresas con no más de cuarenta y nueve trabajadores y un volumen de negocio o un balance anual de no más de diez millones de euros que no formen parte de un grupo obligado a consolidar cuentas. En ellas hace falta siempre la aprobación del deudor y, en su caso, de sus socios. Si el deudor es una persona física, el plan necesita también su aprobación.
Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.