¿Qué es la homologación del plan de reestructuración?
Es la aprobación del plan por el juez, que lo hace obligatorio también para los acreedores y los socios que no lo votaron a favor. Sin homologación, el plan solo obliga a quienes lo firman. La pide el deudor o cualquier acreedor afectado que haya firmado el plan, con abogado y procurador, al juez de la sección de lo mercantil del tribunal de instancia. La ley le da quince días para resolver desde que se publica la admisión de la solicitud. Los acreedores que no votaron a favor pueden impugnar después la homologación ante la Audiencia Provincial.
Alburquerque Abogados
Cuándo hace falta
La homologación es necesaria cuando con el plan se pretende alguna de estas cosas:
- Extender sus efectos a acreedores o clases de acreedores que no lo han votado a favor, o a los socios de la sociedad deudora.
- Poner fin a contratos de la empresa porque interesa a la reestructuración.
- Proteger la financiación que recibe la empresa durante la negociación o que prevé el plan, para que no pueda rescindirse en un concurso posterior y cobre en él con preferencia.
Cómo se tramita
En una sociedad, la decisión de pedir la homologación corresponde al órgano de administración. La solicitud se acompaña de la copia del documento notarial del plan con la certificación de las mayorías y, si lo hay, del informe del experto en la reestructuración. Decide el juez de la sección de lo mercantil del tribunal de instancia que sería competente para el concurso de la empresa o, si se había comunicado la apertura de negociaciones, el del juzgado que recibió esa comunicación.
Al admitir la solicitud, el juez prohíbe iniciar ejecuciones contra los bienes del deudor y paraliza las que estén en marcha hasta que resuelva. La admisión se publica en el Registro Público Concursal y el juez resuelve por auto en los quince días siguientes. Homologa el plan salvo que de los documentos resulte de forma manifiesta que no cumple los requisitos de la ley. Los principales son estos:
- Que el plan ofrezca una perspectiva razonable de evitar el concurso y de asegurar la viabilidad de la empresa a corto y medio plazo.
- Que lo hayan aprobado todas las clases y, cuando la ley lo exige, el deudor o los socios. Si alguna clase votó en contra, la ley permite imponérselo en algunos casos, para lo que hace falta un experto en la reestructuración.
- Que los créditos de una misma clase reciban el mismo trato.
- Que el plan se haya comunicado a todos los acreedores afectados.
El solicitante puede pedir que los afectados tengan ocasión de oponerse antes de la homologación. Tienen entonces quince días y el juez resuelve por sentencia en un mes, sin recurso.
Qué efectos tiene y cómo se impugna
Homologado el plan, sus efectos se extienden de inmediato a todos los créditos afectados, al deudor y a los socios, aunque el auto no sea firme. Los acreedores que no votaron a favor conservan sus derechos frente a los avalistas y demás garantes de su crédito. Para los que votaron a favor, depende de lo pactado con el garante y, si no se pactó nada, de las normas de la garantía.
Los acreedores afectados que no votaron a favor pueden impugnar el auto ante la Audiencia Provincial en los quince días siguientes a su publicación en el Registro Público Concursal. Pueden alegar, entre otros motivos, que las clases o las mayorías no son correctas, que su crédito se rebaja de forma manifiestamente mayor de lo necesario para que la empresa sea viable o que con el plan salen peor parados que en una liquidación en concurso. Los de una clase que votó en contra tienen motivos propios, como recibir un trato peor que otra clase del mismo rango.
La impugnación no suspende el plan y la sentencia no admite recurso. Si se estima, el plan deja de aplicarse a quien impugnó, que tiene derecho a una indemnización del deudor si los efectos ya no pueden revertirse. Si el motivo es que faltaban las mayorías o que las clases estaban mal formadas, el plan entero queda sin efecto.
Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.