¿Qué pasa si no se aprueba el plan de reestructuración?

Depende de quién no lo apruebe. Si lo rechazan algunas clases de acreedores, el juez todavía puede homologarlo e imponerlo a las que votaron en contra, siempre que lo hayan aprobado las clases que exige la ley. Si el plan necesita un acuerdo de la junta y los socios lo rechazan, solo puede seguir adelante sin ellos cuando la sociedad está en insolvencia actual o inminente y no es una pequeña empresa. Si el plan no puede homologarse, las deudas siguen como estaban y, si la empresa no puede pagarlas, sus administradores tienen que pedir el concurso de acreedores.

José Manuel Alburquerque

Alburquerque Abogados

Si votan en contra algunas clases de acreedores

Cada clase aprueba el plan cuando votan a favor acreedores que suman más de dos tercios del importe de sus créditos, o tres cuartos si son créditos con garantía real. Si alguna clase no llega, el juez puede homologar el plan igualmente si lo han aprobado:

  • La mayoría simple de las clases, siempre que al menos una sea de créditos que en un concurso tendrían privilegio, como los que tienen hipoteca u otra garantía real.
  • En su defecto, al menos una clase que razonablemente habría cobrado algo si la empresa se valorase como negocio en funcionamiento. Para ello hace falta un informe del experto en la reestructuración sobre ese valor.

Para imponer el plan a una clase que ha votado en contra es obligatorio nombrar un experto en la reestructuración. Las pequeñas empresas, que son las que tienen no más de cuarenta y nueve trabajadores y un volumen de negocio o un balance anual de no más de diez millones de euros y no forman parte de un grupo obligado a consolidar cuentas, tienen además una regla propia. Su plan puede homologarse aunque no lo aprueben todas las clases si las que votaron en contra reciben un trato más favorable que cualquier clase de rango inferior.

Los acreedores de las clases que votaron en contra pueden impugnar después la homologación por motivos propios, por ejemplo si su clase recibe un trato peor que otra del mismo rango o si cobra menos de lo que se le debe mientras una clase de rango inferior o los socios conservan algo.

Si lo rechazan los socios o el deudor

Cuando el plan incluye medidas que necesitan un acuerdo de la junta, como un aumento de capital o la conversión de deuda en participaciones, el rechazo de los socios tiene consecuencias distintas según la situación de la sociedad:

  • En probabilidad de insolvencia, el plan no puede homologarse sin ese acuerdo.
  • En insolvencia actual o inminente, puede homologarse aunque los socios no lo aprueben. Además, los socios no tienen entonces derecho preferente a suscribir las acciones o participaciones nuevas, lo que puede llevar a que los acreedores pasen a controlar la sociedad.

El rechazo impide siempre la homologación en dos casos. El primero, si el deudor es una persona física y no aprueba el plan. El segundo, si es una pequeña empresa, porque la ley exige entonces la aprobación del deudor y, en su caso, de sus socios.

Si el plan no sale adelante

Si no se consigue ninguna de estas aprobaciones, el plan no puede homologarse y no obliga a los acreedores que no lo aceptaron. Las deudas siguen en sus condiciones y los acreedores pueden reclamarlas.

Si la empresa había comunicado al juzgado la apertura de negociaciones con los acreedores, lo que se conoce como preconcurso, la protección frente a las ejecuciones termina cuando se agotan sus efectos. Si para entonces no ha alcanzado un plan y está en insolvencia actual, tiene que pedir el concurso de acreedores dentro del mes siguiente. Si no hubo esa comunicación, sus administradores deben pedirlo en los dos meses siguientes a la fecha en que conocieron o debieron conocer la insolvencia. Cuánto duran los efectos del preconcurso es otra cuestión.

La homologación también puede caer después. Si la Audiencia Provincial estima una impugnación porque no se alcanzaron las mayorías o porque las clases estaban mal formadas, el plan entero queda sin efecto.

Quedan otras salidas, como negociar un plan distinto, vender el negocio o proponer un convenio dentro del concurso, que son otra cuestión.

Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.