¿Qué pasa cuando una empresa entra en preconcurso de acreedores?

Que gana un plazo para negociar con sus acreedores un plan de reestructuración sin perder el control de su negocio. El preconcurso, que la ley llama comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores, impide durante tres meses, que pueden prorrogarse, iniciar ejecuciones sobre los bienes necesarios para la actividad y suspende las que estaban en marcha. Mientras dura, no se admiten las peticiones de concurso de los acreedores y queda en suspenso el deber de pedirlo. La protección tiene límites, sobre todo frente a Hacienda, la Seguridad Social y los bancos con hipoteca.

José Manuel Alburquerque

Alburquerque Abogados

Qué es y quién puede pedirlo

La empresa presenta un escrito ante el juzgado que sería competente para su concurso, en el que comunica que está negociando con sus acreedores, o que va a empezar a hacerlo, para alcanzar un plan de reestructuración. Puede hacerlo cuando su insolvencia es solo probable, cuando es inminente e incluso cuando ya es actual, siempre que el juzgado no haya admitido antes la petición de concurso de un acreedor. No tiene que probar que es insolvente. Si la comunicación no tiene defectos, el letrado de la Administración de Justicia, que dirige la oficina del juzgado, la tiene por hecha en dos días como máximo, con efectos desde la fecha en que se presentó.

Pueden usarlo los empresarios y los profesionales, tanto si son personas físicas como si son sociedades u otras personas jurídicas. Quedan fuera los bancos, las aseguradoras y otras entidades financieras, así como las Administraciones y los organismos públicos. Las microempresas tienen su propio procedimiento especial, con reglas distintas.

Lo que cambia desde la comunicación

Desde que se presenta la comunicación, sus efectos principales son estos:

  • La empresa sigue al frente. Sus administradores conservan todas sus facultades de administración y de disposición, también si se nombra un experto en la reestructuración.
  • Con las salvedades que se explican más abajo, los acreedores no pueden iniciar ejecuciones judiciales ni extrajudiciales sobre los bienes y derechos necesarios para que la actividad continúe. Las que estaban en curso se suspenden. A petición de la empresa, el juez puede extender esa protección a otros bienes o frente a acreedores concretos.
  • Los bancos y los proveedores no pueden, en general, dar por vencidos los préstamos ni resolver o suspender los contratos por el solo hecho de la comunicación. Las cláusulas que lo prevén no tienen efecto. Si el contrato es necesario para la actividad, mientras dura la protección tampoco pueden suspenderlo ni resolverlo por incumplimientos anteriores a la comunicación, como las facturas que la empresa no ha pagado.
  • Las peticiones de concurso de los acreedores no se admiten mientras dura la protección. Además, quedan en suspenso el deber de pedir el concurso y, en las sociedades de capital, el de acordar la disolución por pérdidas graves.

Los límites de la protección

La protección no alcanza a todos los acreedores por igual. Los bancos y los demás acreedores con hipoteca u otra garantía real pueden iniciar la ejecución, pero si el bien es necesario para la actividad, el juez la suspende hasta que se cumplen tres meses desde la comunicación.

Las ejecuciones de Hacienda, de la Seguridad Social y de los demás acreedores públicos quedan fuera de la protección. La ley solo prevé que, si recaen sobre un bien necesario para la actividad, el juez pueda suspenderlas cuando llegan al momento de vender el bien. Esa suspensión se acaba, en todo caso, a los tres meses de la comunicación.

Tampoco se frenan las reclamaciones de los créditos que un plan de reestructuración no puede afectar, como los de alimentos o las indemnizaciones por daños causados fuera de un contrato, entre otros.

La comunicación, por sí sola, tampoco protege a quienes han avalado las deudas de la empresa. Si la deuda avalada ha vencido, el acreedor puede reclamarla al avalista, por ejemplo al socio o al administrador que firmó el aval.

Si al terminar el plazo no hay acuerdo, las ejecuciones pueden iniciarse o reanudarse y, si la empresa está en insolvencia actual, tiene que pedir el concurso en el mes siguiente.

Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.