¿Qué significa concurso voluntario de acreedores?
Es el concurso de acreedores que pide el propio deudor, sea una empresa o un particular, antes de que lo pida un acreedor. Si la primera solicitud que llega al juzgado es la de un acreedor, el concurso es necesario. Voluntario no quiere decir opcional, porque quien ya no puede pagar con regularidad sus deudas está obligado a pedirlo en los dos meses siguientes a la fecha en que lo supo o debió saberlo. La diferencia que más se nota es quién gestiona después el patrimonio del deudor. Por regla general, en el concurso voluntario lo sigue haciendo el deudor, con la intervención de un administrador concursal, mientras que en el necesario es el administrador concursal quien le sustituye.
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Cuándo es voluntario y cuándo necesario
La Ley Concursal sigue un criterio sencillo, que es quién presentó la primera solicitud. Si fue el deudor, el concurso es voluntario. Si fue un acreedor u otra persona con derecho a pedirlo, es necesario, aunque después el deudor presente también la suya.
Hay una excepción. El concurso es también necesario si, en los tres meses anteriores a la solicitud del deudor, otra persona había presentado la suya y se había admitido a trámite, aunque después la retirara, no acudiera a la vista o no se ratificara en ella.
El deudor puede pedir su concurso cuando ya no puede cumplir con regularidad sus obligaciones, que es lo que la ley llama insolvencia actual. También puede hacerlo antes, cuando prevé que no podrá cumplirlas en los tres meses siguientes, que es la insolvencia inminente. En el primer caso tiene el deber de pedirlo en el plazo de dos meses. En el segundo es una opción.
Las microempresas, que en general son las que tienen menos de diez trabajadores y un volumen de negocio anual inferior a 700.000 euros o unas deudas inferiores a 350.000 euros, no acuden al concurso sino a un procedimiento especial, que es otra cuestión.
Qué cambia según quién lo pida
El juez indica en el mismo auto que declara el concurso si es voluntario o necesario. La diferencia tiene estas consecuencias:
- La gestión del patrimonio. En el concurso voluntario, el deudor sigue administrando sus bienes y disponiendo de ellos, pero sus decisiones necesitan la autorización del administrador concursal. En el necesario, esas facultades quedan suspendidas y las ejerce el administrador concursal en su lugar. El juez puede acordar lo contrario en un caso concreto si explica por qué.
- La posición del acreedor que lo pidió. En el concurso necesario, las costas de su solicitud se pagan con el patrimonio del deudor como gastos del propio concurso. Además, su crédito se cobra con preferencia sobre los acreedores ordinarios hasta la mitad de su importe, salvo que sea de los que la ley coloca en último lugar.
- La documentación. En el concurso voluntario, el deudor la aporta con su solicitud. En el necesario, el juez le requiere para que la presente en los diez días siguientes a la notificación del concurso.
Lo que no cambia
Fuera de esas diferencias, el procedimiento es el mismo. En los dos casos el juez nombra un administrador concursal, los acreedores comunican sus créditos en el mes siguiente a la publicación de la declaración en el Boletín Oficial del Estado y el concurso se resuelve, por lo general, con un convenio con los acreedores o con la liquidación de los bienes. El concurso sin masa, el del deudor que no tiene bienes ni para pagar los gastos del procedimiento, sigue sus propias reglas y es otra cuestión.
En los dos se abre también la sección de calificación, en la que el juez examina si la insolvencia se causó o se agravó con dolo o culpa grave. Pedir uno mismo el concurso no evita esa revisión. Lo que sí evita pedirlo a tiempo es que la ley presuma que el concurso es culpable por no haberlo solicitado en plazo, que es otra cuestión.
Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.