¿Qué es el concurso de acreedores para microempresas?

Es el procedimiento especial para microempresas, el cauce que la Ley Concursal reserva desde el 1 de enero de 2023 a los empresarios y profesionales, sean personas físicas o sociedades, con menos de diez trabajadores y, además, un volumen de negocio inferior a 700.000 euros o unas deudas inferiores a 350.000 euros. Para ellos sustituye al concurso de acreedores y es obligatorio. Está pensado para ser más ágil y se tramita por medios electrónicos, con formularios oficiales y vistas telemáticas. Aun así, el deudor necesita abogado y procurador.

José Manuel Alburquerque

Alburquerque Abogados

A quién se aplica

Se aplica a las personas físicas y a las sociedades que ejercen una actividad empresarial o profesional y que no superan los límites de la microempresa. Esos límites se miden con el número medio de trabajadores del año anterior a la solicitud y con el volumen de negocio o las deudas que reflejan las últimas cuentas cerradas. Cómo se calculan en detalle es otra cuestión.

Quien entra en esos límites queda sujeto exclusivamente a este procedimiento. No puede pedir el concurso de acreedores ordinario ni acudir a los planes de reestructuración del preconcurso, aunque el procedimiento especial le permite comunicar al juzgado que negocia con sus acreedores, con efectos más limitados.

Cómo funciona

La microempresa pide la apertura con un formulario oficial que se presenta por vía electrónica. Desde la apertura, el deudor sigue administrando su patrimonio, aunque solo puede disponer de sus bienes para continuar su actividad y en condiciones normales de mercado. Además, se paralizan en general las ejecuciones contra sus bienes.

A partir de ahí hay dos caminos:

  • La continuación. El deudor presenta un plan de continuación, con un plan de pagos, que votan los acreedores. El acreedor que no vota se entiende que vota a favor. Si el plan no sale adelante o se incumple, se pasa a la liquidación cuando el deudor ya no puede pagar con regularidad sus deudas.
  • La liquidación. Se venden los bienes, juntos como empresa en funcionamiento o por separado. Lo obtenido se reparte entre los acreedores. La ley da para la venta un plazo de tres meses, que puede prorrogarse un mes. El deudor puede encargarse de ella o pedir que se nombre un administrador concursal, que es el profesional que designa el juez. En cualquier momento, los acreedores que representen al menos el 20 % de las deudas, o el 10 % si la actividad está paralizada, pueden pedir también que se nombre uno que sustituya al deudor.

Si el deudor es una persona física, cuando fracasa el plan o termina la liquidación puede pedir la exoneración del pasivo insatisfecho, que es el perdón de las deudas que quedan sin pagar, con las reglas generales de la Ley Concursal.

Abogado, procurador y plazo

El procedimiento está pensado para ser más ágil y económico que el concurso, pero no se puede hacer sin profesionales. La ley exige que el deudor actúe asistido por abogado y representado por procurador, aunque la solicitud se haga con un formulario.

Tampoco se puede esperar indefinidamente. Si el deudor ya no puede pagar con regularidad sus deudas, tiene que pedir la apertura en los dos meses siguientes a la fecha en que lo supo o debió saberlo.

Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.