¿Qué pasa cuando se entra en concurso de acreedores?
El juez declara el concurso y nombra la administración concursal, que es el profesional que pasa a vigilar o a sustituir a quienes dirigen la empresa en todo lo que afecta a su patrimonio. La empresa sigue trabajando, pero ya no decide sola sobre sus bienes. Salvo excepciones, los acreedores no pueden iniciar embargos ni ejecuciones, las que estaban en marcha quedan en suspenso y todos tienen que comunicar sus créditos en el plazo de un mes desde que la declaración se publica en el BOE. Los contratos siguen en vigor y las deudas anteriores dejan de generar intereses, con algunas excepciones.
Alburquerque Abogados
La empresa sigue trabajando, pero bajo control
La declaración de concurso no obliga por sí sola a cerrar ni interrumpe la actividad. El auto del juez produce efectos desde el día en que se dicta, aunque se recurra. Lo que cambia es quién decide sobre el patrimonio de la empresa, que depende en principio de quién pidió el concurso:
- En el concurso voluntario, el que pide la propia empresa, sus administradores siguen gestionándola, pero sus actos necesitan la autorización de la administración concursal. Para no paralizar el negocio, esta puede autorizar de forma general las operaciones propias de la actividad diaria.
- En el concurso necesario, normalmente el que pide un acreedor, la administración concursal sustituye a los administradores en la administración y la disposición de los bienes.
El juez puede cambiar un régimen por el otro. Lo que se haga saltándose estas limitaciones puede anularse a instancia de la administración concursal.
La junta de socios y el órgano de administración siguen existiendo, pero los acuerdos de la junta con contenido patrimonial necesitan la autorización de la administración concursal. Los administradores tienen que colaborar con ella y poner a su disposición los libros y documentos. El juez puede incluso reducir o suprimir su retribución. Hasta que se apruebe un convenio o se abra la liquidación, los bienes no se pueden vender ni gravar sin autorización del juez, salvo los actos propios de la actividad y pocos casos más.
Lo que cambia para los acreedores y los contratos
Desde la declaración, las deudas de la empresa ya no se cobran una a una, sino dentro del concurso y en el orden que fija la ley. Los efectos principales son estos:
- Salvo excepciones, ningún acreedor puede iniciar embargos ni ejecuciones sobre los bienes de la empresa, tampoco Hacienda ni la Seguridad Social. Los que estaban en marcha quedan en suspenso.
- Las demandas civiles nuevas contra la empresa con contenido económico se presentan ante el juez del concurso. Los juicios que ya estaban en marcha siguen, en general, ante el mismo tribunal hasta la sentencia firme.
- Las deudas anteriores dejan de generar intereses, salvo excepciones como las que tienen garantía real, hasta donde alcance la garantía.
- Los contratos en curso siguen en vigor. Las cláusulas que permiten a la otra parte resolverlos por el solo hecho del concurso se tienen por no puestas. Lo que la empresa deba por ellos a partir de la declaración se paga a su vencimiento, como un gasto del propio concurso.
- Los acreedores tienen que comunicar sus créditos a la administración concursal en el plazo de un mes desde la publicación en el BOE.
Publicidad y revisión de lo anterior
La declaración se publica gratis en el BOE y en el Registro Público Concursal, que cualquiera puede consultar por internet. También se anota en el Registro Mercantil y en los registros donde la empresa tenga bienes inscritos.
La administración concursal revisa además lo ocurrido antes. Puede pedir que se dejen sin efecto los actos realizados desde dos años antes de la solicitud hasta la declaración que perjudicaron a los acreedores, aunque no hubiera intención de defraudarlos. Al terminar la fase común, que es la primera del concurso, se abre la calificación, en la que el juez decide si el concurso es culpable o fortuito según la conducta de los administradores. Sus consecuencias son otra cuestión. También lo son el convenio y la liquidación, las dos soluciones con las que suele acabar el concurso.
Las microempresas, que son las que tienen de media menos de diez trabajadores y facturan menos de 700.000 euros al año o deben menos de 350.000 euros, no siguen el concurso sino un procedimiento especial, que es otra cuestión.
Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.