¿Qué pasa si una SL no puede pagar sus deudas?

La sociedad sigue debiendo y responde de sus deudas con todo su patrimonio, pero los socios no las pagan con sus propios bienes, salvo que las hayan avalado o en algún caso excepcional. Los acreedores pueden reclamarle el pago y embargar sus bienes. Si los impagos se generalizan, cualquiera de ellos puede pedir que se declare su concurso de acreedores. Cuando la sociedad ya no puede cumplir con regularidad sus obligaciones, los administradores tienen dos meses para pedir el concurso o, si es una microempresa, el procedimiento especial previsto para ellas. Dentro de ese plazo o, mejor aún, antes de llegar a esa situación, pueden comunicar al juzgado que negocian con los acreedores, lo que se conoce como preconcurso, para intentar un acuerdo con ellos.

José Manuel Alburquerque

Alburquerque Abogados

Quién responde de las deudas

Una sociedad limitada tiene un patrimonio separado del de sus socios. Las deudas son de la sociedad, que responde de ellas con todos sus bienes, presentes y futuros. Los socios arriesgan lo que aportaron, pero no responden personalmente, salvo que hayan avalado una deuda concreta, como suelen pedir los bancos al conceder un préstamo. Hay otra excepción si el capital de la sociedad es inferior a 3.000 euros. Cuando al liquidarla su patrimonio no alcanza para pagar las deudas, cualquiera de los socios puede tener que pagar la diferencia entre el capital y esos 3.000 euros.

Los administradores tampoco responden por el solo hecho de que la sociedad no pague. La ley les hace responder en algunos casos, sobre todo si no reaccionan a tiempo ante unas pérdidas graves o ante la insolvencia, lo que es otra cuestión.

Lo que pueden hacer los acreedores

Cada acreedor puede reclamar judicialmente lo que se le debe y, con una sentencia u otro título que permita la ejecución, embargar el dinero, los créditos o los bienes de la sociedad. La ley exige, en general, intentar un acuerdo antes de demandar.

Cuando los impagos dejan de ser aislados, cualquier acreedor puede pedir al juez que declare el concurso de la sociedad. Para ello tiene que acreditar alguno de los hechos que la ley considera reveladores de la insolvencia, como el impago generalizado de las deudas corrientes, los embargos que afectan de forma general a su patrimonio o el impago generalizado de impuestos, cuotas de la Seguridad Social o salarios durante los tres meses anteriores.

Lo que deben hacer los administradores

Mientras la sociedad todavía puede pagar, aunque prevea que dejará de hacerlo, los administradores pueden negociar aplazamientos o rebajas con los acreedores. También pueden comunicar al juzgado la apertura de negociaciones con ellos, el llamado preconcurso, que durante unos meses frena buena parte de las ejecuciones sobre los bienes necesarios para la actividad mientras se negocia un acuerdo, que la ley llama plan de reestructuración.

Cuando la sociedad ya no puede cumplir con regularidad sus obligaciones exigibles, está en insolvencia actual. Los administradores deben pedir entonces el concurso de acreedores en los dos meses siguientes a la fecha en que conocieron o debieron conocer esa situación. Dentro de ese plazo pueden optar todavía por el preconcurso, salvo que ya se haya admitido la petición de concurso de un acreedor. Si no se alcanza un acuerdo y la insolvencia continúa, tendrán que pedir el concurso en el mes siguiente a que termine la protección.

No pedir el concurso a tiempo hace presumir, salvo prueba en contrario, que hubo dolo o culpa grave, lo que puede llevar a que el concurso se califique como culpable, con consecuencias personales para los administradores.

Si la sociedad es una microempresa, es decir, si el año anterior tuvo de media menos de diez trabajadores y tiene un volumen de negocio inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros, la ley prevé para ella, en lugar del concurso y del preconcurso, un procedimiento especial con reglas propias. Es el que deben pedir sus administradores en ese plazo de dos meses y el que pueden pedir sus acreedores. Antes de pedirlo, la sociedad también puede comunicar al juzgado que negocia con sus acreedores, aunque con plazos más cortos que los del preconcurso.

Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.