¿Cuándo se considera que una empresa está en crisis?

La ley no define la crisis de una empresa, pero distingue tres grados de insolvencia según lo cerca que esté de no poder pagar. Hay probabilidad de insolvencia cuando es previsible que, si no reestructura sus deudas, no podrá atender con regularidad las que le venzan en los dos años siguientes. Hay insolvencia inminente cuando prevé que no podrá hacerlo en los tres meses siguientes e insolvencia actual cuando ya no puede cumplir con regularidad las obligaciones que le son exigibles. Cada grado abre posibilidades distintas. El último obliga además a pedir en un plazo de dos meses el concurso de acreedores o, en las microempresas, el procedimiento especial previsto para ellas.

José Manuel Alburquerque

Alburquerque Abogados

Los tres grados de insolvencia

La ley distingue tres situaciones, de menor a mayor gravedad:

  • La probabilidad de insolvencia. La empresa todavía paga, pero es objetivamente previsible que, si no reestructura su deuda, no podrá atender con regularidad los vencimientos de los dos años siguientes, por ejemplo porque vence un préstamo importante que no podrá devolver ni renovar. Permite negociar con los acreedores un plan de reestructuración con la protección del preconcurso, que la ley llama comunicación de apertura de negociaciones. No permite pedir el concurso.
  • La insolvencia inminente. La empresa prevé que en los tres meses siguientes no podrá cumplir con regularidad y puntualidad sus obligaciones. Además del preconcurso, puede pedir ya su propio concurso de acreedores.
  • La insolvencia actual. La empresa ya no puede cumplir con regularidad las obligaciones que le son exigibles. Un retraso aislado no basta. Desde que la conoce o debió conocerla, tiene dos meses para pedir el concurso, aunque dentro de ese plazo puede optar todavía por el preconcurso si no se ha admitido antes la petición de concurso de un acreedor.

Si la empresa es una microempresa, con menos de diez trabajadores de media y un volumen de negocio inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros, sus posibilidades son las del procedimiento especial previsto para ellas, que es también el que tiene que pedir en ese plazo.

Las señales que tiene en cuenta la ley

Para que un acreedor pueda pedir el concurso de una empresa, la ley exige alguno de estos hechos, que considera reveladores de su insolvencia:

  • Una declaración judicial o administrativa de insolvencia anterior que ya sea firme.
  • Un embargo que no ha encontrado bienes libres suficientes para pagar la deuda.
  • Embargos que afectan de forma general a su patrimonio.
  • El impago generalizado de sus obligaciones corrientes.
  • El impago generalizado, durante los tres meses anteriores, de los impuestos, de las cuotas de la Seguridad Social o de los salarios.
  • La ocultación de sus bienes o su liquidación apresurada o ruinosa.

Si se da alguno de ellos, la ley presume, salvo prueba en contrario, que la empresa conocía su insolvencia, de modo que el plazo de dos meses puede contarse desde ese momento.

Otra señal es contable. Si las pérdidas dejan el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, la sociedad está, en principio, en causa de disolución, salvo que proceda pedir el concurso. Lo que deben hacer entonces sus administradores es otra cuestión.

Por qué conviene detectarla a tiempo

Cuanto antes se identifica la situación, más salidas hay. En la probabilidad de insolvencia la empresa negocia mientras todavía paga. Conserva así su credibilidad ante bancos y proveedores y puede reestructurar su deuda sin la presión de los embargos. En la insolvencia inminente puede preparar con orden su propio concurso.

Si se espera a la insolvencia actual, el margen se estrecha. Además, retrasar la petición de concurso más allá del plazo de dos meses hace presumir, salvo prueba en contrario, que los administradores actuaron con dolo o culpa grave, lo que puede llevar a que el concurso se califique como culpable.

Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.