¿Cuál es el plazo para solicitar un concurso de acreedores?

Dos meses desde que el deudor conoció o debió conocer que estaba en insolvencia actual, es decir, que no podía cumplir con regularidad las obligaciones que le vencen. La ley presume, salvo prueba en contrario, que lo conoce cuando se produce alguno de los hechos que permitirían a un acreedor pedir su concurso, como el impago generalizado de sus deudas. Si antes comunica al juzgado que negocia con sus acreedores, el deber de pedir el concurso se aplaza hasta que terminan los efectos de esa comunicación. Pedirlo tarde hace presumir que el concurso es culpable y permite que un acreedor se adelante. Las microempresas tienen el mismo plazo para pedir su procedimiento especial.

José Manuel Alburquerque

Alburquerque Abogados

Desde cuándo cuentan los dos meses

La ley no fija un número de meses de impago a partir del cual haya que pedir el concurso. El plazo empieza cuando el deudor sabe, o debería saber, que ya no puede pagar con regularidad lo que le vence. Un retraso aislado no es lo mismo que la imposibilidad general de pagar.

Para facilitar la prueba, la ley presume que el deudor conoce su insolvencia, salvo que demuestre lo contrario, cuando se da alguno de estos hechos:

  • Una declaración anterior de insolvencia del deudor, judicial o administrativa, que ya es firme.
  • Un embargo, en una ejecución o en un procedimiento de apremio, del que no resultaron bienes libres suficientes para pagar.
  • Embargos que afectan de forma general a su patrimonio.
  • El impago generalizado de sus obligaciones corrientes.
  • El impago generalizado, durante los tres meses anteriores, de los impuestos o de las cuotas de la Seguridad Social, o el de los salarios de las tres últimas mensualidades.
  • La ocultación de sus bienes o su liquidación apresurada o ruinosa.

El deudor puede pedir el concurso antes, cuando prevé que no podrá pagar con regularidad en los tres meses siguientes, lo que la ley llama insolvencia inminente. En ese caso puede hacerlo, pero no está obligado.

El preconcurso y las microempresas

Si dentro de esos dos meses el deudor comunica al juzgado que ha abierto negociaciones con sus acreedores para alcanzar un plan de reestructuración, lo que se conoce como preconcurso, el deber de pedir el concurso se aplaza. Si a los tres meses de la comunicación no ha alcanzado un plan, debe pedirlo dentro del mes siguiente, salvo que ya no sea insolvente. Si los efectos de la comunicación se han prorrogado, por un máximo de otros tres meses, ese mes se cuenta desde el final de la prórroga.

Las microempresas, en general las que tuvieron de media menos de diez trabajadores el año anterior y tienen un volumen de negocio anual inferior a 700.000 euros o unas deudas inferiores a 350.000 euros, no piden el concurso sino un procedimiento especial. Su plazo es el mismo, dos meses desde que conocieron o debieron conocer su insolvencia actual.

Qué pasa si se pide tarde

La consecuencia más seria es que la ley presume, salvo prueba en contrario, que el concurso es culpable. Eso puede llevar a la inhabilitación de los administradores y a su condena a cubrir lo que los acreedores no cobren, que es otra cuestión.

Además, cualquier acreedor puede adelantarse y pedir el concurso. Entonces el concurso es necesario, el administrador concursal sustituye en principio al deudor en la gestión de sus bienes y el crédito del acreedor que lo pidió se cobra con preferencia hasta la mitad de su importe.

Si la sociedad está también en causa de disolución, por ejemplo por pérdidas que dejan su patrimonio neto por debajo de la mitad del capital, pedir el concurso dentro de los dos meses siguientes a la aparición de esa causa libra a los administradores de responder con sus bienes de las deudas posteriores. Esa responsabilidad es otra cuestión.

Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.