¿Cuáles son las consecuencias de un concurso culpable?

Las fija la sentencia de calificación, que señala a las personas afectadas por ella, normalmente los administradores de la sociedad, así como a los cómplices si los hay. Las personas afectadas quedan inhabilitadas durante un período de dos a quince años para administrar bienes ajenos y para representar a cualquier persona. Afectados y cómplices pierden además los créditos que tuvieran en el concurso y pueden ser condenados a devolver lo que obtuvieron indebidamente y a indemnizar los daños causados. Si se ha abierto la liquidación, el juez puede condenar también a los administradores, liquidadores o directores generales afectados a cubrir con su patrimonio, en todo o en parte, lo que falte para pagar a los acreedores. Quien ha sido declarado persona afectada tampoco puede obtener la segunda oportunidad para sus propias deudas si la pide en los diez años siguientes, salvo que antes haya pagado por completo su responsabilidad.

José Manuel Alburquerque

Alburquerque Abogados

Lo que decide la sentencia

Si el juez califica el concurso como culpable, la sentencia explica por qué y contiene además estos pronunciamientos:

  • Quiénes son las personas afectadas y, en su caso, los cómplices. En una sociedad pueden ser personas afectadas sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, sus directores generales y quienes lo fueron en los dos años anteriores a la declaración del concurso.
  • La inhabilitación de las personas afectadas, que se explica más abajo.
  • La pérdida de cualquier derecho que afectados y cómplices tuvieran como acreedores en el concurso, como el crédito por un préstamo que el administrador hizo a la sociedad.
  • La condena a devolver los bienes o derechos que obtuvieran indebidamente del patrimonio del deudor o que recibieran de la masa.
  • La condena a indemnizar los daños y perjuicios causados. El juez decide si cada condenado responde de toda la indemnización o solo de su parte.

Si la calificación se produce con la liquidación abierta, el juez puede añadir la condena a cubrir el déficit, que es la diferencia entre el valor de los bienes y la suma de los créditos reconocidos. Solo alcanza a los administradores, liquidadores y directores generales afectados, en la medida en que su conducta generó o agravó la insolvencia. Sus requisitos son otra cuestión.

La inhabilitación

La inhabilitación impide administrar bienes ajenos y representar a cualquier persona durante el tiempo que fije la sentencia, entre dos y quince años. El juez lo gradúa según la gravedad de los hechos, el perjuicio causado a la masa y las inhabilitaciones que la misma persona tenga por otros concursos culpables. Si se le inhabilita en varios concursos, los períodos se suman.

Mientras dura, la persona inhabilitada no puede ejercer el comercio ni tener cargos ni intervención directa, administrativa o económica, en sociedades mercantiles. Cuando la sentencia es firme, los administradores y liquidadores inhabilitados cesan de forma automática en la sociedad concursada. La inhabilitación se comunica al Registro Mercantil y al Registro de la Propiedad. Solo de forma excepcional, si hay convenio y lo pidió el administrador concursal, la sentencia puede permitir al inhabilitado seguir al frente de la empresa mientras se cumple el convenio.

Otras consecuencias

La persona declarada afectada no puede obtener la exoneración del pasivo insatisfecho, que es el perdón de las deudas propias que se conoce como segunda oportunidad, si la pide en los diez años siguientes, salvo que antes haya pagado por completo su responsabilidad. Si el concurso culpable es el de una persona física, esa calificación le impide en principio obtener el perdón de sus deudas. Cuando la única causa fue no pedir el concurso a tiempo, el juez puede valorar las circunstancias del retraso.

La calificación no vincula a los jueces penales. Si de los informes de calificación resulta que los hechos pueden ser delito, el juez del concurso lo pone en conocimiento del Ministerio Fiscal. Lo penal es otra cuestión.

Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.