¿Qué requisitos hay que tener para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?

Ser una persona física, empresaria o no, que no puede pagar con regularidad sus deudas o que prevé que dejará de poder hacerlo en los tres meses siguientes. Además, hay que ser deudor de buena fe, algo que la ley define al revés, enumerando las situaciones que impiden obtener el perdón de las deudas. Las principales son ciertas condenas y sanciones muy graves de los diez años anteriores, un concurso declarado culpable y haberse endeudado con engaño o de forma temeraria. No hace falta tener bienes a su nombre ni estar sin trabajo.

José Manuel Alburquerque

Alburquerque Abogados

Quién puede pedirla

La exoneración del pasivo insatisfecho, que es el nombre legal del perdón de las deudas que quedan sin pagar, está abierta a cualquier persona física, sea un particular, un asalariado, un pensionista o un autónomo. No es para las sociedades. Se pide dentro de un concurso de acreedores, así que el primer requisito es el de todo concurso, la insolvencia. Si es autónomo y su actividad entra en los límites de la microempresa, la ley le aplica en su lugar el procedimiento especial para microempresas, que tiene sus propias reglas.

No hace falta tener nada a su nombre. Si no tiene bienes que se puedan embargar, el concurso se tramita como concurso sin masa y el perdón se pide sin vender nada. Tampoco impide pedirlo cobrar una nómina o una pensión, siempre que con ellas no pueda hacer frente a sus deudas.

Qué es ser deudor de buena fe

La ley no da una definición general de la buena fe. Considera deudor de buena fe a quien no está en ninguna de estas situaciones:

  • Haber sido condenado en sentencia firme, en los diez años anteriores, a pena de prisión por delitos contra el patrimonio o el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra Hacienda y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores, si la pena máxima del delito es de tres años o más. Cuenta aunque la pena se haya suspendido o sustituido por otra, pero no si ya se extinguió la responsabilidad penal y se pagaron las responsabilidades económicas del delito.
  • Haber sido sancionado por resolución firme, en los diez años anteriores, por una infracción muy grave tributaria, de la Seguridad Social o del orden social, salvo que haya pagado por completo esa responsabilidad cuando pide el perdón.
  • Que su concurso se haya declarado culpable. Si lo fue solo por haberlo pedido tarde, el juez puede tener en cuenta las circunstancias del retraso.
  • Haber sido declarado, en los diez años anteriores, persona afectada por la calificación como culpable del concurso de otro, por ejemplo como administrador de una sociedad, salvo que haya pagado por completo esa responsabilidad.
  • No cumplir sus deberes de colaborar con el juez y con el administrador concursal y de darles la información que pidan.
  • Haber dado información falsa o engañosa o haberse comportado de forma temeraria o negligente al endeudarse o al cumplir sus obligaciones. El juez lo valora con la información que dio cuando pidió los préstamos, su nivel social y profesional y las circunstancias personales en que se endeudó.

La ley menciona también ciertas sanciones por infracciones graves y los acuerdos que declaran a una persona responsable de deudas ajenas con Hacienda o la Seguridad Social, como las de la sociedad que administraba. El Tribunal Supremo ha dicho en 2026 que una sanción grave no basta por sí sola para negar el perdón y que esos acuerdos solo lo impiden si hubo una conducta fraudulenta comparable a la de una infracción muy grave.

Otros requisitos

Si ya obtuvo antes una exoneración, tienen que haber pasado al menos dos años desde la definitiva, si fue con un plan de pagos, o cinco desde que se concedió, si fue con la venta de sus bienes. El nuevo perdón no alcanza a las deudas de derecho público, como las de Hacienda o la Seguridad Social.

Al pedirlo, tiene que declarar que no está en ninguna de las situaciones que lo impiden y aportar sus declaraciones de la renta de los tres últimos años. Si lo pide con un plan de pagos, también las de su unidad familiar.

Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.