¿Quién paga las deudas de una empresa en concurso de acreedores?
Las paga la propia empresa, con todos sus bienes y derechos y en el orden que fija la Ley Concursal. Si es una sociedad limitada o anónima, los socios no responden, en general, de sus deudas con su patrimonio personal. Los administradores tampoco, salvo en casos concretos, como que el concurso se califique como culpable y el juez les condene a cubrir lo que falta. Quien avaló una deuda sigue, en general, respondiendo de ella. Si los bienes de la sociedad no alcanzan y nadie más responde, el acreedor no cobra el resto.
Alburquerque Abogados
La empresa paga con su patrimonio
El concurso no traslada las deudas a nadie. Las sigue debiendo la empresa, que responde con su masa activa, es decir, con todos los bienes y derechos que tenía al declararse el concurso y con los que adquiera o recupere hasta que termine, salvo los que la ley declara inembargables.
Con esos bienes se pagan, a su vencimiento, las deudas que nacen durante el concurso, como los gastos del propio procedimiento. Los acreedores anteriores cobran según la clase de su crédito, que puede ser privilegiado, ordinario o subordinado. Quién cobra antes es otra cuestión.
Cómo se les paga depende de cómo acabe el concurso. Si se aprueba un convenio, la empresa paga lo pactado en él, que puede incluir rebajas de la deuda, llamadas quitas, o aplazamientos, llamados esperas. Si se abre la liquidación, sus bienes se venden y el dinero se reparte entre los acreedores.
Cuándo responden otros
Por regla general, los socios de una sociedad limitada o anónima no responden personalmente de las deudas de la sociedad. Arriesgan lo que aportaron, pero no su patrimonio. Otras personas pueden tener que pagar en estos casos:
- Los avalistas. En general siguen respondiendo y el acreedor puede reclamarles sin esperar a que termine el concurso. Conviene no demorarlo, porque el concurso interrumpe la prescripción frente a la empresa, pero no frente a ellos. La ley exige, en general, intentar un acuerdo antes de demandar.
- Los administradores o liquidadores, si el concurso se califica como culpable y la sentencia les condena a cubrir, en todo o en parte, lo que falta para pagar a los acreedores, en la medida en que su conducta causó o agravó la insolvencia.
- Los administradores, por las deudas nacidas cuando la sociedad ya estaba en causa legal de disolución, por ejemplo por pérdidas graves, si no promovieron a tiempo la disolución o el concurso. Desde la declaración hasta que el convenio sea eficaz o, si hay liquidación, hasta que el concurso termine, los jueces no admiten estas demandas y las ya iniciadas quedan en suspenso.
- Los socios de las sociedades en las que responden personalmente de las deudas sociales, como la colectiva. Durante el concurso, solo la administración concursal puede reclamarles las deudas anteriores.
- Los socios de una sociedad limitada con un capital inferior a 3.000 euros. Si al liquidarla sus bienes no alcanzan para pagar las deudas, responden de la diferencia entre 3.000 euros y el capital que suscribieron. Cualquiera de ellos puede tener que pagarla entera.
Lo que se debe a los trabajadores tiene reglas propias, que son otra cuestión.
Lo que queda sin pagar
Si el concurso termina con la venta de todos los bienes o porque no alcanzan ni para pagar los gastos del procedimiento, lo que queda sin pagar no lo asume nadie más, salvo quienes respondan por alguno de esos motivos. Además, el juez ordena el cierre provisional de su hoja en el Registro Mercantil y, si en un año no se reabre el concurso, el registrador cancela su inscripción. Durante ese año, cualquier acreedor que no haya cobrado puede pedir la reapertura si aparecen bienes nuevos.
Si la empresa es de una persona física, como un autónomo, las cosas cambian. Sus deudas no se extinguen al terminar el concurso y sigue respondiendo de ellas con sus bienes presentes y futuros, salvo que obtenga la exoneración del pasivo insatisfecho, que es el perdón de las deudas que quedan sin pagar. Sus requisitos son otra cuestión.
Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.