¿Cuál es la responsabilidad del administrador por las deudas de la sociedad?
Por regla general, ninguna. Las deudas de una sociedad limitada o anónima las paga la sociedad con su patrimonio, no el administrador ni los socios. La Ley de Sociedades de Capital prevé, sin embargo, dos excepciones. El administrador responde con sus bienes de las deudas posteriores a una causa legal de disolución, como las pérdidas graves, si no convoca la junta en dos meses para disolver la sociedad o eliminar esa causa. Responde también cuando su propia conducta ha causado directamente un daño al acreedor, por ejemplo si cierra la empresa de hecho y deja que desaparezcan los bienes con los que se podía pagar.
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La regla general y sus límites
La sociedad limitada y la anónima tienen un patrimonio separado del de sus socios y administradores. El administrador firma en nombre de la sociedad y no se obliga personalmente, salvo que además avale la operación, como suelen pedir los bancos.
Esa separación tiene dos límites en la Ley de Sociedades de Capital, que se explican a continuación. Alcanzan a quien figura como administrador aunque no dirija la empresa, porque quien acepta el cargo asume sus deberes. También a quien la dirige sin figurar, el llamado administrador de hecho.
Las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social y la responsabilidad que puede declararse en un concurso de acreedores tienen sus propias reglas, que son otra cuestión.
Si no disuelve la sociedad cuando la ley lo exige
La ley obliga a disolver la sociedad cuando se da alguna de las causas que enumera. La más habitual es la de pérdidas, cuando dejan el patrimonio neto, que a grandes rasgos es lo que la sociedad tiene menos lo que debe, por debajo de la mitad del capital social. Otra es el cese de la actividad, que se entiende producido tras más de un año de inactividad.
Cuando aparece una de esas causas, los administradores tienen dos meses para convocar la junta, que deberá acordar la disolución o las medidas que eliminen la causa. Si la junta no se celebra o no adopta ninguno de esos acuerdos, tienen otros dos meses para pedir la disolución al juez. El administrador que no lo hace responde con sus bienes, junto con la sociedad, según estas reglas:
- Responde solo de las deudas nacidas después de la causa de disolución. La ley presume que la deuda reclamada es posterior, de modo que es él quien tiene que probar lo contrario.
- Si hay varios administradores, el acreedor puede reclamar toda la deuda a cualquiera de ellos.
- Quien acepta el cargo cuando la causa ya existía tiene dos meses desde su aceptación para convocar la junta y, si no lo hace, responde de las deudas posteriores a esa aceptación.
- No responde quien, dentro de esos dos meses, solicita el concurso de la sociedad o comunica al juzgado que negocia con los acreedores un plan de reestructuración.
Según el Tribunal Supremo, el plazo para reclamar al administrador por esta vía es el mismo que tenga la deuda de la sociedad.
Si causa un daño directo al acreedor
La otra vía es la llamada acción individual de responsabilidad. Permite al acreedor reclamar al administrador el daño que este le haya causado directamente con una actuación contraria a la ley, a los estatutos o a los deberes del cargo. No basta con que la sociedad no pague. Hay que señalar qué hizo mal el administrador y probar que por eso no se cobró. El plazo es de cuatro años.
El caso más frecuente es el de la empresa que cierra sin liquidar. La sociedad deja de funcionar sin disolverse ni solicitar el concurso y sus bienes desaparecen. Ese cierre de hecho incumple los deberes del administrador, pero para condenarle por esta vía los tribunales piden al acreedor que identifique bienes concretos con los que, en una liquidación ordenada, habría cobrado todo o parte de su deuda. Si la deuda nació cuando ya había una causa de disolución, suele ser más sencillo reclamar por la primera vía, que no exige esa prueba.
El acreedor puede reclamar en una misma demanda a la sociedad y al administrador. La ley exige, en general, intentar un acuerdo antes de demandar.
Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.