¿Cómo puedo impugnar los acuerdos sociales?

Con una demanda contra la sociedad ante la sección de lo mercantil del tribunal de instancia, que es como se llaman hoy los antiguos juzgados de lo mercantil. Puede presentarla el socio que ya lo era cuando se adoptó el acuerdo y que tenga, solo o con otros, al menos el 1 % del capital. Tiene que alegar que el acuerdo es contrario a la ley o a los estatutos o que lesiona el interés de la sociedad en beneficio de algunos socios o de terceros. El plazo es, por regla general, de un año. La ley exige, en general, intentar un acuerdo antes de demandar.

José Manuel Alburquerque

Alburquerque Abogados

Qué acuerdos se pueden impugnar

La ley permite impugnar tres clases de acuerdos de la junta:

  • Los contrarios a la ley.
  • Los que se oponen a los estatutos o al reglamento de la junta.
  • Los que lesionan el interés de la sociedad en beneficio de uno o varios socios o de terceros. Aquí entra el abuso de mayoría, que es el acuerdo que la mayoría impone en su propio interés, sin una necesidad razonable de la sociedad y en perjuicio injustificado de los demás socios.

No cualquier defecto sirve. Los fallos de procedimiento de poca importancia no permiten impugnar, salvo que afecten a la forma o al plazo de la convocatoria, a las reglas básicas de constitución de la junta, a las mayorías o a otro punto relevante. La información incorrecta o insuficiente que se dio antes de la junta solo cuenta si era imprescindible para que un socio medio pudiera votar o ejercer sus demás derechos de forma razonable. La asistencia de quien no debía estar o el voto mal contado solo cuentan si fueron decisivos. Tampoco puede impugnarse el acuerdo que la sociedad ha dejado sin efecto o ha sustituido válidamente por otro antes de la demanda. Que el acuerdo incumpla un pacto de socios no basta, por sí solo, para anularlo.

Quién puede impugnar

Además de los administradores y de los terceros con un interés legítimo, puede impugnar el socio que cumpla dos condiciones:

  • Haber adquirido la condición de socio antes de que se adoptara el acuerdo.
  • Representar, solo o sumando sus participaciones a las de otros socios, al menos el 1 % del capital. Los estatutos pueden rebajar ese porcentaje.

El socio que no llega al porcentaje no puede pedir la nulidad, pero conserva el derecho a reclamar el daño que el acuerdo le haya causado. Si el acuerdo es contrario al orden público, es decir, a los principios más básicos del ordenamiento, puede impugnarlo cualquier socio, sin porcentaje mínimo y aunque haya entrado después en la sociedad.

Conviene votar en contra y pedir que la oposición conste en el acta. Los defectos de forma hay que denunciarlos en el momento, porque quien tuvo ocasión de hacerlo y calló no puede alegarlos después.

Dónde y cómo se presenta la demanda

La demanda se dirige contra la sociedad y se tramita por el juicio ordinario, con abogado y procurador. Se presenta ante la sección de lo mercantil del tribunal de instancia que corresponde al domicilio de la sociedad, que por regla general tiene su sede en la capital de la provincia. Si los estatutos someten estos conflictos a arbitraje, decide un árbitro o varios, designados por una institución arbitral, en lugar del juez.

Mientras dura el pleito, el juez puede suspender provisionalmente el acuerdo. En las sociedades que no cotizan en bolsa, pueden pedirlo los demandantes que representen al menos el 5 % del capital. Si el motivo de la impugnación se puede corregir y la sociedad lo pide, el juez le da un plazo razonable para subsanarlo.

La sentencia que anula el acuerdo vale para todos los socios, aunque no hayan demandado. Si el acuerdo estaba inscrito en el Registro Mercantil, se cancela su inscripción y la de los asientos posteriores que la contradigan.

El plazo general para demandar es de un año, con reglas de cómputo y excepciones que son otra cuestión.

Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.