¿Cómo solicita un acreedor el concurso necesario?

Con un escrito que presenta un procurador, firmado por un abogado, ante la sección de lo mercantil del tribunal de instancia que corresponde al lugar donde el deudor tiene el centro de sus intereses principales. En él hay que explicar el crédito, aportar los documentos que lo acreditan y basar la petición en alguno de los hechos que, según la Ley Concursal, revelan la insolvencia del deudor, con pruebas que no se limiten a testigos. Si ese hecho es una ejecución que no encontró bienes suficientes, unos embargos que afectan a todo su patrimonio o una declaración de insolvencia anterior y firme, el juez declara el concurso sin oírle antes. En los demás casos, el deudor puede oponerse y el juez decide después de una vista.

José Manuel Alburquerque

Alburquerque Abogados

Antes de presentarla

Puede pedirlo cualquier acreedor, sea cual sea el importe de su crédito. La ley no admite la petición de quien adquirió el crédito de otro, por ejemplo comprándolo, después de su vencimiento y en los seis meses anteriores a la solicitud.

Compruebe primero si el deudor es una microempresa, es decir, si tiene actividad empresarial o profesional, menos de diez trabajadores y un volumen de negocio inferior a 700.000 euros o unas deudas inferiores a 350.000 euros. En ese caso no cabe su concurso sino un procedimiento especial, que es otra cuestión.

Compruebe también si el deudor ha comunicado al juzgado que está negociando con sus acreedores, lo que se conoce como preconcurso. Mientras duran los efectos de esa comunicación, que son tres meses y pueden prorrogarse hasta otros tres, las solicitudes de los acreedores no se admiten a trámite. Si la suya se admitió antes, la comunicación posterior no produce efectos hasta que el juez resuelva sobre ella.

Para pedir el concurso no hace falta intentar antes un acuerdo con el deudor.

Dónde se presenta y qué debe contener

El centro de intereses principales es el lugar donde el deudor administra sus intereses de forma habitual y reconocible por terceros. En una sociedad se presume que es su domicilio social. Si el domicilio está en otro lugar de España, usted puede elegir presentar allí la solicitud.

La solicitud tiene que recoger, al menos, lo siguiente:

  • El crédito. Su origen, su naturaleza, su importe, las fechas en que se adquirió y venció y su situación actual, con los documentos que lo acreditan, como contratos, facturas o una sentencia.
  • El hecho que revela la insolvencia. La ley enumera varios, como el impago generalizado de las deudas, los embargos que afectan de forma general al patrimonio del deudor, la ejecución que no encontró bienes suficientes o el impago generalizado, en los tres meses anteriores, de impuestos, cuotas de la Seguridad Social o salarios.
  • Las pruebas. Hay que indicar con qué medios se va a probar ese hecho. La declaración de testigos no basta por sí sola.

Si quien lo pide es una sociedad, paga además la tasa judicial del Estado, que es de 200 euros. Las personas físicas no la pagan.

Lo que ocurre después

En esos casos de ejecución sin bienes, embargos generales o insolvencia ya declarada, el concurso se declara el primer día hábil siguiente. En los demás, el juez admite la solicitud a trámite y da al deudor cinco días para comparecer.

Si el deudor no comparece, no se opone o acepta la solicitud, el juez declara el concurso. Si se opone, puede alegar que usted no tiene derecho a pedirlo, que el hecho no existe o que no es insolvente. Si alega esto último, le toca a él probar su solvencia. El juzgado cita entonces a una vista, que es una audiencia ante el juez, en los diez días siguientes.

En la vista, si su crédito ya ha vencido, el deudor tiene que consignar su importe, es decir, depositarlo en el juzgado a disposición de usted, o justificar por qué no lo hace. Que lo consigne no detiene por sí solo el concurso, porque usted puede mantener la petición. Practicadas las pruebas, el juez resuelve por auto en tres días.

Mientras tanto, usted puede pedir medidas cautelares, que son medidas provisionales para proteger el patrimonio del deudor. El juez puede exigirle una fianza por los daños que causen si al final se rechaza la solicitud. Quién paga las costas es otra cuestión.

Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.