¿Cuál es la responsabilidad del vendedor de una empresa por vicios ocultos?
Depende de lo que se haya comprado y, sobre todo, de lo que diga el contrato. Si se compran las acciones o participaciones de la sociedad, lo vendido son esas participaciones y no los bienes del negocio, así que tratar como vicios ocultos las deudas o los problemas que aparecen después en la empresa es dudoso. Los tribunales no siempre lo admiten y, con el Código civil, el plazo para reclamar por vicios ocultos es de solo seis meses desde la entrega. Por eso la protección del comprador está sobre todo en las manifestaciones y garantías del vendedor, es decir, en sus declaraciones sobre el estado de la empresa, con la indemnización que el contrato prevea si resultan falsas. Sin esas cláusulas, puede reclamar si el vendedor le engañó, pero tendrá que probarlo.
Alburquerque Abogados
Por qué los vicios ocultos encajan mal
El Código civil obliga al vendedor a responder de los defectos ocultos de lo vendido que lo hacen impropio para su uso o que, de haberse conocido, habrían llevado al comprador a no comprar o a pagar menos. El comprador puede deshacer la venta o pedir una rebaja del precio. Si el vendedor conocía el defecto y lo calló, puede además reclamar los daños cuando deshace la venta.
Esa regla está pensada para cosas, como una máquina o un local. Cuando se compran participaciones, una deuda fiscal que aparece después no es, en rigor, un defecto de las participaciones, sino del patrimonio de la sociedad, que sigue siendo la deudora. Los tribunales han dado respuestas distintas a estos casos. Las declaraciones del vendedor sobre la situación de la empresa se tratan, en cambio, como una garantía pactada, que se rige por lo que diga el contrato.
Si lo que se compra es el negocio, es decir, sus bienes, el vendedor responde de los defectos de cada uno según las reglas de la compraventa. En Cataluña, cuando la venta se rige por el Código Civil de Cataluña, esas reglas no hablan de vicios ocultos, sino de falta de conformidad con lo pactado. En las compras hechas desde 2022, el vendedor responde de los defectos que existían en la entrega y aparecen en los tres años siguientes. El comprador tiene tres años para reclamar desde que conoce o puede conocer el problema. En la mayor parte del resto de España rige el plazo de seis meses desde la entrega.
Lo que protege de verdad al comprador
Las manifestaciones y garantías son declaraciones del vendedor sobre la empresa en el momento de la venta, por ejemplo que las cuentas reflejan su situación real, que no tiene más deudas que las que figuran en ellas o que no hay pleitos ni inspecciones pendientes. Si alguna resulta falsa, el vendedor indemniza al comprador en los términos pactados, aunque no lo supiera, con los límites de importe y de plazo que fije el contrato.
Esos límites no protegen al vendedor que oculta un problema a sabiendas, porque la ley no permite renunciar de antemano a reclamar por el engaño. Que el comprador haya revisado la empresa no libera por sí solo al vendedor de lo que declaró. Aun así, si el comprador conocía un problema por la revisión, se discute si puede reclamar por él, así que conviene que el contrato diga qué pasa con los riesgos conocidos.
Si el contrato no dice nada
Sin esas cláusulas, el comprador tiene otras vías, más difíciles de probar:
- El engaño, que la ley llama dolo. Si el vendedor ocultó deudas o problemas que debía revelar y sin ese engaño no se habría comprado, el comprador puede pedir que se anule la venta. Si el engaño solo influyó en las condiciones, puede reclamar los daños.
- El error. Si compró por un error importante y excusable sobre la situación de la empresa, puede pedir la anulación.
- El incumplimiento. Solo en casos extremos, cuando la empresa entregada es tan distinta de la pactada que no sirve para lo que se compró, los tribunales lo tratan como si no se hubiera entregado lo vendido, lo que permite resolver el contrato y reclamar los daños. No basta con que aparezcan deudas si la empresa sigue funcionando.
La anulación puede pedirse durante cuatro años desde que el contrato se cumplió por completo. La ley exige, en general, intentar un acuerdo antes de demandar.
Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.