¿Es lo mismo un apoderado que un administrador?

No. El administrador es el órgano de la sociedad, nombrado por la junta de socios, que la gestiona y la representa en todo lo que entra en su actividad. El apoderado es una persona a la que la sociedad, a través de sus administradores, da un poder para actuar en su nombre y que solo puede hacer lo que ese poder dice. El administrador tiene los deberes y la responsabilidad que la ley impone al cargo. El apoderado responde ante la sociedad del encargo recibido, aunque si en la práctica dirige la sociedad como un administrador responde también como tal.

José Manuel Alburquerque

Alburquerque Abogados

El administrador

Toda sociedad limitada tiene un órgano de administración, que puede ser un administrador único, varios administradores o un consejo. Lo nombra la junta de socios, su nombramiento se inscribe en el Registro Mercantil y dura por tiempo indefinido, salvo que los estatutos fijen un plazo. El consejero delegado es también un administrador y no un apoderado, porque es un miembro del consejo de administración en quien este delega sus facultades.

El poder de representación del administrador no nace de un documento. Se lo da la ley y alcanza a todos los actos comprendidos en el objeto social, que es la actividad de la sociedad según sus estatutos. Cualquier limitación de esas facultades es ineficaz frente a terceros, aunque esté inscrita en el Registro. Por eso a quien contrata con la sociedad le basta, en general, con comprobar en el Registro quién es el administrador y si puede actuar solo.

Hay además funciones que la ley reserva a los administradores y que no pueden encargarse a un apoderado, como convocar la junta, formular las cuentas anuales o certificar los acuerdos de los socios.

El apoderado

El apoderado es alguien de dentro o de fuera de la empresa, como un director, un empleado o un asesor, a quien los administradores dan en nombre de la sociedad un poder ante notario. Sus facultades son las que enumera el poder. Puede ser un poder general, para llevar el negocio o una parte de él, o un poder especial para un acto concreto, como firmar una compraventa.

Los poderes generales se inscriben en el Registro Mercantil, igual que su modificación y su revocación. No es obligatorio inscribir los poderes para pleitos ni los que se dan para actos concretos. Quien contrata con un apoderado sí tiene que comprobar que el poder alcanza a lo que va a firmar, pidiendo la escritura o consultando el Registro. El Código de Comercio protege, con todo, a quien contrata con el gerente que está notoriamente al frente de un negocio, porque lo que este firma dentro de la actividad de la empresa obliga a la sociedad aunque se exceda de sus facultades.

El poder dura, en principio, hasta que se revoca, cosa que el órgano de administración puede hacer en cualquier momento. No se extingue porque cese o muera el administrador que lo firmó, ya que quien lo dio fue la sociedad.

De qué responde cada uno

El administrador está sujeto a los deberes de diligencia y de lealtad que la ley impone al cargo y a un régimen propio de responsabilidad frente a la sociedad, los socios y los acreedores, que es otra cuestión.

El apoderado no tiene ese régimen. Responde ante la sociedad de los perjuicios que le cause por actuar con mala fe, con negligencia o contra las instrucciones recibidas. Lo que firma dentro de su poder obliga a la sociedad y no a él.

Hay dos excepciones. Quien, con un poder amplio o sin ningún título, dirige de hecho la sociedad como si fuera su administrador es para la ley un administrador de hecho y responde como los administradores.

La segunda se da en la sociedad con consejo de administración que no ha delegado sus facultades de forma permanente en un consejero delegado. En ella, quien tiene las facultades de más alta dirección, como un director general con un poder general, queda sujeto a los deberes y a la responsabilidad de los administradores, aunque no lo sea.

Nombrar a alguien apoderado en lugar de administrador no sirve, por tanto, para dirigir una sociedad sin asumir la responsabilidad del cargo.

Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.