¿Quién nombra al administrador concursal?

Lo nombra el juez del concurso, que es el de la sección de lo mercantil del tribunal de instancia, en el mismo auto en el que declara el concurso de acreedores. El deudor y los acreedores no lo eligen, aunque pueden recusarlo si concurre alguna causa legal. El juez lo designa entre los profesionales que figuran en las listas que existen para ello, procurando repartir los nombramientos de forma equitativa, salvo que el concurso exija una experiencia o una formación especiales. Tiene que ser un abogado, un economista, un titulado mercantil o un auditor de cuentas con experiencia y formación en materia concursal, o una sociedad que reúna a un abogado y a uno de esos otros profesionales.

José Manuel Alburquerque

Alburquerque Abogados

Cómo lo elige el juez

El nombramiento forma parte del auto que declara el concurso, que dice también qué facultades tiene el administrador concursal, es decir, si se limita a intervenir los actos del deudor o le sustituye en la gestión de sus bienes. Lo decide el juez de la sección de lo mercantil del tribunal de instancia, que conoce de los concursos de cualquier deudor, sea una sociedad, un autónomo o un particular.

En los juzgados existen listas formadas por los profesionales que han declarado estar disponibles para el cargo y acreditan formación en materia concursal. La regla es que el juez reparta los nombramientos de forma equitativa entre quienes figuran en ellas. Puede apartarse de ese reparto y designar a uno concreto, explicando por qué, cuando el concurso exige una experiencia o unos conocimientos especiales, por ejemplo para asegurar que la actividad de la empresa continúe o por su complejidad.

Por regla general, la administración concursal la forma una sola persona, que tiene que reunir alguna de estas condiciones:

  • Ser abogado en ejercicio, con cinco años de experiencia profesional efectiva y formación especializada en derecho concursal.
  • Ser economista, titulado mercantil o auditor de cuentas, con cinco años de experiencia profesional y especialización demostrable en materia concursal.
  • Ser una sociedad en la que haya, al menos, un abogado en ejercicio y un economista, un titulado mercantil o un auditor de cuentas y que asegure la independencia y la dedicación que exige el cargo.

Quién no puede serlo y cómo se discute el nombramiento

Para asegurar su imparcialidad, la ley impide nombrar, entre otros, a quien haya prestado cualquier clase de servicios profesionales al deudor en los tres años anteriores, a quien haya sido separado de ese cargo en los tres años anteriores y a quien esté inhabilitado. El nombrado tiene cinco días para aceptar y debe tener un seguro de responsabilidad civil o una garantía equivalente. Si no acepta, el juez nombra a otro de inmediato.

Quienes pueden pedir el concurso, como el deudor o cualquier acreedor, pueden recusar al administrador concursal si concurre una de esas causas o alguna de las que permiten recusar a un perito. Hay que hacerlo en cuanto se conoce la causa. Se tramita como un incidente del concurso y, mientras se decide, el recusado sigue actuando. Las resoluciones sobre el nombramiento admiten además recurso de reposición y, después, de apelación, que no suspende el nombramiento.

Hay procedimientos en los que no siempre se nombra administrador concursal. En el concurso sin masa, que es, a grandes rasgos, el del deudor sin bienes suficientes ni para pagar los costes del propio procedimiento, solo se nombra si lo piden acreedores que representen al menos el 5 % de las deudas, con el único fin de que emita un informe. En el procedimiento especial para microempresas, su intervención se limita a algunos casos.

Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.