¿Cómo demandar por competencia desleal?

Con una demanda ante la sección de lo mercantil del tribunal de instancia, que es como se llaman hoy los antiguos juzgados de lo mercantil. En ella se puede pedir que se declare desleal la conducta, que cese o se prohíba, que se eliminen sus efectos y que se indemnicen los daños. La ley exige, en general, intentar un acuerdo antes de demandar. Conviene actuar pronto, porque las acciones prescriben al año de poder ejercitarlas y de saber quién realizó el acto y, en todo caso, a los tres años de que termine la conducta. Se demanda y no se denuncia, porque la denuncia es propia de la vía penal, que solo se abre cuando la conducta es además delito.

José Manuel Alburquerque

Alburquerque Abogados

Lo que se puede pedir

Contra un acto de competencia desleal, la ley permite ejercitar estas acciones:

  • La declarativa, para que el tribunal declare que la conducta es desleal.
  • La de cesación, para que la conducta termine y no se repita, o la de prohibición, si todavía no se ha puesto en práctica.
  • La de remoción, para eliminar los efectos que la conducta haya producido.
  • La de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.
  • La de resarcimiento de los daños y perjuicios, que exige que el demandado haya actuado con dolo o culpa, es decir, de forma intencionada o negligente.
  • La de enriquecimiento injusto, solo cuando la conducta lesiona una posición amparada por un derecho de exclusiva u otra de contenido económico parecido.

Si se estima alguna de las cuatro primeras, el tribunal puede ordenar además que la sentencia se publique a costa del demandado.

Quién demanda, contra quién y dónde

Puede demandar cualquier persona o empresa que participe en el mercado y cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta. La demanda se dirige contra quien la haya realizado u ordenado o haya cooperado en ella. Si la realizaron trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones, las cuatro primeras acciones se dirigen contra la empresa para la que actúan.

Conoce de la demanda la sección de lo mercantil del tribunal de instancia, que por regla general tiene su sede en la capital de la provincia. Corresponde a la del lugar donde el demandado tiene su establecimiento o, si no lo tiene, su domicilio o su residencia. Si no los tiene en España, el demandante puede elegir entre el lugar donde se realizó el acto y aquel donde produce sus efectos. El asunto se tramita por el juicio ordinario, con abogado y procurador, salvo que solo se reclame una cantidad de dinero, caso en el que el tipo de juicio depende del importe.

Lo habitual es empezar con un requerimiento escrito para que la conducta cese. Si además invita de verdad a negociar, puede servir como el intento de acuerdo que la ley exige, en general, antes de demandar. Si el daño no puede esperar, cabe pedir al tribunal medidas cautelares, como el cese provisional de la conducta, que en caso de urgencia pueden solicitarse antes de presentar la demanda. Para esa solicitud urgente no se exige el intento previo de acuerdo.

Los plazos y las otras vías

Las acciones prescriben, es decir, dejan de poder reclamarse, al año desde que pudieron ejercitarse y el perjudicado supo quién había realizado el acto. En cualquier caso, prescriben a los tres años desde que la conducta terminó. El primer plazo es corto, así que conviene no dejar pasar el tiempo desde que se descubren la conducta y su autor.

La competencia desleal entre empresas se reclama por la vía civil. Solo algunas conductas son además delito, como ciertas revelaciones de secretos de empresa. En esos casos cabe la denuncia o la querella, lo que es otra cuestión. Las autoridades de defensa de la competencia solo intervienen cuando el acto desleal falsea la libre competencia y afecta al interés público, algo que normalmente no ocurre en un conflicto entre dos empresas.

Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.