¿Qué deudas no se pueden cancelar con la Ley de Segunda Oportunidad?

La segunda oportunidad cancela, en principio, todas las deudas que quedan sin pagar, pero la Ley Concursal excluye algunas. No se cancelan, entre otras, las pensiones de alimentos, las indemnizaciones que nacen de un delito o de la muerte o los daños personales causados fuera de un contrato, las multas penales, las sanciones administrativas muy graves ni la parte de una deuda con hipoteca que cubre el valor de la garantía. Las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social solo se cancelan hasta un límite y solo la primera vez. El Tribunal Supremo aplica esa misma regla a las deudas con las demás Administraciones. El perdón, además, solo beneficia a quien lo obtiene y no a sus avalistas ni a quienes firmaron la deuda con él.

José Manuel Alburquerque

Alburquerque Abogados

Las deudas que la ley excluye

La exoneración del pasivo insatisfecho, que es el nombre legal de la segunda oportunidad, es decir, el perdón de las deudas que quedan sin pagar, alcanza en principio a todas las deudas de quien la obtiene. La Ley Concursal deja fuera estas:

  • Las deudas por alimentos, como la pensión de alimentos de los hijos.
  • Las indemnizaciones por muerte o por daños personales causados fuera de un contrato y las debidas por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.
  • Las indemnizaciones que nacen de un delito, sea cual sea el daño causado.
  • Las multas impuestas en un proceso penal y las sanciones administrativas por infracciones muy graves.
  • Las deudas de derecho público, como las de Hacienda o la Seguridad Social, salvo la parte limitada que se explica más abajo.
  • Las deudas con hipoteca o con otra garantía sobre un bien, en la parte cubierta por el valor de esa garantía. La ley calcula ese valor sobre el valor razonable del bien, con un descuento del 10 % y restando las deudas que tengan una garantía preferente sobre él. Lo que la deuda supere de esa cifra sí puede cancelarse.
  • Ciertos salarios que el deudor deba a sus trabajadores, con los límites que fija la ley.
  • Las costas y los gastos judiciales de la propia solicitud de exoneración.

Además, el juez puede declarar de forma excepcional que otra deuda no se cancele, en todo o en parte, cuando sea necesario para evitar que el acreedor afectado caiga a su vez en la insolvencia.

Las deudas con Hacienda y la Seguridad Social

La ley solo permite cancelar las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social hasta 10.000 euros con cada una. Los primeros 5.000 euros de deuda se cancelan enteros y, a partir de esa cifra, la mitad de lo que se deba, hasta ese máximo de 10.000 euros perdonados.

El Tribunal Supremo ha interpretado en 2026 que ese límite vale para cada acreedor público, sea cual sea el organismo que recaude la deuda. También ha dicho que los recargos, los intereses y las sanciones que no sean muy graves se cancelan enteros, sin contar para el límite.

Esta parte de la deuda pública solo se cancela la primera vez que se obtiene la segunda oportunidad. Cómo se calcula en cada caso es otra cuestión.

Lo que el perdón no cambia para otros

La exoneración solo beneficia a quien la obtiene. El acreedor conserva sus derechos frente al avalista, frente a quien firmó la deuda con el deudor como deudor solidario y frente a quien hipotecó un bien propio para asegurarla. Si el avalista paga, en general no podrá recuperar del deudor lo que pagó, porque la ley extiende el perdón a ese reembolso.

Las deudas de una sociedad que le reclaman a usted como avalista o como administrador son, a estos efectos, deudas suyas. Algunas situaciones, como que Hacienda le haya derivado las deudas de la sociedad o que el concurso de la sociedad se declarara culpable, tienen reglas propias que pueden incluso impedir la segunda oportunidad, lo que es otra cuestión.

Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.