¿Cuáles son las diferencias entre un árbitro y un juez?
El juez forma parte del poder judicial y las partes no lo eligen. Al árbitro, en cambio, lo eligen las partes o la institución que ellas designan, siempre que las dos hayan pactado el arbitraje. Los árbitros cobran de las partes, el procedimiento es confidencial y suele terminar antes que un pleito con sus recursos. La diferencia de más peso está en lo que pasa después, porque la sentencia del juez se puede recurrir, mientras que el laudo, que es la decisión del árbitro, solo se puede anular por motivos muy limitados, sin revisar si acertó en el fondo. Además, el árbitro no puede imponer por la fuerza lo que decide y, si quien pierde no cumple, hay que pedir al juez que ejecute el laudo.
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Quién decide
Las diferencias empiezan por la persona que resuelve:
- El juez es un profesional de carrera al servicio del Estado. El asunto le llega según las normas que reparten los pleitos entre los juzgados y las partes no pueden escogerlo.
- El árbitro puede ser cualquier persona en pleno ejercicio de sus derechos civiles, sea o no abogado. Lo eligen las partes, directamente o a través de una institución arbitral, que es una entidad que organiza arbitrajes. Salvo pacto en contrario, si decide un solo árbitro aplicando el derecho, tiene que ser jurista y, si son tres o más, al menos uno debe serlo.
Los dos tienen que ser independientes e imparciales. Si no lo son, se les puede recusar, que es pedir que se aparten del asunto.
Como se puede elegir al árbitro, es posible encargar el asunto a alguien que conozca bien la materia, por ejemplo a un ingeniero en un conflicto sobre una obra, dentro de un tribunal de tres árbitros en el que haya un jurista. Pero el arbitraje solo cabe en las materias de las que las partes pueden disponer libremente.
Cómo se decide
El juez sigue el procedimiento que fija la Ley de Enjuiciamiento Civil y los juicios son públicos. En el arbitraje, las partes pueden pactar el procedimiento, el lugar y el idioma. Si no lo hacen, los fija el árbitro, que siempre tiene que tratarlas con igualdad y darles oportunidad suficiente de defenderse. Además, el arbitraje es confidencial.
El juez resuelve aplicando el derecho. El árbitro también, salvo que las partes le autoricen expresamente a decidir en equidad, es decir, según su criterio de lo que es justo. El juez dicta una sentencia y el árbitro, un laudo. La sentencia firme y el laudo producen el efecto de cosa juzgada, que impide volver a pleitear sobre lo mismo.
Qué pasa después
La sentencia de un juez puede recurrirse en muchos casos ante la Audiencia Provincial, que vuelve a examinar el asunto. A veces cabe después un recurso de casación ante el Tribunal Supremo o, si se aplica el derecho civil catalán, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El laudo, en cambio, no tiene apelación. Solo se puede pedir su anulación, en los dos meses siguientes a su notificación, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma donde se dictó. Ese tribunal no revisa si el árbitro acertó, sino si se da alguno de los motivos que la ley prevé, como estos:
- Que no hubiera convenio arbitral o no fuera válido.
- Que una parte no pudiera defenderse, por ejemplo porque no se le notificó el arbitraje.
- Que el árbitro resolviera cuestiones que no se le sometieron o que no se pueden llevar a arbitraje.
- Que el laudo sea contrario al orden público, es decir, a los principios básicos de nuestro sistema jurídico.
El árbitro tampoco puede obligar a cumplir lo que decide. Si quien pierde no cumple, hay que pedir la ejecución a la sección civil del tribunal de instancia del lugar donde se dictó el laudo, que es como se llaman hoy los antiguos juzgados de primera instancia. El laudo se puede ejecutar aunque se haya pedido su anulación.
Esta respuesta tiene una finalidad didáctica y ofrece una primera orientación sobre la cuestión planteada. Cada asunto presenta circunstancias y matices propios que requieren una valoración individual. Por ello, antes de tomar decisiones con consecuencias relevantes, conviene consultar con un profesional y no basarse únicamente en esta información. El asesoramiento personalizado permite aplicar estas explicaciones al caso concreto y valorar las opciones disponibles con mayor seguridad.