Publicaciones

Novedad legislativa

Novedades en materia de arrendamientos urbanos introducidas por el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre

El Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, en vigor desde el 8 de octubre de 2026, reforma la Ley de Arrendamientos Urbanos y añade otras medidas sobre el alquiler de vivienda. La reforma regula por primera vez el alquiler de temporada, que pasa a llamarse arrendamiento de vivienda temporal y que solo se admite cuando existe una causa real que justifique la temporalidad. Da entrada en la ley al alquiler por habitaciones y fija la duración máxima de los pisos turísticos. Refuerza la posición del inquilino en materia de gastos, garantías, reparaciones, desistimiento y derecho de compra preferente. Fuera de la ley de arrendamientos, el real decreto-ley permite a los inquilinos pedir una prórroga extraordinaria de hasta dos años y limita las subidas de renta hasta finales de 2027. En este artículo explicamos cada una de estas novedades, a quién afectan y qué ocurre con los contratos ya firmados.
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Arrendamientos urbanos

El terremoto jurisprudencial de 2026 sobre el Registro Único de Arrendamientos de corta duración

Las sentencias del Tribunal Supremo de mayo y junio de 2026 han anulado los elementos esenciales del procedimiento de Registro Único de Arrendamientos de corta duración previsto en el Real Decreto 1312/2024, desactivando la inscripción obligatoria en los Registros de la Propiedad y de Bienes Muebles como condición para ofertar alquileres de corta duración. Tras este “terremoto jurisprudencial”, subsisten la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos y las obligaciones de transmisión de datos con fines estadísticos y de coordinación, pero desaparece el núcleo registral civil‑administrativo. Este trabajo analiza qué queda del Registro Único después de las sentencias y cómo se conecta con el modelo catalán, donde ya existía una fuerte regulación administrativa y comunitaria del alquiler turístico.
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Litigación

MASC y desahucio: criterios jurisprudenciales sobre el contenido, la forma y el plazo

Desde el 3 de abril de 2025, la Ley Orgánica 1/2025 ha introducido, con carácter general, un requisito de procedibilidad consistente en la realización previa de una actividad negociadora o de un medio adecuado de solución de controversias en los procesos declarativos civiles. En materia de arrendamientos urbanos, esta exigencia ha generado problemas prácticos relevantes: identidad entre la reclamación extrajudicial y la demanda, acreditación del intento negociador, relación con el requerimiento que impide la enervación, articulación en las reclamaciones de rentas y en los desahucios por expiración del plazo contractual. En Cataluña, algunos órganos judiciales, como la Sección Civil de la Audiencia Provincial de Girona, han comenzado a perfilar criterios sobre el contenido, la forma y el plazo del MASC exigible en los desahucios, configurando un nuevo mapa de presupuestos procesales de las acciones arrendaticias.
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Asunto relevante

Lo que se calló en el primer pleito ya no se puede alegar en el segundo. Cosa juzgada y preclusión frente a la reapertura de un acuerdo comunitario

Una sociedad propietaria de una vivienda quiso discutir por segunda vez, nueve años después, si la prohibición estatutaria de uso turístico de su edificio le era aplicable. Lo intentó con un envoltorio nuevo, impugnando lo que se había dicho en una junta posterior y apoyándose en una sentencia administrativa que había obtenido entre medias. El juzgado apreció la excepción de cosa juzgada que planteó este despacho de abogados de Barcelona en defensa de la comunidad de propietarios, acordó el sobreseimiento del procedimiento en la propia audiencia previa e impuso las costas a la demandante. El pleito terminó sin juicio.
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Responsabilidad civil

¿Hasta dónde puede limitar un profesional su propia responsabilidad? Cláusulas de exoneración, honorarios y autonomía de la voluntad tras la STS 949/2026

La Sentencia del Tribunal Supremo 949/2026, de 18 de junio, analiza un contrato de servicios profesionales de un despacho de abogados que limitaba la responsabilidad máxima del profesional al importe de los honorarios percibidos. La Sala declara la nulidad de la cláusula, no por tratarse de condiciones generales frente a un consumidor, sino por su incompatibilidad con los principios estructurales del contrato y con la función indemnizatoria de la responsabilidad contractual, incluso en un contexto de contratación profesional negociada. El Tribunal cuestiona que el propio prestador pueda determinar indirectamente su techo de responsabilidad mediante los honorarios, que la limitación opere con independencia de la gravedad del incumplimiento y que pueda llegar a vaciar de contenido la obligación de indemnizar. Aunque el caso se refiere a abogados, la doctrina es proyectable a auditores, asesores fiscales, ingenieros, consultores y otros prestadores de servicios profesionales.
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Herencias y sucesiones

Herencias, dependencia e influencia indebida. Quién puede ser favorecido en testamento tras la Ley catalana 13/2026

La Ley 13/2026 introduce una reforma de gran alcance en el régimen de inhabilidad sucesoria del Código Civil de Cataluña, modificando el artículo 412‑5 para contemplar expresamente la posición de quienes han ejercido apoyos formalizados de carácter representativo y reforzar las cautelas respecto de cuidadores, residencias y prestadores de servicios asistenciales favorecidos por el causante. Esta reforma se sitúa en la confluencia entre el nuevo modelo de apoyos a la capacidad, la protección frente a la influencia indebida y la necesidad de preservar la libertad de testar de personas mayores o en situación de dependencia. Para la práctica privada, el impacto es inmediato en testamentos otorgados por personas que viven en residencias, reciben cuidados particulares o cuentan con asistentes, y abre un campo de litigiosidad potencial en torno a conflictos de intereses, rendición de cuentas y impugnación por legitimarios.
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Insolvencia y concursal

¿Puede imponerse una reestructuración a quien vota en contra? El arrastre de acreedores y socios

Una de las características más relevantes del nuevo sistema de reestructuración introducido por la Ley 16/2022 y por la Directiva (UE) 2019/1023 es la posibilidad de que, bajo determinadas condiciones, un plan homologado afecte a acreedores que no lo han apoyado e incluso, en ciertos supuestos, a clases enteras de acreedores o a los propios socios. Este arrastre, conocido en la terminología anglosajona como cram-down o cross-class cram-down, no significa que una mayoría pueda imponer libremente cualquier solución. Está condicionado por la correcta formación de clases, por la valoración de la empresa, por el tratamiento de los acreedores disidentes y por la comparación con la alternativa concursal. Entender estos elementos es esencial para comprender cómo se articula el poder de decisión en una reestructuración y qué límites jurídicos tiene la imposición de sacrificios a quienes votan en contra.
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Inmobiliario

Licencias de viviendas de uso turístico en Cataluña después de la STC 64/2025

El Decreto‑ley catalán 3/2023 sometió la explotación de viviendas de uso turístico en 262 municipios a licencia urbanística previa, con licencias de cinco años prorrogables y un máximo legal de diez viviendas de uso turístico por cada cien habitantes. La STC 64/2025, de 13 de marzo, desestimó íntegramente el recurso de inconstitucionalidad y consideró que estas restricciones delimitan la función social de la propiedad, en lugar de constituir una privación expropiatoria. Este nuevo paradigma plantea con especial intensidad la cuestión de si existe un derecho adquirido a explotar turísticamente una vivienda y obliga a conectar el régimen de propiedad horizontal, el urbanismo y el derecho de propiedad en Cataluña.
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Mercantil y societario

Consejos de administración y representación equilibrada: cómo afectan las nuevas exigencias a la organización societaria

Las exigencias de representación equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de administración han dejado de ser una recomendación de buen gobierno para convertirse, en determinados casos, en un mandato legal. La Ley de Sociedades de Capital impone a las sociedades cotizadas y, por remisión, a ciertas entidades de interés público, la obligación de asegurar que el consejo tenga una composición que garantice la presencia, como mínimo, de un cuarenta por ciento de personas del sexo menos representado. Más allá del dato porcentual, estas exigencias impactan directamente en la organización societaria: condicionan la planificación de nombramientos y renovaciones, obligan a revisar los procedimientos de selección, exigen una documentación más cuidadosa de las decisiones y refuerzan la dimensión de gobierno corporativo del consejo y de la alta dirección.
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Propiedad horizontal

Viviendas turísticas y comunidades de propietarios en Cataluña: mayoría de cuatro quintos, derechos adquiridos y eficacia de las prohibiciones estatutarias

La prohibición comunitaria del uso turístico de los elementos privativos se ha convertido en uno de los temas centrales de la propiedad horizontal catalana. El régimen del Código Civil de Cataluña, que permite aprobar estas prohibiciones por mayoría de cuatro quintos, se ha consolidado frente al modelo estatal del art. 17.12 LPH. La jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y las resoluciones recientes de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública han perfilado cuestiones clave como la inscripción registral, la irretroactividad de las limitaciones y la protección de los derechos adquiridos de quienes ya ejercían la actividad turística. Este trabajo analiza, con enfoque práctico, la mayoría exigida, la eficacia frente a terceros, la distinción entre propietarios anteriores y posteriores al acuerdo y el papel de la calificación registral.
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Derecho de seguros

Inteligencia artificial y seguros en 2026: tarificación, discriminación algorítmica y nuevas obligaciones regulatorias

La entrada en aplicación general del Reglamento europeo de Inteligencia Artificial el 2 de agosto de 2026 marca un punto de inflexión en el uso de sistemas algorítmicos en la contratación y tarificación de seguros, especialmente en vida y salud. Estos sistemas se consideran de alto riesgo y quedan sometidos a requisitos estrictos de gobernanza, calidad de datos, transparencia, supervisión humana y ciberseguridad, aunque parte de las obligaciones para los sistemas del anexo III se ha aplazado hasta el 2 de diciembre de 2027. El marco se articula además con el RGPD y la Ley Orgánica de protección de datos, y con criterios de EIOPA sobre ética y fiabilidad de la IA, lo que plantea cuestiones muy actuales sobre segmentación del asegurado, explicabilidad de decisiones automatizadas, discriminación algorítmica, rechazo de cobertura y responsabilidad cuando la decisión aseguradora deriva de un algoritmo.
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Mercantil y societario

Acciones con voto múltiple: cuando participación económica y control de la sociedad dejan de coincidir

La evolución reciente del Derecho societario europeo muestra una creciente apertura hacia estructuras de capital que permiten atribuir derechos de voto diferentes a acciones con una participación económica equivalente. Las acciones con voto múltiple, junto con otras técnicas como las acciones sin voto, las limitaciones al derecho de voto, las acciones con derecho de veto o las loyalty shares, permiten desacoplar la propiedad económica del control societario. El problema empresarial que estas estructuras pretenden resolver es claro: ofrecer a fundadores o accionistas de referencia la posibilidad de captar capital en los mercados sin perder de forma inmediata el control de las decisiones estratégicas. Al mismo tiempo, plantean cuestiones delicadas sobre sus límites, la protección del resto de accionistas y el debate más amplio acerca de hasta qué punto capital y poder deben permanecer necesariamente vinculados.
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Fusiones y adquisiciones

Una adquisición puede necesitar varios controles regulatorios antes de poder cerrarse

Una misma adquisición puede estar sujeta de forma simultánea a varios controles públicos antes de poder cerrarse. Más allá del acuerdo entre comprador y vendedor, determinadas operaciones deben superar el control de concentraciones, el régimen de inversiones extranjeras y, en su caso, el nuevo control de subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior. No se trata de regímenes alternativos, sino acumulativos y con lógicas distintas. El resultado práctico es que una compraventa puede estar perfectamente pactada entre las partes y, sin embargo, no poder ejecutarse hasta que se hayan obtenido determinadas autorizaciones o hayan concluido los procedimientos regulatorios correspondientes. Integrar estos controles en la estructura contractual desde el inicio es esencial para gestionar plazos, riesgos y, en último término, la propia viabilidad de la operación.
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Herencias y sucesiones

Testar con apoyos: la nueva capacidad testamentaria en Cataluña tras la Ley 13/2026

La Ley 13/2026, de 3 de agosto, supone una reforma de gran calado del libro IV del Código Civil de Cataluña en materia de sucesiones, con entrada en vigor prevista para el 4 de febrero de 2027. El eje de la reforma es la redefinición de la capacidad para testar en torno a la capacidad natural en el momento del otorgamiento, la adaptación del juicio notarial de capacidad a un modelo de apoyos y la regulación específica del testamento de personas con discapacidad sensorial. La reforma se inserta en el proceso general de adecuación del derecho civil catalán al nuevo paradigma de la discapacidad, centrado en la autonomía, los apoyos y la accesibilidad, y plantea cuestiones relevantes sobre la distinción entre capacidad natural y capacidad jurídica, la intervención de facultativos, la impugnación posterior del testamento, la influencia indebida y la responsabilidad notarial.
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Procesos y gestión en masa

Inteligencia artificial y gestión jurídica en masa: qué puede automatizarse y qué debe seguir decidiendo un abogado

La inteligencia artificial puede mejorar sustancialmente la gestión de grandes volúmenes de documentos y expedientes, pero su utilidad depende de distinguir entre automatizar tareas y delegar decisiones jurídicas. Clasificar información, detectar incidencias o preparar borradores puede aportar eficiencia; valorar la prueba, asumir riesgos o definir una estrategia continúa exigiendo supervisión y criterio profesional.
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Fusiones y adquisiciones

Qué debe descubrir realmente una due diligence antes de comprar una empresa

La due diligence en una compraventa de empresa no debería concebirse como una mera acumulación de documentación y hallazgos, sino como un instrumento de decisión. Su función es identificar qué riesgos pueden alterar el precio, condicionar la estructura de la operación o incluso desaconsejarla. La utilidad del ejercicio no reside en detectar el mayor número posible de incidencias, sino en distinguir cuáles son relevantes para la operación y en traducirlas en decisiones concretas sobre la estructura de la compraventa, las condiciones suspensivas, las manifestaciones y garantías, las indemnizaciones y las retenciones de precio. Una due diligence verdaderamente útil es la que conecta el análisis técnico con el diseño contractual.
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Arrendamientos urbanos

Contención de rentas en 2026: cómo se determina realmente la renta máxima en las zonas tensionadas catalanas

La aplicación combinada de la Ley 12/2023, la Ley de Arrendamientos Urbanos y la normativa catalana de vivienda ha configurado en Cataluña un sistema complejo de determinación de la renta inicial en zonas de mercado residencial tensionado. La renta máxima depende de la existencia o no de contrato previo en los últimos cinco años, de la condición de gran tenedor, del índice estatal de referencia y de las excepciones por obras de mejora o contratos de larga duración. Este trabajo expone, con enfoque práctico, cómo se determina la renta inicial en 2026 en Cataluña, abordando supuestos como contratos sin arrendamiento previo, repercusión de gastos, obras de mejora, viviendas previamente arrendadas por habitaciones y cambios de superficie o condiciones.
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Procesos y gestión en masa

Reclamaciones masivas y acciones colectivas: dos formas distintas de afrontar un mismo problema jurídico

Que cientos o miles de personas se vean afectadas por un mismo problema no significa necesariamente que exista una única controversia colectiva. Identificar qué cuestiones son comunes y cuáles necesitan un análisis individual resulta esencial para decidir entre una gestión coordinada de reclamaciones, una estrategia colectiva o una combinación de ambas.
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Arrendamientos urbanos

El nuevo régimen catalán del alquiler temporal y por habitaciones: fraude de ley, contención de rentas y límites competenciales

Las Leyes catalanas 11/2025 y 11/2026 reconfiguran el arrendamiento de temporada y por habitaciones, conectándolos con la contención de rentas y la noción de “vivienda permanente”. Este trabajo analiza los nuevos arts. 66 bis y 66 ter —de la primera— y 66 quater y 66 quinquies —de la segunda— de la Ley 18/2007, su interacción con la LAU y el Código Civil y los problemas competenciales que plantean, en torno a la causa de temporalidad, la carga de la prueba, la concatenación de contratos y los efectos civiles de una eventual inconstitucionalidad.
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Derecho administrativo

Trabajos encargados sin contrato válido: qué puede cobrar el contratista de la Administración

La contratación irregular por parte de Administraciones Públicas, especialmente mediante encargos verbales o contratos nulos por infracción de la normativa de contratación, plantea un conflicto clásico entre la interdicción de la contratación al margen de la ley y la necesidad de evitar el enriquecimiento injusto de la Administración que ha recibido y aprovechado la prestación. La Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2026, Sección Cuarta, recurso de casación 9117/2024, delimita con precisión la compensación procedente en estos supuestos: el contratista puede recuperar el coste efectivo de la prestación, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido que no haya podido recuperar, pero no los gastos generales ni el beneficio industrial propios de un contrato válidamente adjudicado. Además, no se aplica automáticamente el régimen de intereses de demora de la Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, sino el interés legal previsto en la Ley General Presupuestaria. La cuestión resulta especialmente relevante para contratistas municipales y entidades públicas que, en la práctica, siguen recibiendo trabajos sin cobertura contractual adecuada.
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Responsabilidad civil

Más allá de los plazos de la LOE: responsabilidad contractual de arquitectos y legitimación de las comunidades tras la STS 860/2026

La Sentencia del Tribunal Supremo 860/2026, de 4 de junio, aborda un supuesto en el que una comunidad de propietarios ejercita conjuntamente acciones de responsabilidad decenal de la Ley de Ordenación de la Edificación y acciones contractuales del artículo 1101 del Código Civil contra arquitecto superior y arquitecto técnico. Las acciones LOE contra los técnicos estaban prescritas, pero el Tribunal Supremo confirma que ello no elimina necesariamente la vía contractual y reconoce la legitimación de la comunidad para ejercitar las acciones que originariamente correspondían a la cooperativa promotora. La resolución relativiza el obstáculo del artículo 1257 CC frente a adquirentes sucesivos y comunidades de propietarios y permite aclarar la diferencia entre plazos de garantía de la LOE, prescripción del artículo 18 LOE y prescripción de la acción contractual.
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Derecho administrativo

Notificaciones electrónicas administrativas: cómo se cuentan los diez días para entenderlas rechazadas

La generalización de las notificaciones electrónicas ha convertido el cómputo de plazos en un elemento crítico de la relación entre ciudadanos, empresas y Administraciones Públicas. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece en su artículo 43.2 que, cuando la notificación electrónica sea obligatoria o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición sin que se acceda a su contenido. La Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2026, en línea con la crónica oficial de la Sala para el bienio 2025–2026, aclara por primera vez que esos diez días naturales se cuentan desde el día siguiente a aquel en que la notificación se pone a disposición del interesado en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única. Transcurrido el plazo sin acceso, la notificación se entiende rechazada y comienzan a computarse los plazos de recurso. La decisión tiene consecuencias directas para empresas, profesionales y ciudadanos obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración y refuerza la importancia de controlar regularmente los buzones electrónicos.
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Fusiones y adquisiciones

Comprar una empresa en España siendo inversor extranjero: cuando la operación necesita autorización administrativa

No todas las adquisiciones de empresas en España pueden tratarse como operaciones puramente privadas entre comprador y vendedor. La identidad del inversor, su país de residencia o de titularidad real, el sector de actividad de la empresa objetivo, la naturaleza de los activos adquiridos y el grado de control que se pretende ejercer pueden activar mecanismos de supervisión y autorización previa de inversiones exteriores. La Ley 19/2003 sobre movimientos de capitales y su desarrollo reglamentario, junto con regímenes sectoriales específicos, han configurado un sistema en el que determinadas inversiones extranjeras directas quedan sometidas a suspensión del régimen de liberalización y a autorización administrativa. Detectar esta cuestión en la fase inicial de la operación es esencial, porque puede condicionar el signing, el closing, las condiciones suspensivas y las obligaciones de cooperación entre las partes.
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Fiscal

Venta de la antigua vivienda tras una separación: cuándo se mantiene la exención por reinversión en el IRPF

La transmisión de la vivienda familiar tras una separación, divorcio o nulidad plantea un problema recurrente en el IRPF: ¿puede el cónyuge que tuvo que abandonar el domicilio seguir beneficiándose de la exención por reinversión en vivienda habitual prevista en el artículo 38 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuando vende su parte y adquiere una nueva vivienda? La Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2026, Sección Segunda, recurso de casación 6833/2024, confirma y consolida la doctrina iniciada por la STS 553/2023, de 5 de mayo, y responde afirmativamente: el cónyuge que abandona la vivienda por imperativo de una resolución judicial puede cumplir el requisito de ocupación exigido para la exención cuando el otro cónyuge y los hijos comunes han seguido residiendo en ella. La clave está en la interpretación sistemática del concepto de vivienda habitual del artículo 41 bis del Reglamento del IRPF, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y en la consideración de la vivienda familiar como unidad de referencia.
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Procesos y gestión en masa

Gestión jurídica en masa: tecnología, trazabilidad y control de grandes volúmenes de procedimientos

Gestionar grandes carteras jurídicas exige poder conocer tanto la situación global de los asuntos como la historia precisa de cada expediente. La tecnología permite automatizar tareas y controlar grandes volúmenes, pero solo una correcta estructuración de la información, unida a la supervisión profesional, garantiza trazabilidad, coherencia y verdadero control jurídico.
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Fiscal

Retribución de administradores: una irregularidad mercantil no convierte automáticamente el gasto en no deducible

La deducibilidad fiscal de las retribuciones de administradores ha sido tradicionalmente un terreno de fricción entre sociedades y Administración tributaria, especialmente cuando la remuneración no se ajusta de forma estricta a las exigencias de la Ley de Sociedades de Capital. La Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2026 (Sala de lo Contencioso‑Administrativo, Sección Segunda, recurso de casación 8019/2023) consolida la doctrina iniciada por la STS 1053/2024, de 13 de junio, y aclara que una irregularidad mercantil, como la falta de aprobación por la junta general del importe máximo de la remuneración anual de los administradores, no basta por sí sola para convertir el gasto en no deducible al amparo del artículo 15.f de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades. Cuando los servicios son reales, la remuneración ha sido satisfecha y contabilizada y existe correlación con la actividad empresarial, la Administración no puede negar la deducción simplemente invocando un incumplimiento formal societario. La cuestión pasa a ser qué debe documentar la sociedad para acreditar la realidad y necesidad del gasto y en qué supuestos la Administración todavía puede rechazarlo legítimamente.
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Insolvencia y concursal

No todos los acreedores pueden agruparse como convenga: la formación de clases en los planes de reestructuración

La formación de clases de acreedores en un plan de reestructuración no es una cuestión formal ni un ejercicio de ingeniería al servicio del deudor. Es una decisión central que determina cómo se reparte el poder de voto entre los distintos grupos de acreedores, qué mayorías son necesarias para aprobar el plan y, en última instancia, si el plan podrá ser homologado judicialmente y resistir impugnaciones. El texto refundido de la Ley Concursal, tras la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023, ha incorporado una regulación detallada de la formación de clases, basada en la existencia de un interés común dentro de cada clase y en criterios objetivos de rango y naturaleza del crédito. Entender esta lógica es esencial para diseñar planes viables y para evitar que una clasificación incorrecta comprometa su homologación.
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Fusiones y adquisiciones

Cómo está cambiando el control de concentraciones y qué puede significar para una operación de M&A

El control de concentraciones ha dejado de ser un ejercicio casi mecánico de comparación de cuotas de mercado para convertirse en un análisis mucho más sofisticado sobre cómo una operación puede alterar la competencia futura. La normativa de defensa de la competencia sigue partiendo de umbrales de volumen de negocios y de cuotas, pero las autoridades han ampliado el foco hacia cuestiones como la competencia potencial, la innovación, el acceso a activos estratégicos, los efectos en mercados relacionados y la capacidad de una adquisición para modificar la estructura competitiva a medio y largo plazo. Para compradores y vendedores, identificar el riesgo de competencia en una fase temprana ya no es un formalismo: puede condicionar el calendario, la documentación contractual, la asignación de riesgos y, en último término, la propia viabilidad de la operación.
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Derecho administrativo

La comunicación previa permite iniciar la actividad, pero no es una autorización administrativa

La generalización de la comunicación previa y de la declaración responsable como instrumentos sustitutivos de licencias ha transformado la forma en que ciudadanos y empresas se relacionan con las Administraciones. Sin embargo, esta transformación ha generado también confusiones sobre la naturaleza jurídica de estos instrumentos y sobre su control contencioso. La Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2026, Sección Quinta, recurso de casación 2290/2023, precisa que una comunicación previa no es un acto administrativo recurrible como si fuera una licencia. Es una declaración del particular a la que la ley atribuye eficacia habilitante para iniciar la actividad o ejercer el derecho desde el día de su presentación, sin perjuicio de las posteriores potestades de comprobación, inspección y reacción de la Administración. Si se detectan falsedades, omisiones o incumplimientos, será el acto administrativo posterior –de ineficacia, suspensión, clausura o sanción– el que podrá impugnarse. La doctrina tiene consecuencias relevantes para aperturas de establecimientos, actividades económicas, titulares de inmuebles, ayuntamientos y terceros afectados.
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Responsabilidad civil

Obra inacabada, responsabilidad intacta: la responsabilidad del arquitecto antes de la recepción tras la STS 643/2026

La Sentencia del Tribunal Supremo 643/2026, de 28 de abril, aborda un supuesto de vivienda unifamiliar cuya obra quedó inacabada y nunca llegó a ser formalmente recibida conforme al artículo 6 de la Ley de Ordenación de la Edificación. Pese a ello, el arquitecto había incurrido en errores de proyecto y de dirección facultativa y había suscrito un certificado final de obra que no se correspondía con la realidad. El Tribunal Supremo rechaza que la falta de terminación y recepción pueda servir al arquitecto para eludir su responsabilidad, subrayando que la LOE regula el proceso de edificación y las obligaciones profesionales que se desarrollan durante él. La resolución permite analizar la recepción de la obra, el certificado final, los errores de proyecto y dirección, la diferencia entre responsabilidad LOE y contractual y el principio de que nadie puede beneficiarse de su propio incumplimiento, con especial interés en el contexto catalán.
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Herencias y sucesiones

Herencias internacionales en 2026: residencia habitual, professio iuris y prueba del Derecho extranjero

Las sucesiones internacionales se han convertido en un terreno de alta complejidad técnica en 2026. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia Isergartler, C‑618/24, de 26 de marzo de 2026, ha vuelto a interpretar de forma amplia el concepto de sucesión del Reglamento (UE) 650/2012, reforzando su vocación de regulación integral. Paralelamente, una Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 27 de abril de 2026 ha abordado una herencia transfronteriza y ha insistido en la correcta determinación de la residencia habitual del causante, de la ley sucesoria aplicable y de la prueba del Derecho extranjero, distinguiendo cuidadosamente entre certificado sucesorio europeo y certificados sucesorios nacionales. Para Cataluña, la combinación entre Reglamento europeo, nacionalidad extranjera, residencia en Cataluña y vecindad civil catalana añade un nivel adicional de complejidad.
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Arrendamientos urbanos

IRAV, índice de referencia y renta anterior: tres conceptos distintos para calcular el alquiler en Cataluña

Desde enero de 2025 coexisten en el ordenamiento español dos instrumentos que inciden sobre el precio del alquiler de vivienda y que se confunden con frecuencia en la práctica: el índice de referencia para la actualización anual de la renta, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, y el sistema estatal de índices de precios de referencia utilizado para fijar la renta inicial máxima en zonas de mercado residencial tensionado. A ellos se suma, en Cataluña, la referencia de la renta anterior de los últimos cinco años como límite específico en zonas tensionadas. Este trabajo distingue conceptualmente el índice de actualización anual, el índice estatal de referencia y la renta anterior, y analiza su interacción práctica en la determinación del alquiler en Cataluña.
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Derecho administrativo

Nuevos desarrollos urbanísticos y disponibilidad de agua: cuándo puede anularse el planeamiento

La expansión urbanística ya no se mide solo en metros cuadrados de suelo clasificado, sino también en metros cúbicos de agua jurídicamente disponible. La Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 15 de abril de 2026, Sección Quinta, recurso de casación 9014/2023, fija con claridad que la creación de nuevos ámbitos urbanísticos obliga a comprobar la suficiencia y la disponibilidad jurídica de los recursos hídricos, aunque el municipio esté perdiendo población. El informe vinculante del organismo de cuenca no puede omitirse ni vaciarse de contenido cuando el desarrollo generará nuevas demandas de agua, y su incumplimiento puede conducir a la nulidad del planeamiento. La sentencia también admite limitar la nulidad a sectores concretos cuando el vicio pueda individualizarse sin afectar a la coherencia del resto del plan. La doctrina interesa directamente a promotores, propietarios, ayuntamientos y operadores que intervienen en la preparación o impugnación del planeamiento.
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Derecho de seguros

Periodos de carencia y cláusulas sorpresivas en el seguro de vida: hasta dónde alcanza el art. 3 LCS tras la STS 531/2026

La Sentencia del Tribunal Supremo 531/2026, de 9 de abril, califica como cláusula limitativa de los derechos del asegurado una estipulación de carencia de 90 días para la cobertura de infarto de miocardio en un seguro de vida, al considerarla sorpresiva respecto de una cobertura expresamente contratada. Al ser limitativa, la cláusula debe cumplir las exigencias del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro: especial destaque y aceptación específica por escrito. La resolución ofrece una ocasión idónea para revisar la frontera entre cláusulas delimitadoras, limitativas y lesivas, uno de los principales focos de litigación en el ámbito asegurador.
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Responsabilidad civil

Responsabilidad notarial en Cataluña: Código Civil, CCCat y prescripción después de la STS 506/2026

La Sentencia del Tribunal Supremo 506/2026, de 7 de abril, aborda de forma directa qué régimen de prescripción se aplica a una acción de responsabilidad contractual contra un notario por una escritura otorgada en Cataluña. La Audiencia Provincial había considerado aplicable el plazo de diez años del Código Civil de Cataluña para las acciones personales, pero el Tribunal Supremo revoca este planteamiento y concluye que debe aplicarse el Código Civil estatal. El razonamiento se apoya en que la responsabilidad notarial está vinculada a la ordenación de los instrumentos públicos, materia de competencia exclusiva del Estado, y en la necesidad de una respuesta uniforme con independencia del distrito notarial en que se produzca la actuación negligente.
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Derecho civil patrimonial

Incumplir no siempre permite resolver: incumplimiento esencial, artículo 1124 CC y consecuencias de la resolución contractual

El artículo 1124 del Código Civil consagra la facultad de resolver las obligaciones recíprocas en caso de incumplimiento, pero no todo incumplimiento legitima la resolución. Es necesario un incumplimiento grave o esencial que frustre la finalidad del contrato. La parte cumplidora puede optar entre exigir el cumplimiento o la resolución, en ambos casos con derecho a daños e intereses. La resolución despliega importantes consecuencias patrimoniales, como la restitución de prestaciones, intereses, frutos, daño emergente y lucro cesante, que pueden interactuar con cláusulas penales y con la retención de cantidades entregadas. La jurisprudencia reciente, incluida la STS 489/2026, muestra la relevancia práctica de estas cuestiones en controversias sobre resolución por incumplimiento y cláusulas de retención de pagos en contratos de obra y compraventa.
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Fiscal

Factura electrónica B2B y VERI*FACTU: dos obligaciones distintas que las empresas no deben confundir

El sistema español de factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales y el régimen de sistemas informáticos de facturación VERIFACTU comparten protagonistas –empresas, facturas y Agencia Tributaria– pero responden a lógicas distintas y se apoyan en normas diferentes. El Real Decreto 238/2026 ha definido el marco de la factura electrónica B2B, desarrollando el artículo 12 de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, mientras que el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, y su modificación por el Real Decreto‑ley 15/2025, de 2 de diciembre, regulan los requisitos de los sistemas y programas informáticos de facturación y la estandarización de formatos de registros de facturación, incluido el sistema VERIFACTU. Son dos obligaciones que se solapan en el tiempo y en los sujetos, pero que no deben confundirse: una afecta a cómo se emiten, envían y reciben las facturas entre empresarios y profesionales; la otra a cómo se generan, registran y, en su caso, se remiten a la AEAT los datos de facturación.
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Mercantil y societario

Cuando una sociedad entra en dificultades: cómo cambia la posición del órgano de administración

Las dificultades financieras de una sociedad no son solo un problema económico. A partir de cierto punto, activan deberes jurídicos específicos del órgano de administración y modifican de forma sustancial su posición. La relación entre pérdidas, tensiones de tesorería, causa de disolución, probabilidad de insolvencia e insolvencia propiamente dicha marca distintos umbrales de actuación. La Ley de Sociedades de Capital y la Ley Concursal imponen deberes de convocatoria de junta, de promoción de la disolución o de solicitud de concurso, y el régimen de reestructuración preventiva introduce la probabilidad de insolvencia como categoría propia. La correcta documentación de las decisiones del órgano de administración y la actuación temprana amplían las alternativas para preservar la empresa y reducen de forma significativa los riesgos de responsabilidad.
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Insolvencia y concursal

La nueva armonización europea de la insolvencia: hacia dónde se dirige el Derecho concursal

La insolvencia ha dejado de ser un fenómeno estrictamente nacional. Desde el Reglamento (UE) 2015/848 sobre procedimientos de insolvencia, que armoniza competencia judicial, reconocimiento y ley aplicable, hasta la Directiva (UE) 2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, la Unión Europea ha ido construyendo un “derecho de la crisis” común. La nueva directiva aprobada en 2026, orientada a armonizar determinados aspectos sustantivos de los procedimientos de insolvencia, no parte de cero: se apoya en este entramado previo y lo extiende a materias como acciones rescisorias, localización de activos, pre-pack, deberes de administradores o intervención de acreedores. Más que un comentario artículo por artículo, interesa entender qué pretende aproximar Europa, qué materias pueden verse afectadas en los próximos años y por qué estas cuestiones forman parte de una tendencia hacia sistemas concursales europeos cada vez más conectados.
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Derecho civil patrimonial

Propiedad, posesión y paso del tiempo: reivindicación, usucapión y retraso desleal tras la STS 386/2026

La tensión entre propiedad y posesión es uno de los ejes centrales del Derecho civil patrimonial. La acción reivindicatoria permite al propietario recuperar la cosa frente al poseedor sin título, pero el paso del tiempo puede consolidar la posición del poseedor mediante la usucapión y, en ciertos casos, la inactividad prolongada del titular puede ser valorada a través de la doctrina del retraso desleal. La Sentencia del Tribunal Supremo 386/2026, de 11 de marzo, relativa al Pazo de Meirás, ofrece un marco excepcional para estudiar estos problemas civiles generales: acción reivindicatoria, usucapión extraordinaria, posesión en concepto de dueño, dominio público, posible desafectación tácita, retraso desleal y liquidación del estado posesorio, sin necesidad de centrarse en las circunstancias históricas del caso.
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Responsabilidad civil

Consentimiento informado y pérdida de oportunidad: el nuevo criterio indemnizatorio de la STS 374/2026

La Sentencia del Tribunal Supremo 374/2026, de 10 de marzo, introduce una precisión relevante en la responsabilidad civil médica cuando existe vulneración del consentimiento informado sin mala praxis técnica. En un caso de parto vaginal tras cesárea previa, las instancias habían indemnizado la falta de información como un daño moral autónomo, con cuantías en torno a 10.000 a 15.000 euros, desvinculado del grave daño corporal sufrido por la hija. El Tribunal Supremo corrige este planteamiento y aplica la doctrina de la pérdida de oportunidad, desplazando el foco hacia lo que la paciente habría podido decidir de haber recibido una información completa. La cuantificación pasa a depender de la gravedad del riesgo no informado, de las alternativas terapéuticas, del carácter necesario o voluntario de la medicina y de la probabilidad de que el paciente hubiera rechazado la actuación.
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Arrendamientos urbanos

La nueva “policía administrativa” de la renta en Cataluña: sanciones, publicidad, prueba e inspección tras los Decretos‑ley 1/2025 y 3/2026

Desde 2025 Cataluña ha pasado de un control esencialmente civil de la renta a un sistema de enforcement administrativo intenso sobre el mercado del alquiler. Los Decretos‑ley 1/2025 y 3/2026 refuerzan el régimen sancionador de la Ley 18/2007 y la Ley 13/1996, articulando obligaciones de información, publicidad, documentación y depósito, así como un Registro de grandes tenedores. Este trabajo analiza cómo se prueba y sanciona el sobreprecio, la relación entre sanción administrativa y restitución al arrendatario y el valor probatorio de los datos de INCASÒL.
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Fiscal

¿Puede Hacienda utilizar la tasación hipotecaria para elevar el valor fiscal de un inmueble?

La utilización por la Administración tributaria de la tasación hipotecaria incorporada a la escritura para elevar el valor fiscal de un inmueble ha sido objeto de intensa discusión doctrinal y jurisprudencial. Las Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 23 y 27 de febrero de 2026, en línea con la crónica oficial de la Sala para el bienio 2025–2026, consolidan que, en los supuestos en los que proceda una comprobación de valores, la Administración puede acudir al valor de tasación hipotecaria cuando exista una diferencia relevante con el valor declarado, sin necesidad de acreditar previamente fraude u ocultación. Ahora bien, esa tasación no se convierte en una presunción irrebatible: el contribuyente puede combatirla mediante prueba pericial y, en su caso, a través de la tasación pericial contradictoria prevista en la Ley General Tributaria. La figura debe distinguirse claramente del valor de referencia catastral, que opera como base imponible directa en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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Derecho civil patrimonial

Enriquecimiento injusto en el Derecho civil patrimonial: requisitos, subsidiariedad y prescripción de la acción

La acción de enriquecimiento injusto se ha consolidado como un instrumento transversal del Derecho civil patrimonial para corregir situaciones en las que una persona se enriquece a costa de otra sin causa jurídica que lo justifique y sin que exista una acción específica de restitución. Su configuración exige la concurrencia de enriquecimiento, correlativo empobrecimiento, ausencia de causa y subsidiariedad frente a otras vías, y su delimitación frente al pago de lo indebido, la responsabilidad civil y las acciones contractuales. La STS 271/2026, de 20 de febrero, aporta un elemento de gran actualidad al analizar una acción de enriquecimiento injusto y abordar cuándo un procedimiento penal previo puede interrumpir la prescripción de la posterior acción civil, exigiendo una conexión sustancial entre los hechos investigados penalmente y los que sustentan la reclamación civil.
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Propiedad horizontal

Ascensores, accesibilidad y reparto de gastos: la nueva jurisprudencia del Supremo y su contraste con el CCCat

La instalación de ascensores y las obras de accesibilidad han sido tradicionalmente uno de los focos de conflicto en la propiedad horizontal, tanto por la necesidad de eliminar barreras arquitectónicas como por el reparto de los gastos y las posibles exenciones. La STS 277/2026, de 23 de febrero, ha precisado, bajo la Ley de Propiedad Horizontal estatal, que los acuerdos directamente vinculados a la instalación del ascensor, incluido el reparto de gastos y las exenciones, siguen la misma mayoría exigida para el acuerdo principal, aunque impliquen modificar el título constitutivo o los estatutos. El interés para el derecho catalán reside en analizar si el régimen del Código Civil de Cataluña conduce a una solución equivalente o si exige un tratamiento distinto, a la luz de los arts. 553‑25 y 553‑26 CCCat y de la regulación específica de accesibilidad.
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Derecho de seguros

La fecha del siniestro en los seguros de vida e invalidez: enfermedad, incapacidad y declaración del INSS tras la STS 283/2026

La Sentencia del Tribunal Supremo 283/2026, de 23 de febrero, vuelve sobre una cuestión clave en los seguros de vida con cobertura de invalidez: cuándo debe situarse la fecha del siniestro cuando la enfermedad se manifiesta y se trata durante la vigencia de la póliza, pero la declaración administrativa de incapacidad permanente se produce después de extinguirse el contrato. La Sala considera decisivo que, conforme a la póliza y a las circunstancias médicas, la patología irreversible determinante de la invalidez se hubiera manifestado durante la cobertura, de modo que la posterior resolución del INSS no resulta necesariamente determinante. El criterio tiene un alto potencial litigioso en relación con la vigencia temporal del seguro, el impago de primas, las enfermedades preexistentes, la tensión entre realidad médica y declaración administrativa y los seguros de vida vinculados a préstamos hipotecarios.
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Responsabilidad civil

El dies a quo en la responsabilidad médica: diagnóstico incierto, estabilización de secuelas y prescripción tras la STS 182/2026

La Sentencia del Tribunal Supremo 182/2026, de 10 de febrero, refuerza la doctrina sobre el inicio del cómputo de la prescripción en reclamaciones por negligencia médica cuando el diagnóstico y el alcance de las secuelas son inciertos durante años. En un caso de lesiones neurológicas en una menor, los informes médicos hablaban de diagnóstico “posible”, “probable” o de “sospecha”, y la confirmación definitiva llegó después. El Tribunal insiste en el principio actio nondum nata non praescribitur: la prescripción no comienza hasta que el perjudicado dispone de elementos suficientes para conocer realmente la entidad y el alcance del daño. Además, subraya que quien invoca la prescripción debe acreditar claramente el dies a quo y que las dudas no deben resolverse en perjuicio del perjudicado, lo que adquiere especial relevancia en lesiones neurológicas infantiles, daños evolutivos, secuelas que tardan en estabilizarse y reconocimientos administrativos posteriores de discapacidad.
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Derecho administrativo

Administraciones que deciden mediante algoritmos: qué transparencia exige el caso BOSCO

La progresiva automatización de la actuación administrativa ha situado en primer plano la cuestión de cómo deben explicarse y controlarse las decisiones adoptadas mediante algoritmos. La Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 1119/2025, de 11 de septiembre, conocida como caso BOSCO y destacada en la crónica oficial de la Sala Tercera 2025–2026, fija un hito en esta materia al reconocer que, cuando las Administraciones utilizan sistemas automatizados para conceder derechos o prestaciones sociales, el derecho de acceso a la información pública puede exigir, en determinadas circunstancias, conocer incluso el código fuente del programa. La decisión se apoya en el artículo 105 b) de la Constitución, en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en la regulación de la actuación administrativa automatizada de la Ley 40/2015 y en el marco europeo de protección de datos del Reglamento (UE) 2016/679. La transparencia algorítmica deja de ser una cuestión técnica para convertirse en una exigencia estructural del Estado de Derecho digital.
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Fiscal

Testamento ológrafo e Impuesto sobre Sucesiones: la protocolización notarial no detiene el plazo tributario

El testamento ológrafo es una figura clásica del Derecho civil que exige, para desplegar plenamente sus efectos, un trámite posterior de adveración y protocolización. En la práctica, muchos herederos han entendido que ese trámite “suspende” o desplaza el momento en que nace la obligación de declarar y pagar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2026, Sección Segunda, recurso de casación 1845/2024, corrige de forma clara esa percepción: cuando la protocolización del testamento ológrafo se tramita como jurisdicción voluntaria y no se convierte en un procedimiento contencioso, el impuesto se devenga con el fallecimiento del causante y la posterior protocolización no desplaza por sí misma el inicio del plazo de seis meses para presentar la autoliquidación. La decisión tiene consecuencias prácticas relevantes en términos de recargos, intereses de demora y prescripción, y obliga a distinguir entre una simple tramitación notarial o judicial de jurisdicción voluntaria y una verdadera controversia judicial con efectos suspensivos sobre los plazos.
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Insolvencia y concursal

Vender el negocio antes de destruir su valor: transmisión de unidades productivas en situaciones de insolvencia

La insolvencia de una sociedad no implica necesariamente que su negocio carezca de valor. Una actividad puede ser económicamente viable y, sin embargo, encontrarse atrapada en una estructura financiera que ya no puede sostenerla. El Derecho concursal español ha evolucionado precisamente para permitir que, en estos casos, el negocio se separe de la sociedad insolvente y se transmita como unidad productiva a un tercero, preservando activos, contratos, actividad y, cuando sea posible, puestos de trabajo. La clave está en actuar con suficiente antelación: cuanto más se prolonga el deterioro financiero, más se destruye el valor que podría haberse transmitido.
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Mercantil y societario

Mayorías, vetos y situaciones de bloqueo: cómo repartir el poder entre los socios sin paralizar la sociedad

La distribución del poder en una sociedad de capital no se agota en el porcentaje de capital que ostenta cada socio. El diseño de mayorías reforzadas, materias reservadas, derechos de veto, la composición del órgano de administración y los mecanismos para resolver situaciones de bloqueo condicionan de forma decisiva quién manda realmente y cómo se toman las decisiones. El reto práctico consiste en proteger razonablemente a socios mayoritarios y minoritarios sin construir una arquitectura que haga imposible adoptar acuerdos cuando surgen discrepancias. El Derecho de sociedades ofrece un marco flexible, pero también impone límites para evitar abusos de mayoría y de minoría, y para garantizar la funcionalidad de la persona jurídica.
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Derecho civil patrimonial

El crédito cambia de acreedor, pero ¿cambia la obligación? Cesión de créditos, accesorios y excepciones del deudor

La cesión de créditos es una figura central del Derecho de obligaciones y de la práctica contractual. Permite que un acreedor transmita a un tercero su crédito, con sus garantías y accesorios, sin necesidad de crear una nueva obligación. El Código Civil, a partir de los artículos 1526 y siguientes, y la Ley Hipotecaria, en sus preceptos sobre cesión de créditos hipotecarios, ofrecen el marco básico para analizar qué se transmite con el crédito, qué papel juega el consentimiento y la notificación al deudor, qué efectos tiene el pago al cedente, qué excepciones puede oponer el deudor al cesionario y cómo se articula la compensación. La STS 22/2026, de 14 de enero, vuelve sobre un principio esencial: la cesión no crea una obligación nueva, el cesionario adquiere el mismo crédito, con su identidad y contenido, y el cambio de acreedor no equivale al nacimiento de un crédito diferente. Este principio permite construir una doctrina amplia sobre la identidad de la obligación, la posición del deudor y la diferencia entre cesión, subrogación y novación.
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Asunto relevante

Crónica de un albaceazgo de realización de herencia: legar lo que no se tiene

Hay testamentos que se cumplen firmando una escritura de aceptación de herencia y repartiendo lo que hay. Y hay otros que, para poder cumplirse, exigen antes desmontar la estructura societaria del causante y sacar de dentro de ella los bienes que él había legado a terceros sin ser su dueño. Este es el segundo caso. El despacho actuó como albacea universal de realización de herencia y completó el encargo en poco más de once meses, muy por debajo del plazo que el testador había fijado. Pero el trabajo que hizo posible ese resultado no empezó con la muerte del causante, sino años antes, el día en que se le ayudó a redactar su testamento.
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Fusiones y adquisiciones

El precio de una empresa no siempre puede fijarse al firmar: locked box, cuentas de cierre y earn-outs

En la compraventa de empresas, el precio rara vez es una cifra estática fijada de una vez y para siempre en el momento de la firma. La valoración económica inicial, basada en hipótesis sobre deuda, caja, circulante y resultados, no siempre coincide con el importe que finalmente debe pagar el comprador. Para gestionar esta incertidumbre, la práctica utiliza distintos mecanismos contractuales de determinación y ajuste del precio, entre los que destacan las estructuras locked box, los ajustes mediante cuentas de cierre y los earn-outs. Lo que en apariencia es una cuestión financiera se convierte en una pieza central de la arquitectura contractual de la operación, con implicaciones directas en la asignación de riesgos, en la definición de conceptos económicos y en la potencial litigiosidad posterior.
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Derecho civil patrimonial

¿Qué manda en un contrato: lo escrito o lo que realmente quisieron las partes? Las reglas de interpretación de los arts. 1281 a 1289 CC

La interpretación de los contratos es uno de los núcleos del Derecho patrimonial. Los artículos 1281 a 1289 del Código Civil articulan un sistema que combina el sentido literal de las cláusulas, la intención común de los contratantes, los actos coetáneos y posteriores, la interpretación sistemática del conjunto del contrato, la conservación del negocio, la buena fe y la regla contra quien provocó la oscuridad. La jurisprudencia, y en particular la STS 17/2026, de 14 de enero, ha recordado que la interpretación contractual corresponde esencialmente a los tribunales de instancia y que su revisión en casación es limitada, normalmente solo cuando vulnera las normas legales de interpretación o resulta manifiestamente ilógica, irracional o arbitraria. Esto tiene un impacto forense directo: no basta con discutir qué “quería decir” una cláusula, sino que hay que construir desde primera instancia la prueba sobre negociación, finalidad económica, comunicaciones previas y comportamiento posterior.
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Derecho de seguros

Patinetes, bicicletas eléctricas y seguro obligatorio: el nuevo mapa de la responsabilidad civil de la movilidad personal en 2026

La Ley 5/2025 ha reformado de manera profunda el régimen del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor y ha creado, además, un seguro obligatorio específico para los vehículos personales ligeros, con efectos desde el 2 de enero de 2026. La reforma amplía el concepto legal de vehículo a motor, incorpora los cambios derivados de la Directiva (UE) 2021/2118 y refuerza el sistema de protección de los perjudicados, redefiniendo el papel del Consorcio de Compensación de Seguros. Este nuevo marco tiene un impacto directo sobre patinetes, bicicletas eléctricas y otros medios de micromovilidad, planteando cuestiones prácticas sobre qué vehículos deben asegurarse, la responsabilidad del propietario y del conductor, los accidentes con peatones y la concurrencia con seguros de hogar o de responsabilidad civil familiar.
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Mercantil y societario

Cuando el pacto de socios y los estatutos dicen cosas distintas: qué puede exigirse realmente a los socios

La coexistencia de estatutos sociales y pactos parasociales es una constante en la práctica societaria. Ambos instrumentos pueden regular, a veces de forma divergente, cuestiones esenciales como el ejercicio del voto, la transmisión de participaciones o acciones, la permanencia de los socios, las obligaciones de financiación o los mecanismos de salida. La clave está en entender que los estatutos forman parte del “ordenamiento interno” de la sociedad y son oponibles erga omnes dentro de su perímetro, mientras que el pacto parasocial es un contrato entre socios, válido y eficaz entre las partes, pero no necesariamente frente a la sociedad ni frente a terceros. Una obligación perfectamente válida entre socios no produce por ello los mismos efectos en el plano orgánico o registral. Cuando surge el conflicto, afloran problemas de oponibilidad, de abuso de derecho, de impugnación de acuerdos y de responsabilidad entre socios, lo que hace especialmente relevante decidir desde el inicio qué acuerdos deben permanecer en el pacto y cuáles conviene trasladar a los estatutos.
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Insolvencia y concursal

Probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente e insolvencia actual: por qué actuar a tiempo puede cambiar el resultado

Las empresas rara vez pasan de una situación de normalidad a una imposibilidad súbita de cumplir regularmente sus obligaciones. Entre ambos extremos existen fases diferenciadas que el Derecho concursal reconoce y regula: probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente e insolvencia actual. Cada una de ellas tiene consecuencias jurídicas distintas y abre o cierra alternativas para reestructurar deuda, negociar con acreedores o reorganizar la actividad. La idea central es clara: el Derecho de la crisis no empieza solo cuando la empresa deja de pagar, sino precisamente antes, y actuar en esas fases tempranas puede cambiar de forma decisiva el resultado para la empresa, sus acreedores y sus órganos de administración.
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Litigación

Suspensión de desahucios por vulnerabilidad hasta el 31 de diciembre de 2026: una excepcionalidad que se ha convertido en estructural

El Real Decreto‑ley 16/2025 ha prorrogado nuevamente hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión extraordinaria de determinados procedimientos de desahucio y lanzamiento por vulnerabilidad habitacional, manteniendo al mismo tiempo un régimen de compensación para arrendadores y propietarios cuya solicitud puede formularse hasta el 31 de enero de 2027. Lo que nació como una medida excepcional ligada a la crisis sanitaria y económica se ha convertido en un elemento estructural del sistema de protección de la vivienda, con implicaciones profundas sobre la tutela judicial efectiva, la función social de la propiedad y el equilibrio entre el derecho a la vivienda y el derecho de los propietarios a recuperar la posesión. Este trabajo aborda críticamente seis años de suspensión extraordinaria de lanzamientos, analizando la configuración de la vulnerabilidad, el impacto sobre los procesos de desahucio y la eficacia del régimen de compensación.
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Procesos y gestión en masa

Los MASC en la gestión de reclamaciones en masa: cómo cumplir el requisito de procedibilidad sin convertirlo en un trámite formal

La exigencia de acudir previamente a un medio adecuado de solución de controversias ha introducido una nueva fase en buena parte de las reclamaciones civiles. Cuando se gestionan centenares o miles de expedientes, el reto consiste en sistematizar esa negociación sin vaciarla de contenido, garantizando la trazabilidad, el control de los plazos y el análisis de las particularidades de cada asunto.
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Propiedad horizontal

Propiedad horizontal y movilidad eléctrica: hasta dónde puede llegar una comunidad frente a un punto de recarga privado

La expansión de la movilidad eléctrica ha trasladado al régimen de propiedad horizontal el conflicto entre el derecho individual a instalar puntos de recarga y la protección de los elementos comunes. El Tribunal Supremo, en una sentencia de diciembre de 2025, ha interpretado la Ley de Propiedad Horizontal estatal en el sentido de que la instalación de un cargador en una plaza individual solo requiere comunicación previa a la comunidad, incluso cuando el cable atraviesa elementos comunes, salvo que exista una afectación innecesaria, desproporcionada o perjudicial. En Cataluña, donde rige el Libro quinto del Código Civil de Cataluña, esta solución no puede trasladarse mecánicamente. El interés jurídico reside en comparar el modelo estatal con los arts. 553 y siguientes del CCCat y determinar el alcance del derecho individual a instalar infraestructuras de recarga en el marco de la propiedad horizontal catalana.
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Asunto relevante

Tres instancias para que una renta revisada despliegue efectos desde la fecha pactada: la sentencia no crea el contrato, lo declara

El tribunal de instancia declaró la nulidad del contrato en que se fundaba nuestra demanda y condenó en costas a nuestro cliente. La Audiencia Provincial revocó dicha resolución, declaró la validez del contrato y fijó la renta interesada, pero limitó sus efectos al momento de su propia sentencia, tres años después de la fecha pactada. El Tribunal Supremo, en sentencia de diciembre de 2025, casó la resolución de apelación y estimó íntegramente la demanda, con una precisión de alcance general para las cláusulas de revisión de renta: la sentencia que declara la existencia de un acuerdo no lo constituye, se limita a reconocerlo, y por ello el acuerdo despliega sus efectos desde la fecha fijada por las partes.
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Herencias y sucesiones

¿Puede una convivencia convertir automáticamente al superviviente en heredero? La sucesión intestada de las parejas estables catalanas ante el Tribunal Constitucional

La cuestión de inconstitucionalidad 8613‑2024, admitida por el Tribunal Constitucional y aún en tramitación, ha colocado en el centro del debate los derechos sucesorios intestados de las parejas de hecho catalanas. El modelo del Código Civil de Cataluña configura automáticamente la pareja estable por convivencia y atribuye al conviviente superviviente la condición de heredero ab intestato en defecto de descendientes, equiparándolo al cónyuge viudo. Este artículo analiza el alcance de esa equiparación, los problemas probatorios y de autonomía personal que suscita, el conflicto entre progenitores y conviviente y los posibles efectos de una eventual declaración de inconstitucionalidad sobre sucesiones ya abiertas, en un contexto de alta litigiosidad potencial.
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Litigación

Alquiler social obligatorio en Cataluña después de las SSTC 120/2024 y 25/2025 y de la STS 1086/2025

El régimen catalán de alquiler social obligatorio ha experimentado una transformación profunda tras las sentencias del Tribunal Constitucional 120/2024 y 25/2025 y la sentencia del Tribunal Supremo 1086/2025. El Tribunal Constitucional ha anulado diversos elementos de las reformas catalanas que convertían la oferta de alquiler social en condicionante procesal, por invasión de competencias estatales en materia procesal y de legislación civil, mientras que el Tribunal Supremo ha precisado que el art. 5.2 de la Ley catalana 24/2015 se refiere a ejecución hipotecaria y desahucio por impago, pero no al desahucio por expiración del plazo contractual. El resultado es un modelo en el que subsiste la obligación administrativa de ofrecer alquiler social en determinados supuestos de vulnerabilidad, pero se desvanece su configuración como requisito procesal y se refuerza la necesidad de distinguir entre obligación administrativa, régimen sancionador y efectos sobre los procesos de desahucio.
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Asunto relevante

Adoptio imitatur naturam: la Audiencia de Barcelona admite la adopción de un hijo mayor de edad por quien ejerció de padre desde la primera infancia

La Audiencia Provincial de Barcelona estimó el recurso de apelación interpuesto por este despacho y constituyó la adopción de una persona mayor de edad por quien había sido su padre desde que tenía menos de un año. El Tribunal de Instancia la había denegado por entender que no se cumplía el requisito legal de convivencia ininterrumpida.
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Asunto relevante

Dividir no es repartir la indivisión: una sentencia sobre los límites de la propiedad horizontal como forma de división de la cosa común

Nadie está obligado a permanecer en una comunidad. Ese es el punto de partida del artículo 552-10 del Código Civil de Cataluña y la razón de ser de la acción de división. De ahí se sigue algo que parece obvio pero que en la práctica se discute a menudo, una división que deja a los copropietarios compartiendo de nuevo los bienes resultantes no cumple la finalidad de la acción. La sentencia obtenida por este despacho de abogados de Barcelona lo confirma y declara la finca física y jurídicamente indivisible frente a la oposición del copropietario mayoritario, que pretendía justamente eso.
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